Entre el petróleo y el pañuelo blanco

Hablemos de la Patria

La sanción económica y política a Repsol representa, para las luchadoras del pañuelo blanco, una victoria por demás particular. Ellas padecieron en carne propia su gran poder de lobby.

Se imaginarían las Madres de Plaza de Mayo el 30 de abril de 1977 que 35 años después el país transitaría la instancia liberadora que hoy recorre? ¿Soñarían que un gobierno nacional y popular recuperaría para el proyecto de desarrollo y distribución de las riquezas la empresa petrolera de bandera? ¿Podían prever acaso que la brutal destrucción que había comenzado el 24 de marzo llegaría hasta el extremo de ver rematada YPF? Evidentemente, no.

Expropiar lo nuestro. Reconquistar algo tan propio y tan básico como el subsuelo nacional. Si no mediaran dos genocidios –uno físico y el otro social– se podría afirmar con asepsia e ironía qué paradójico suele ser nuestro país. Ni la dictadura creía posible alcanzar la enajenación de los recursos hidrocarburíferos. No porque no lo ansiaran, sino porque lo entendían irrealizable. Quizás, ni siquiera lo soñaban sus mandantes. La contribución de aquellos terroristas de Estado al bestial cambio en el patrón de acumulación capitalista se ciñó a la cuota de sangre necesaria para tal menester. Los genocidas aportaron la crueldad de la muerte, la tortura y el silencio más visceral. En cambio, es muy probable que sus hijos sí conocieran, aunque no en todos sus detalles, el plan maestro que la burguesía y el imperialismo se proponían con la persecución criminal sobre ellos.

La dictadura despareció a 30 mil opositores, envió al exilio a un millón y medio de argentinos, y confinó a miles en prisión, con un único propósito: disciplinar a la clase obrera para sembrar el modelo de desindustrialización, extranjerizar la economía y transferir a particulares las riquezas acuñadas durante décadas de trabajo social, que concretaron gobiernos civiles varios años después, en la desgraciada década del noventa. Hasta el año 2003, los votos fueron el exacto complemento de las botas.

Durante los primeros años del terror, las Madres no preveían que sus hijos tragados por la tierra, de la noche a la mañana, entre el silencio y la noche militar, jamás regresarían a la vida. No verlos nunca más no entraba en su cálculo de probabilidades. Desconocían el tamaño del enemigo a enfrentar. Infinidad de veces relataron cómo iban equipadas a sus marchas semanales: con una bolsita en la que llevaban ropa interior limpia y cepillo de dientes nuevo por si algún hijo o hija aparecía, tan de repente como cuando se los llevaron. Esa ingenuidad de madre, ese instinto de supervivencia, esa esperanza descalza, hambrienta, tiritando, eran sus únicas defensas contra el miedo y el horror.

Es posible imaginar, no obstante, qué habrán pensado las Madres cuando el lunes 16 de abril, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo el anuncio del envío al Parlamento argentino de un proyecto de ley que establece la declaración de utilidad pública del estratégico recurso energético y la expropiación de las acciones rematadas por el Estado neoliberal.
 A Hebe de Bonafini, por caso, le habrá resultado una compensación aun más íntima, acaso personal. Decenas de veces ella contó los días felices que vivió en familia, junto a su padre obrero de YPF, trabajador en la destilería de Ensenada. La felicidad relativa y simple a la que puede aspirar la clase obrera: el salario puntual, las vacaciones sencillas, los premios de fin de año para los trabajadores de esa empresa insignia del desarrollo nacional. Cuántas familias como la de Hebe. Hasta que llegó la dictadura.   

Por cierto, la sanción económica y política a Repsol representa, para las luchadoras del pañuelo blanco, una victoria por demás particular. Ellas padecieron en carne propia su gran poder de lobby.

 Se recuerda: en los primeros meses del año 2000, la presidenta de Madres recorrió España en gira de trabajo buscando reconocimientos académicos y aportes económicos para su naciente proyecto político-cultural, inaugurado el 6 de abril de ese año: la Universidad Popular. En diversas ciudades de ese país y prestigiosas casas de altos estudios europeas el resultado fue por demás satisfactorio. La búsqueda de apoyos no le impidió a Hebe hacer observaciones sobre la dura realidad de su patria y proferir gruesas declaraciones contra la empresa Repsol. Tildó al entonces presidente José María Aznar –del mismo partido de quien hoy está al frente del gobierno español– de fascista, y al radical De la Rúa , pocos menos que de bufón (el parecido fonético con Brufau es mera coincidencia).

 Como tantas otras veces, en un gesto que las distingue en la historia, Hebe habló mal del lobo en sus propias fauces. No esperó regresar a Buenos Aires para criticar al Partido Popular, sino que lo hizo en la propia tierra española.

