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Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires, Argentina Demetrio Iramain nació en Buenos Aires, en mayo de 1973. Es poeta y periodista. Tiene algunos libros de poemas publicados, otros permanecen inéditos, y algunos textos suyos integran tres antologías poéticas editadas en el país. Dirigió la revista Sueños Compartidos y actualmente, ¡Ni un paso atrás!, ambas de la Asoiación Madres de Plaza de Mayo. Es columnista de Tiempo Argentino y Diario Registrado. En radio, co conduce el programa Pra frente (P’frenchi), en la AM 530, La Voz de las Madres.

viernes, 1 de junio de 2012

Rapsodia en blue

Medios, especuladores y terratenientes

Las movidas en torno al valor del dólar ilegal, sobredimensionadas hasta el grotesco en los diarios, son la continuación de aquello que sucedió a fines de 2009, cuando oposición, intereses financieros y jerarcas mediáticos sintonizaron el mismo libreto y también fueron ‘por todo’.


El capitalismo se viste de democracia en las metrópolis pero se pasea desnudo en las colonias”, dijo Carlos Marx. Para nuestras grandes corporaciones económicas, igual. Sus “colonias” entre los países que quieren ser democracias, son los mercados negros. Allí hacen su agosto en pleno otoño. Su hipótesis de conflicto es el Estado, a quien intentan someter. O desfinanciar. Saben que es terreno de disputa entre visiones antagónicas sobre la sociedad, que siempre buscarán mantener bajo su dominio.

No sólo la moneda extranjera, el discurso opositor también cotiza en una oscura y volátil feria paralela. Se dice una cosa en superficie, pero se esconde lo que subyace bajo fondo. En los medios hegemónicos se recurre a explicaciones formales y de las otras. “Verdades” blue. 
Desde luego, la historia es mucho más que una sucesión en línea recta de determinados hechos. Para entender las conductas especulativas (cuando no saboteadoras) que se tienden sobre el mercado de compra-venta de divisa extranjera, se debe ampliar el alcance de la mirada. Como ocurre desde 2003, la tensión cambiaria sigue la misma lógica que la dispersión de precios: sin razón objetiva que las justifique, resultan el modo que los más rancios intereses tienen de intervenir en la puja redistributiva y frustrar el reparto de la riqueza. No es nuevo en la historia económica argentina. 

Las movidas en torno al valor del dólar ilegal, sobredimensionadas hasta el grotesco en los diarios, son la continuación de aquello que sucedió a fines de 2009, cuando oposición, intereses financieros y jerarcas mediáticos sintonizaron el mismo libreto y también fueron “por todo”. 

Se recuerda: el gobierno había anunciado la creación del Fondo de Desendeudamiento argentino (FONDEA) para cancelar con reservas del Banco Central –producto genuino del modelo productivo– los vencimientos de intereses de deuda de ese año. Era una medida de estricta sensatez económica, que procuraba reducir el costo financiero sobre las arcas del tesoro nacional, prescindir del financiamiento externo y evitar mayores daños ante la feroz crisis capitalista mundial. Por cierto, una política a tono con la quita de deuda pactada con los acreedores internacionales y que posibilitó al país transitar de modo efectivo y concreto –en los hechos y no sólo en las palabras– el camino del desendeudamiento. 

Pero algo falló, de entre los pliegues de la institucionalidad surgió el último cruzado del consenso neoliberal, que posó sus partes sobre los dólares acuñados por el esfuerzo social de los argentinos y negose a cumplir con la orden presidencial. 

