La Justicia y los privilegios

 La calidad institucional de los Tribunales

 

 

De la tentación de judicializar la política –viejo vicio de las derechas más rústicas de la Argentina – se sale con más política. El subsuelo del chisme y el prejuicio como argumentos centrales del debate político se escala por arriba: más acción transformadora, mejor presencia del Estado, y maximización de los recursos y las potestades legales disponibles. “Sintonía fina” es eso también.

 

Un claro reproche sobresale por entre las palabras del vicepresidente en el Senado: la todavía baja calidad institucional que Boudou observa escaleras arriba del Palacio de Tribunales. Es una crítica punzante, que excede largamente al juez que lo investiga.

 

Para hacerla subir en la consideración pública, la Justicia debiera, sin dudas, quitarse de encima la poca estima que la sociedad siente por ella, descrédito al que usualmente aportan los propios Señorías. Desde luego, la actual composición de la Corte Suprema intenta revertir el estigma, pero sus esfuerzos resultan todavía insuficientes. La alta calidad institucional no será obra de un buen dictamen, ni siquiera del currículum de los jueces;  depende de un profundo cambio cultural que la sostenga. Si lo sabrá la Presidenta , que reclama a voz en cuello el esfuerzo colectivo de alumbrar otro país totalmente diferente al hasta aquí conocido, a pesar de lo cual le crecen resistencias en los sectores más imprevistos.

 

Alcanzar “un país en serio” comprende necesariamente la obligatoriedad de deponer viejos privilegios. “Las avivadas”, en palabras de Cristina. Que nuestros jueces paguen el impuesto a las ganancias como lo hacen los demás asalariados es una condición indispensable del contrato democrático: todos somos iguales ante la ley. “Nadie es más que nadie”, como decía Artigas. Ese gravamen debe ser para todos, o no comprender a ningún trabajador. La democracia no tolera coronitas, mucho menos para los jueces. La Justicia se tiene que parecer de una vez a la palabra que la nombra.

 

Por cierto, esa demanda no es de última hora, como afirma, entusiasta, el lobbysta de la oligarquía judicial Adrián Ventura, enmarcando el deseo oficial en un eventual “cambio de contexto”, que no explica. Ya el menemismo quiso hacerles pagar ganancias a los jueces. Tanto, que sancionó una ley, la número 24.631. Pero la Corte de entonces –la de mayoría automática– la frustró mediante la firma de una simple acordada, suscripta por los propios cortesanos comprendidos por el fallo. Juez y parte al mismo tiempo. En los tiempos de la desmesura neoliberal, una resolución administrativa de un Tribunal podía más que una ley del Congreso.

 

Ese fue el gran gesto de independencia que se permitieron aquellos integrantes del máximo cuerpo judicial del país. Hubo otro similar, sin embargo: en julio de 2001, cuando Domingo Cavallo dispuso el descuento del 13 % a los haberes de estatales y jubilados, otra resolución cortesana decretó que los jueces fueran los únicos agentes públicos que resultaran exceptuados del recorte. Los funcionarios de la Justicia son públicos, pero tampoco es para tanto. Meses más tarde, la Corte Suprema declaró inconstitucional la poda a los demás salarios, aunque a prudente distancia de los hechos: para entonces, Fernando de la Rúa ya no era presidente.

 

Ni hablar de los altos montos que percibe un juez jubilado. Es que los magistrados tienen para sí una ley especial de retiro, la número 24.018. Esa normativa es discriminatoria, no sólo para con el resto de argentinos, sino, además, para con el propio personal de los juzgados. Distingue violentamente entre hijos y entenados. Bajo sus prescripciones pueden jubilarse todos los funcionarios y fiscales, defensores y jueces, y no así sus empleados. A los trabajadores que no alcanzan la zanahoria de la categoría más alta del escalafón administrativo (Prosecretario) les cabe el régimen ordinario de jubilación. Y para el personal Obrero y Maestranza, ni siquiera la vaga ilusión de ese cargo, que no rige para su acotada carrera como trabajadores.

 

Para los jueces, pagar ganancias y no retirarse con más del 82 % móvil respecto de una dieta mensual superior en varios miles de pesos a las de la Presidenta y los legisladores nacionales (sobre las que tanto se polemizó en el verano), implicaría una flagrante violación constitucional. Paradójicamente, la solidaridad (principio sobre el que se sustenta el sistema jubilatorio de los demás mortales argentinos) atentaría contra su intangibilidad, condición en la que sustentan la garantía del debido proceso. Nuestros jueces nos dicen ahora que su libertad de criterio e independencia en las investigaciones dependen de lo abultado (o no) que resulte su recibo de sueldo.

 

¿Cuál es el valor de cambio de la dignidad y el decoro, según la ecuación de los jueces de la democracia? ¿Será que la magistratura se ha vuelto un clan de teóricos marxistas, que entiende ahora que el salario no es ganancia sino plusvalía?

 

Desde luego, semejantes prerrogativas más propias de una casta que de un Poder del Estado democrático, redunda en la calidad del servicio de Justicia. En la discusión sobre los ingresos y las exenciones impositivas del Poder Judicial no puede olvidarse la batalla que la Corte Suprema libró no hace mucho tiempo sobre los profesionales de la Morgue y el Cuerpo Médico, donde halló severas irregularidades, entre ellas peritos médicos que atendían en clínicas privadas en el mismo horario en que debían resolver consultas forenses en los Tribunales. Todo ello sin contar a los jueces que recurren a los beneficios jubilatorios toda vez que se sienten acorralados ante un pedido de juicio político.

 

Peor: para seguir conservando la obra social a la que aportaron durante toda su etapa activa, los judiciales que se retiran sin el privilegio previsional se ven obligados a hacer un doble aporte mensual: al PAMI y a su obra social de siempre. La entidad es manejada por un Directorio nombrado expresamente por la Corte, en el que no tienen voz ni voto los representantes de los empleados, blindaje de clase, antisindical, que no le ha evitado fraudes y cohechos.

 

Sería un verdadero despropósito que el gremio de trabajadores judiciales cambiara su histórica posición y se sumara a las demandas de la Asociación de Magistrados. Los empleados son la verdadera riqueza del Poder Judicial. Los jueces pasan, el personal queda. Los trabajadores constituyen la reserva moral de la Justicia. Ellos son la verdadera garantía de imparcialidad para el ciudadano común, y no el sueldo del Juez. La vieja lucha de la UEJN no es por la defensa de ley 24.018, sino por la puesta en práctica de un único régimen previsional, que alcance por igual a cortesanos y a ordenanzas. Pero nada es lo que parece en el camino de la transformación verdadera de la sociedad: que el operador Ventura cite en sus columnas en La Nación los twitts dominicales de Piumato resulta ciertamente inquietante. 

 

         * Trabajador judicial – Delegado de base