 Los falangistas, claro, no se lo perdonaron. Cuando en octubre de ese año las Madres, al calor del creciente éxito de su Universidad, asumieron nuevos riesgos financieros y mudaron su sede original a otra mucho más grande, en España empezó una profusa campaña de prensa que pretendió vincular a los pañuelos blancos con la organización armada ETA. Nada más falso.

La secuela de la campaña, no obstante lo avieso y obvio de su sincronización, fue la prevista por sus instigadores. Los apoyos financieros cayeron, los acuerdos académicos fueron diluyéndose, y las constantes dificultades económicas y mediáticas para las Madres atravesarían a partir de entonces su ciclo más pronunciado.

 El aislamiento político y el cerco informativo que siguieron a la operación de prensa fueron tales, que unos meses después la especie singular de terrorismo de Estado que signó el fin del gobierno aliancista se cobró en la hija de Hebe una víctima emblemática, muestra cabal de su nivel de violencia e impunidad: el ataque en su propio domicilio y las salvajes torturas sufridas en su cuerpo por María Alejandra Bonafini, el 25 de mayo de 2001.

A once años de aquello, el presente de las Madres es infinitamente más edificante. Su decidido apoyo a la alternativa popular abierta en la Argentina –esta uva tan bella y particular de la vid de la revolución latinoamericana–, les permite una esperanza que no tuvieron, ni por asomo, en aquel feroz abril de 1977. Por cierto, el reconocimiento se lo han ganado con el cuerpo, observación que no menoscaba en absoluto sus aportes a la subjetividad del mundo occidental.

Tras su experiencia en las luchas populares argentinas, es un profundo cambio cultural el que ha sobrevenido. Su huella excede largamente las baldosas rojas de la Plaza de Mayo. Nuestra noción de patria es la dimensión histórica, política y geográfica que crece entre el subsuelo donde reposa el petróleo, y el pañuelo blanco. Después de las Madres, jamás podrá ser igual la fascinante experiencia de la maternidad. El vínculo filial convertido en vital lazo político es, sin dudas, uno de los aportes fundamentales de los argentinos al acervo cultural de la humanidad y a la rica tradición de lucha y resistencia de la clase trabajadora mundial.

Alberto, Joaquín, a llorar a otro pasquín

 

Morales Solá escribe en La Nación los mismos argumentos que refiere en TN, la señal de cable del Grupo Clarín. Además de las obvias diferencias en el formato comunicacional, en su programa de televisión Joaquín tiene invitados. Interlocutores que convida a opinar para que digan por él lo mismo que piensa. Está en su derecho. Es una forma de intervención política e ideológica,  a priori, válida. Otra podría ser convidar a quienes piensen diferente a él, para interpelarlos y poner en discusión, de frente a sus consumidores, ambas argumentaciones. Es una opción, a priori, mejor. Pero para eso hay que estar seguro de los argumentos y, especialmente, de las convicciones, y se sabe: no hay dinero que compre la épica.

 

Se desconoce, sin embargo, el margen de autonomía que el periodista, cada vez más convertido en mero locutor, tiene para decidir sus invitados. Si se los impone la producción del canal, o los auspiciantes publicitarios, o ambos. Pero omitir ciertos compromisos en dinero contante y sonante con una de las partes sobre las que está versando su abordaje periodístico pretendidamente “independiente”, “objetivo” y “veraz” constituye, cuanto menos, una falta ética. Del invitado, ya sería mucho decir, y del propio conductor, sería una lesa estafa a la buena fe a los televidentes. 

 

Por cierto, Repsol no necesita consejos políticos, sino lobbystas. Referentes de cierta relevancia mediática o institucional que maniobren por lo bajo en el mismo sentido que rezan sus solicitadas de superficie. El capital más cuantioso reunido en una sola compañía empresaria, podrá pagar por consultas técnicas, por precisiones geológicas, pero por análisis de coyuntura, no. Un Antonio Brufau no va a permitir que su empleado Fernández Alberto opere sobre él. Más bien es al revés. Lo mismo vale para Joaquín Morales Solá. El CEO de Repsol tiene detrás al gobierno falangista español sosteniendo sus intereses y dándole abundante letra y guión, como para dejarse guiar por un oscuro ex funcionario público, desempleado en busca de trabajo, como se justifica ahora, casi al borde del llanto (o de la risotada), el ex diputado cavallista.

 

Desde luego, la derecha tiene en la política pactos de sindicación que exceden largamente las acciones comerciales en sus emprendimientos privados, como ocurre en Papel Prensa. Ejemplo: los contratos bajo cuerda firmados en calidad de “consultores”, con periodistas y políticos de dudosa legitimidad, suscriptos a cuenta y orden de la empresa más grande del país, que el soberano gobierno argentino ha resuelto expropiar.