Desde luego, nadie había votado al titular del Banco Central. A no ser por las revistas del corazón, pocos conocían su nombre. El proceso iniciado en 2003 llevaba consigo un mérito determinante: devolverle a la política un rol esencial por sobre los técnicos de Hacienda. Subordinar a la correlación de fuerzas de la lucha política el entramado de medidas económicas, muchas de las cuales, no obstante, apuntaban a una ecuación social básica: generar trabajo, sumar valor a las producciones primarias y distribuir utilidades. 
Sin embargo, el financista a cargo del Banco Central contaba con un sostén considerable: los medios hegemónicos. Su entonces presidente –luego candidato a diputado por el duhaldismo– contradijo la decisión de la mandataria, originando un conflicto de poderes que fue zanjado, como siempre ocurre, con la lucha política: venció la presidenta, incluso sorteando a los jueces en lo Contencioso Administrativo “Cautelar”. 

Ahora sucede lo contrario. Quienes hasta ayer reclamaban el cuidado in abstracto y al extremo de las reservas hoy solicitan al Ejecutivo que las liquide para calmar las operaciones de especulación financiera contra la moneda nacional, vendiendo en el mercado de cambios sumas injustificadas y que debieran servir para solventar urgencias económicas, medidas estratégicas o políticas de alcance más prolongado que un viaje de placer, y que comprendan al segmento social más numeroso y vulnerable. 

Dice Clarín a través de un economista del CEMA: “El oficialismo puede eliminar la incertidumbre ‘abriendo el grifo’ para que la gente compre dólares.” La reserva de valor de la moneda nacional, por la que batallaron hasta el recurso judicial, se convierte, de un plumazo, en un vulgar espejo de agua. Según este planteo, el “dinero para pagarles el 82% móvil a los jubilados” –como quisieron victimizarse entonces– debiera estar a disposición de quienes corren histéricamente al dólar para conservar sus ahorros y de los grandes actores financieros que cascotean el rancho de la viabilidad y previsibilidad económicas. Ya no sería el gobierno quien querría “caja”, sino las casas de cambio. “El gobierno debería calmar la cuestión del dólar (…) vendiendo 2 o 3 mil millones de dólares de las reservas”, se sincera Nadín Argañaraz en el mercado paralelo de discursos mediáticos. 

No hay caso: los apóstoles del capitalismo anarco-financiero no aprenden. Insisten en querer destinar al Estado un único papel: el de socio bobo de las exorbitantes ganancias de ciertos particulares, acuñadas a través de la división del trabajo capitalista, que los exceptúa de todo esfuerzo social. Un gobierno que sancione las normativas necesarias, deje llevar a los privados las millonarias ganancias, y sólo firme al pie. “Cargo menor”, como dijo Magnetto. No entienden que el Estado post 2003 procura un modelo sensiblemente distinto, de desarrollo endógeno, que privilegie el acceso de cada vez mayores argentinos al consumo y cuide (y mejore) la tasa de empleo. Capitalista, sí, pero con un límite muy riguroso: el control sobre las condiciones en que los servicios y los bienes son ofrecidos. 

¿Cómo explicar, si no, la forzada reedición del conflicto entre Estado y dueños de las mejores tierras bonaerenses para cultivo y pastoreo? Según los terratenientes (y sus narradores en los medios opositores), el gobierno debe asistirlos en caso de sequía, optimizar los caminos, facilitarles el acceso a puertos, prever un dólar alto para mejorar el rinde de sus exportaciones, pero no aumentarles ni un centavo los impuestos. Creen que saltear su pago es un privilegio natural a su casta. Están convencidos de ello. Quieren una Resolución 125 de carga inversa: que socialice las pérdidas y privatice las ganancias, que transfiera a la comunidad los riesgos y centralice en pocas manos, elegidas en silencio por la sabiduría de Dios, el fruto extraordinario de la tierra.

“El cambio no debe reducirse a lo funcional, debe ser conceptual”, dijo Néstor Kirchner en junio de 2003. Para ello, son indispensables unidad y organización. Conciencia. Cohesión y pueblo en movimiento. Mirada en diagonal, sobre el conjunto. Comprensión estratégica: cuidar siempre, como el valor más preciado, el nivel de ocupación. En síntesis: sintonía fina. Mientras las condiciones terminan de fraguar, está el Estado.  

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