 

Es un mal chiste de lesa hipocresía el de Alberto Fernández cuando afirma en los estudios de TN Pictures que el gobierno quiere callarlo. Otra vez el mito de la censura, de la persecución a quienes piensan u opinan distinto al gobierno, pronunciado ligeramente, a la bartola, en la señal informativa de mayor audiencia, en horario central, bajo el amparo del “fuero cautelar” de la Justicia , que todavía mantiene al Grupo Clarín vergonzosamente al margen de la Ley de Medios. 

 

Cuando Repsol se encuentra en problemas acuden a él en bloque el Partido Popular, Mauricio Macri y Mario Vargas Llosa, entre otros altruistas defensores del liberalismo. No hace falta convocar de apuro a un encuentro internacional o simposio con ínfulas académicas. Uno toca el pito del avance estatista sobre la economía, y los otros se alistan, casco en mano, al combate por la libre empresa. El capitalismo salvaje pagará luego los servicios prestados con el lucro que no dejarán cesante sus grupos más poderosos. Solidaridad de clase, que se dice. Esa conducta tan distintiva en las clases que mantienen el poder económico, y de la que muchas veces adolecen los distintos segmentos de las clases subalternas, que suelen frustrar su imprescindible síntesis y unidad por diferencias puntuales, menores.

 

La derecha se aprovecha flagrantemente de esa debilidad ideológica que aqueja a los sectores populares. Por eso, entre otras razones, ellos tienen el poder, y los pueblos, a veces, apenas si el gobierno. No hace mucho Joaquín Morales Solá trató de “Hugo” al secretario general de la CGT , que inauguró en su living en los estudios de la Metro Golden TN su desfile ante micrófonos y cámaras donde despotricó recurrentemente contra Cristina. 

 

Algo de esa observación crítica sobre las debilidades que aun abrevan en el campo popular y hacen nido en la conciencia de los trabajadores, hay en la exhortación de la Presidenta de la Nación a alcanzar “la unidad de todos para seguir por este camino”, defendiendo así las medidas de “decisiones difíciles, que cambian políticas y cambian el perfil de un país”, en alusión a la expropiación de YPF.

 

Y algo de eso hay, también, al otro lado del mostrador: en el reclamo desesperado de los voceros mediáticos de la derecha y el gran capital trasnacional y oligárquico, hacia sus empleados en la representación política. “Únanse, rechacen en bloque, aunque pierdan la votación parlamentaria, la ley de expropiación; dejen sin presupuesto al gobierno; trompeen en la cara a los diputados del oficialismo; desacrediten la política para que deje de ser el límpido escenario donde se disputa la historia, que ahora, para peor, protagonizan cada vez más jóvenes”, nos dicen, a veces con similar literalidad, Mariano Grondona y compañía. Saben que, aunque sea meramente testimonial, esa arcada antidemocrática podrá servir en un futuro no demasiado lejano de base de apoyo a movidas abiertamente destituyentes y/o desestabilizadoras. La derecha siempre que estuvo complicada recurrió a la cartuchera, pero necesitó imperiosamente de una justificación institucional.  

 

Sin dudas, a los poderes públicos les cabe la demanda de mayor calidad institucional. Es una condición indispensable del sistema de representación: mayor compromiso democrático, ya sea escaleras arriba del Palacio de tribunales, en las bancas legislativas y en los despachos del Ejecutivo. La soberanía popular expresada en el voto libre, que dio su veredicto tan sólo seis meses atrás, así lo exige. Asimismo, surge claro: no es lo mismo el Estado que un particular. No es igual una institución de la democracia que una empresa privada, por más grande que fuera la factoría. 

 

Pero la sociedad democrática la componemos todos por igual: Estado y sociedad civil. La dinamizamos con nuestras intervenciones diarias desde la trinchera social que cada uno o una ocupa. Empresas y sindicatos. Privados y públicos. Funcionarios oficiales y trabajadores.

 

Y también periodistas y políticos. A estos dos últimos también les cabe un deber democrático, un compromiso social, una responsabilidad con la comunidad que habitan: la credibilidad. La verdad. No aspirar a la representación, mintiendo o manipulando chapuceramente.

 

Algunos encumbrados personajes están faltando groseramente a cumplir su parte en el contrato social de este tiempo. No lo merecemos los argentinos, pero afortunadamente hemos crecido cívica e ideológicamente lo suficiente como para prevenirnos y curarnos en salud democrática.

 

Por su parte, Clarín, en su edición de la histórica fecha en que el Senado trata la expropiación de YPF, propone como "Tema del día" el aumento en las consultas psicológicas por casos de narcisismo. ¿No es fino, señora?

Magnetto, Repsol, perdieron el gasoil

España le baja el tono al conflicto. Para el FMI y el G-20, apenas una disputa bilateral.

Si “expropiar” es lo mismo que “confiscar”; si los trust de exportadores de soja son “el campo”; si la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por ambas cámaras con un margen holgado de votos, provenientes de distintos bloques legislativos, es lo mismo que “Ley de Medios K”; si garantizar la democratización del espectro comunicacional de radio y televisión, que como no es ilimitado necesita regulaciones estatales, significa que “TN puede desaparecer”, entonces estamos en presencia de otra cosa. 

Había que verlos el domingo a Mariano Grondona y Pablo Rossi corriendo por derecha a Nito Artaza. El Senador de la Nación por Corrientes parecía Rosa Luxemburgo de tanto discutir las quejas aireadas, insolentes, de sus entrevistadores, que lo increpaban sin ninguna clemencia por la decisión del bloque radical de acompañar en general el proyecto de ley que establece la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, hasta hoy en manos de Repsol. “Pero nosotros somos respetuosos del voto popular”, se defendía el imitador Artaza. ¿Acaso es una posibilidad desconocerlo, una alternativa válida? ¿No sería un golpe eso, una maniobra destituyente? “¿Angelicales o cómplices?”, le preguntaba visiblemente incómodo, fastidioso, Rossi, por no decirle, palabras más, palabras menos, “tarados o encubridores, que no entienden que el golpe es la única salida posible”. 

Así estamos en la oposición de derecha, evidentemente aturdida por la decisión política del oficialismo, y la escasa adhesión que, por una vez, ha recogido entre sus empleados más dilectos detrás del mostrador de la representación democrática. Sugieren a dos voces un golpe destituyente; sueñan con un corte de rutas in eternum que desabastezca de productos esenciales las grandes ciudades, pero ya no hay quién les haga caso. La yerba mate sola no alcanza. “El Estado se quedó con más del doble del precio del barril del petróleo en una política muy parecida a la que se intentó aplicar al sector agropecuario con la resolución 125. Pero los petroleros no tienen la inserción social que sí tienen los productores rurales”, se lamenta, al borde del llanto, Joaquín Morales Solá. 

Evidentemente, no fue un buen negocio utilizar el dinero gastado en contratar periodistas y políticos afines a sus intereses, y no emplearlo en extraer más petróleo y gas de los yacimientos. De haberlo hecho, Repsol quizás podría argumentar más y mejor y pretender algún Euro en su disputa netamente comercial con el Estado argentino que ha decidido expropiarla. Pero no. Eligió el camino más corto y en vez de arribar al sitio más lejano al que podía aspirar, llegó a un punto sin retorno, de tasación más cercana a cero que a diez mil millones.   

Hasta el gobierno de España ha decidido bajarle el tono al conflicto y dejar bufando a Brufau. La ideología es la ideología, pero los negocios son los negocios. Para el gobierno del Partido Popular, la solución es ahora posible y depende del monto indemnizatorio que ambas partes acuerden. Clarín y La Nación se quedan así sin la tercera guerra mundial tantas veces anunciada. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que Cristina guarda armas químicas para recuperar las Malvinas, acaso? 

A no desesperar, Magnetto: si la OMC, el Banco Mundial, el FMI, la CIA y el FBI yanquis desisten de aislar a la Argentina del mundo, será la SIP quien ofrezca altruista y solidariamente sus servicios a la libertad de prensa. Y de empresa, claro. A falta de una “Tormenta del desierto” de la OTAN sobre Buenos Aires, un buen consuelo es la columna de Mario Vargas Llosa en El País de Madrid. El PP, como la UCR, ¿“angelicales” o “cómplices” de La Cámpora?, se preguntan con un dejo de resignación los opinólogos que ya sabemos.

Mientras tanto, Lanata fumando espera que llegue el fin de ciclo K. Y no viene nunca.

Federalismo de verdad

La recuperación de YPF

Resulta una chicana de bajísima calidad afirmar que la recuperación de la soberanía energética es un simple condimento del ‘relato’, como los críticos rebajan de categoría al modelo nacional y popular, institucional y democrático en marcha. 

El proyecto de ley de expropiación estatal del 51% del capital social de YPF –aún en manos de Repsol– y la declaración de utilidad pública de esas acciones, constituyen la forma legal elegida para alcanzar la soberanía energética, ese “imposible”, según la sumisión que sembraron para siempre los históricos ganadores del capitalismo argentino. 

 El proyecto prevé, además, un pacto de sindicación de acciones provinciales y del Estado nacional. Esto es, una cláusula según la cual ambas esferas estatales deberán votar en el mismo sentido en las sucesivas reuniones de Directorio. Igual acuerdo al de Clarín y La Nación en Papel Prensa, aunque con carga inversa. Mientras en la factoría “adquirida” con ayuda militar a la familia Graiver la componenda buscaba favorecer el interés mediato de los accionistas privados –incluso afectando la economía de la propia empresa productora de papel de diarios–, en el caso de la petrolera se busca defender el interés nacional. Preservarlo ante cualquier contingencia coyuntural. 


Conjurar, incluso, la posibilidad siempre latente de que un privado compre la voluntad de un representante estatal. Alinear a Nación y provincias detrás de un mismo proyecto de país, que privilegie el bien general por sobre los sectoriales. De esto se trata cuando Cristina dice “institucionalizar el cambio”. Ese es el “blindaje” que necesitan los argentinos, y no el de los dólares ofertados a su provecho por el FMI. Teléfono para quienes se llenan la boca con la palabra federalismo y no se hacen cargo ni de sus medios de transporte.    

 Cierto periodista local se apura a escribir en un blog madrileño que “el Estado que va a manejar la explotación es incompetente”. La estimación es, no obstante, más piadosa que la de Carlos Pagni, publicada en La Nación el mismo día del anuncio presidencial: “No sería raro que, en pleno invierno, comience a escucharse la denuncia de una maniobra destituyente con olor a petróleo”, amenaza veladamente el biógrafo de Kicillof. Para frustrarla en pleno otoño, la presidenta dispone la inmediata intervención de la petrolera. No vaya a ser que la maniobra se adelante, y empiece esta misma semana a 
escasear combustible. 

 Cuando los delegados estatales se presentan en la sede de la compañía, sus funcionarios privados ya no pueden impedirles la entrada, como hicieron menos de dos meses atrás. Ahora traen un decreto presidencial entre las manos. Extrañamente, aquella grosera violación a la representación soberana del Estado democrático en la empresa más grande del país no mereció el estupor mediático con que ahora se narra la toma de posesión de Julio De Vido. 

 Por lo demás, resulta una chicana de bajísima calidad afirmar que la recuperación de la soberanía energética es un simple condimento del “relato”, como los críticos rebajan de categoría al modelo nacional y popular, institucional y democrático en marcha. Paradójicamente, son aquellos que agitan los fantasmas de la Unión Europea, la OMC, el CIADI y las quejas de los gobiernos de México y los Estados Unidos quienes transforman en épica una medida de estricta racionalidad económica. 

 Con todo, existen todavía quienes cuestionan al gobierno por el eventual “capitalismo de amigos” al que recurriría para vertebrar su modelo económico. La objeción, sin embargo, no es por la condición innegablemente capitalista del modelo, sino porque no son ellos esos “amigos”. Esos interesados de siempre rumian porque sus contactos en el mostrador de la política perdieron el último turno electoral de modo contundente. 

 Otros, insisten en impugnarlo todo, apenas por sus formas. También su contenido. Olvidan con facilidad las virtudes de calidad institucional del oficialismo, que también las tiene. Los denunciadores seriales de “aprietes a la justicia”, ¿por qué no reparan en la ley que devolvió a la Corte Suprema su original número de cinco miembros (y no nueve, como estiró a su conveniencia Carlos Menem)? Si el kirchnerismo hubiera mantenido ese número, tendría que haber nombrado a dos aspirantes a cortesanos que faltarían. De haberlo hecho con juristas cercanos a su interpretación de la realidad, como lo habilita la Constitución, es probable que la Ley de Medios tuviera ya plena vigencia, también sobre el principal grupo multimediático, aún vergonzosamente exceptuado de cumplir la normativa. Y, sin embargo, para la ficción opositora –que aún mantiene su posición dominante debido a las bondades del fuero cautelar– es el gobierno el que apremia a la justicia. 

 Eso en lo formal; en lo concreto, la libertad de prensa a la Clarín permite que un comunicador de primer orden diga por televisión abierta, en horario central, un domingo bien entrada la noche, que él acepta pagar sus impuestos a pesar de que los funcionarios a cargo del Estado, que los cobran y administran, los usen para “tomar merca”. A algunos les falta calidad institucional; a otros, calidad a secas.  

 El carácter y la identidad popular del gobierno se definen, entre otras variables a considerar, por sus enemigos. Ese antagonismo, en vez de frustrarlo, es garantía de su rumbo. Dinamiza su experiencia. 

 Cuando Cristina escogió a su compañero de fórmula dijo que quería a su lado a un hombre que no vacilara ante las corporaciones. No tuvo en cuenta el prejuicio del rock, la novia linda y las motos caras, sobre el que se montan sus detractores, sino la película entera: el fin de las AFJP. Esas cuevas corporativas de densos intereses sintetizan en una aún más grande que las contiene a todas: Clarín. No se trata de un rival circunstancial o un antagonista puntual en el mercado de medios de comunicación: es el gran enemigo político a vencer. Clarín y La Nación fueron los “amigos” del capitalismo transnacional que decretó la dictadura cívico-militar, imposición que importó un genocidio físico. Ese cambio brutal en la ecuación básica de nuestra economía se pagó con sangre, destierro y prisión, y no podría haber ocurrido sin silencio cómplice, mentiras a conveniencia de quien las pagare, y turbios negocios. 

 Sin embargo, algunos asisten a las luchas políticas y los procesos sociohistóricos como quien frecuenta una función de cine. Creer que sólo están en juego prestigios personales y/o méritos académicos, y no el destino mediato del país que habitan, del pueblo al que pertenecen, es de una mediocridad y egoísmo demasiado grandes. 

 A todos ellos pareciera estar hablándoles todavía Néstor Kirchner en ese intercambio epistolar que mantuvo con el filósofo José Pablo Feinmann: “Ser intelectual no significa mostrarse diferente (…) creés que la individualidad te va a preservar. Pero no te olvides que pertenecemos a una generación que siempre creyó en las construcciones colectivas. La individualidad te pondrá en el firmamento pero sólo la construcción colectiva nos reivindicará frente a la historia. Al fin y al cabo todos somos pasantes de la historia.” Incluida Cristina. Los pueblos, no.

Elogio de la juventud

De las Madres a Kicillof

La épica del kirchnerismo es la juventud. Una solución nueva a un problema de la larga data, instrumentada por actores políticos que emplean recetas inesperadas. Imprevistas. Distinto en todo a lo anterior. Jóvenes funcionarios de alto rango, ubicados en puestos clave del Estado, que lo dinamizan y responden con una naturalidad, precisión y frescura que la política había extraviado entre las telarañas de la tecnicatura que dejó sembrada como peste la etapa neoliberal.

El Axel Kicillof que la sociedad democrática descubrió en su intervención ante los Senadores, resume en todo su esplendor esa diligencia y energía propias del kirchnerismo, esa corriente que abreva en la mejor tradición de las luchas populares argentinas y que se redefine a sí misma en forma permanente.

La “juventud” que protagoniza este segmento del proceso abierto en 2003 no refiere únicamente a un rasgo etario. No es sólo aquella marejada de mujeres y varones de 30, 40, 25 años que salieron a las calles en los días posteriores al triste 27 de octubre de 2010. Excede largamente a un rasgo generacional. Su aporte, su huella, ni siquiera se ciñen a la militancia territorial que crece como hongos en las ciudades más distantes, en los barrios más contiguos, lo cual ya sería mucho decir. Acá hay otra cosa. Trasvasamiento generacional en serio. Salto cualitativo, que se dice.

Un joven brillante y claro en sus explicaciones, formado en la escuela y la universidad públicas, que amalgama metódicamente conceptos e ironías. Aula y tablón. Un académico con potrero. 41 años que parecen 35. Ahí tienen a los “nenes bien de La Cámpora ”, a los “militantes rentados” y dilectos de la Presidenta , a los portadores sanos del “gen de la rebeldía”, “acomodados” en las más altas funciones estatales gracias a sus “contactos” entre los ex-setentistas. Cuando tienen que responder y justificar su gravitancia en el proyecto liberador y colectivo como no hubo otro en el país, cumplen con creces. 

Porfiada en su descrédito, un periodista opositora traza un perfil del flamante subinterventor de YPF en el que relativiza su militancia en La Cámpora. “No debe su inclusión en el Gobierno a su pertenencia a la agrupación”, afirma muy suelta, decidida a no arriar ninguno de sus prejuicios. No es que La Cámpora haya dado muestras de que no es una cueva de burócratas y/o ñoquis, como afirman los que ya sabemos, sino que –¡eureka!– Kicillof no habría militado allí lo suficiente. Si no la pueden ganar, prueban con empatarla. “Basta para mí, basta para todos”, dicen cuando las evidencias demuestran sus errores de cálculo y de los otros. Se comprende: siendo que el “nieto de rabino” resulta ser un excelente cuadro político –como deben reconocer rendidos ante su deslumbrante exhibición en el Parlamento–, ¿cómo justificar, pues, la constante demonización que sostuvieron sobre la agrupación durante los últimos años, en especial estos meses inmediatamente previos? 

El viceministro de economía no parece temerle a nada. No sólo a los senadores de la oposición –lo cual no sería sorprendente–, sino, esencialmente, a la circunstancia histórica: mientras defiende el proyecto de ley de recuperación de soberanía energética, seguramente el más osado de todos los que se pusieron en juego desde el año 2003, enfrentando así a espesos intereses, de gran poder de fuego material y simbólico, no se priva de criticar sagazmente los mitos cardinales de la escuela neoliberal, que despeinan al más calvo de los gurúes del mercado. 

La política como una más de las actividades sociales, seguramente la más noble. Y épica. Esa imagen devuelve el espejo cuando se proyecta sobre él la repetición de la clase magistral de Kicillof en la Cámara Alta. 

Como antes con Gabriel Mariotto defendiendo la Ley de Medios, y luego con Mariano Recalde replicando con racionalidad, pausada y criteriosamente a los gremios aeronáuticos que con argumentos sindicales querían boicotear la línea aérea de bandera, todos quisimos tener algo del desenfado exhibido por Axel Kicillof el martes 17, un día después del ingreso al Congreso del proyecto de expropiación. De a ratos, todos quisimos ser él. Hacernos acreedores de ese orgullo personal que habrá sentido el “marxista keynesiano” (toda una contradicción): servir a su pueblo, a su patria, desde un sitio tan protagónico. Concentrar en uno mismo todo el odio y los prejuicios de clase que los acopiadores de riqueza y poder, históricos ganadores del capitalismo argentino, depositaron sobre él. Un poco al menos.  

Un gran poquito, especialmente cuando enfrentaba con gestos y palabras como estiletes, a parlamentarios de la talla (y el rostro) de un Morales, una Morandini, un Sanz, un Artaza, el imitador, que no sabía si sonreír o mirarlo concentrado, seguramente para extraer de él alguna seña o gesto particular que pudiera ridiculizar luego, situación que de momento resolvía moviendo la cabeza hacia arriba y abajo, rítmicamente, dando a entender que estaba de acuerdo. Que tal vez no entendía bien de qué se trataba, pero por las dudas estaba de acuerdo. 

Así estamos en la oposición, excepto Mauricio Macri, que está peor todavía, si eso pudiera ser posible todavía.  

Tener esos enemigos (Pagni, Grondona, Morales Solá, Ventura), no por los importantes que pudieran ser, sino por lo mendaz de sus argumentos, otorga identidad y cuantía a su contrincante. Uno de Clarín se asombraba de la formación de Kicillof; otro en La Nación huía despavorido ante sus definiciones sobre la “seguridad jurídica”, en defensa del “clima de negocios”. El editor fotográfico de uno de esos diarios ilustraba con la imagen en que Julio De Vido le daba un golpecito en la cara a su lugarteniente en YPF. El silencio que sobreviene se llena con la exhortación del subinterventor dirigida a Antonio Brufau: “Que vaya a hacernos juicios al CIADI, al FMI, al FBI y a la CIA si quiere; nosotros no le vamos a pagar lo que él dice que vale la compañía”. 

¿Con qué argamasa que no contenga desparpajo, valentía, el altruismo de decir las verdades más justas incluso ante los auditorios más inoportunos, se puede vencer a los representantes de densos intereses que tutelan la vida social de los argentinos desde hace décadas? ¿Puede esta uva tan particular de la vid de la revolución latinoamericana prescindir de esa cualidad transgresora, provocativa, indeleble? Evidentemente, no.  

Si lo sabrán ellas, las más jóvenes de todas, a sus ochenta y tantos años de edad promedio: las Madres de Plaza de Mayo. 

La Justicia y los privilegios

 La calidad institucional de los Tribunales

 

 

De la tentación de judicializar la política –viejo vicio de las derechas más rústicas de la Argentina – se sale con más política. El subsuelo del chisme y el prejuicio como argumentos centrales del debate político se escala por arriba: más acción transformadora, mejor presencia del Estado, y maximización de los recursos y las potestades legales disponibles. “Sintonía fina” es eso también.

 

Un claro reproche sobresale por entre las palabras del vicepresidente en el Senado: la todavía baja calidad institucional que Boudou observa escaleras arriba del Palacio de Tribunales. Es una crítica punzante, que excede largamente al juez que lo investiga.

 

Para hacerla subir en la consideración pública, la Justicia debiera, sin dudas, quitarse de encima la poca estima que la sociedad siente por ella, descrédito al que usualmente aportan los propios Señorías. Desde luego, la actual composición de la Corte Suprema intenta revertir el estigma, pero sus esfuerzos resultan todavía insuficientes. La alta calidad institucional no será obra de un buen dictamen, ni siquiera del currículum de los jueces;  depende de un profundo cambio cultural que la sostenga. Si lo sabrá la Presidenta , que reclama a voz en cuello el esfuerzo colectivo de alumbrar otro país totalmente diferente al hasta aquí conocido, a pesar de lo cual le crecen resistencias en los sectores más imprevistos.

 

Alcanzar “un país en serio” comprende necesariamente la obligatoriedad de deponer viejos privilegios. “Las avivadas”, en palabras de Cristina. Que nuestros jueces paguen el impuesto a las ganancias como lo hacen los demás asalariados es una condición indispensable del contrato democrático: todos somos iguales ante la ley. “Nadie es más que nadie”, como decía Artigas. Ese gravamen debe ser para todos, o no comprender a ningún trabajador. La democracia no tolera coronitas, mucho menos para los jueces. La Justicia se tiene que parecer de una vez a la palabra que la nombra.

 

Por cierto, esa demanda no es de última hora, como afirma, entusiasta, el lobbysta de la oligarquía judicial Adrián Ventura, enmarcando el deseo oficial en un eventual “cambio de contexto”, que no explica. Ya el menemismo quiso hacerles pagar ganancias a los jueces. Tanto, que sancionó una ley, la número 24.631. Pero la Corte de entonces –la de mayoría automática– la frustró mediante la firma de una simple acordada, suscripta por los propios cortesanos comprendidos por el fallo. Juez y parte al mismo tiempo. En los tiempos de la desmesura neoliberal, una resolución administrativa de un Tribunal podía más que una ley del Congreso.

 

Ese fue el gran gesto de independencia que se permitieron aquellos integrantes del máximo cuerpo judicial del país. Hubo otro similar, sin embargo: en julio de 2001, cuando Domingo Cavallo dispuso el descuento del 13 % a los haberes de estatales y jubilados, otra resolución cortesana decretó que los jueces fueran los únicos agentes públicos que resultaran exceptuados del recorte. Los funcionarios de la Justicia son públicos, pero tampoco es para tanto. Meses más tarde, la Corte Suprema declaró inconstitucional la poda a los demás salarios, aunque a prudente distancia de los hechos: para entonces, Fernando de la Rúa ya no era presidente.

 

Ni hablar de los altos montos que percibe un juez jubilado. Es que los magistrados tienen para sí una ley especial de retiro, la número 24.018. Esa normativa es discriminatoria, no sólo para con el resto de argentinos, sino, además, para con el propio personal de los juzgados. Distingue violentamente entre hijos y entenados. Bajo sus prescripciones pueden jubilarse todos los funcionarios y fiscales, defensores y jueces, y no así sus empleados. A los trabajadores que no alcanzan la zanahoria de la categoría más alta del escalafón administrativo (Prosecretario) les cabe el régimen ordinario de jubilación. Y para el personal Obrero y Maestranza, ni siquiera la vaga ilusión de ese cargo, que no rige para su acotada carrera como trabajadores.

 

Para los jueces, pagar ganancias y no retirarse con más del 82 % móvil respecto de una dieta mensual superior en varios miles de pesos a las de la Presidenta y los legisladores nacionales (sobre las que tanto se polemizó en el verano), implicaría una flagrante violación constitucional. Paradójicamente, la solidaridad (principio sobre el que se sustenta el sistema jubilatorio de los demás mortales argentinos) atentaría contra su intangibilidad, condición en la que sustentan la garantía del debido proceso. Nuestros jueces nos dicen ahora que su libertad de criterio e independencia en las investigaciones dependen de lo abultado (o no) que resulte su recibo de sueldo.

 

¿Cuál es el valor de cambio de la dignidad y el decoro, según la ecuación de los jueces de la democracia? ¿Será que la magistratura se ha vuelto un clan de teóricos marxistas, que entiende ahora que el salario no es ganancia sino plusvalía?

 

Desde luego, semejantes prerrogativas más propias de una casta que de un Poder del Estado democrático, redunda en la calidad del servicio de Justicia. En la discusión sobre los ingresos y las exenciones impositivas del Poder Judicial no puede olvidarse la batalla que la Corte Suprema libró no hace mucho tiempo sobre los profesionales de la Morgue y el Cuerpo Médico, donde halló severas irregularidades, entre ellas peritos médicos que atendían en clínicas privadas en el mismo horario en que debían resolver consultas forenses en los Tribunales. Todo ello sin contar a los jueces que recurren a los beneficios jubilatorios toda vez que se sienten acorralados ante un pedido de juicio político.

 

Peor: para seguir conservando la obra social a la que aportaron durante toda su etapa activa, los judiciales que se retiran sin el privilegio previsional se ven obligados a hacer un doble aporte mensual: al PAMI y a su obra social de siempre. La entidad es manejada por un Directorio nombrado expresamente por la Corte, en el que no tienen voz ni voto los representantes de los empleados, blindaje de clase, antisindical, que no le ha evitado fraudes y cohechos.

 

Sería un verdadero despropósito que el gremio de trabajadores judiciales cambiara su histórica posición y se sumara a las demandas de la Asociación de Magistrados. Los empleados son la verdadera riqueza del Poder Judicial. Los jueces pasan, el personal queda. Los trabajadores constituyen la reserva moral de la Justicia. Ellos son la verdadera garantía de imparcialidad para el ciudadano común, y no el sueldo del Juez. La vieja lucha de la UEJN no es por la defensa de ley 24.018, sino por la puesta en práctica de un único régimen previsional, que alcance por igual a cortesanos y a ordenanzas. Pero nada es lo que parece en el camino de la transformación verdadera de la sociedad: que el operador Ventura cite en sus columnas en La Nación los twitts dominicales de Piumato resulta ciertamente inquietante. 

 

         * Trabajador judicial – Delegado de base 

Todo reclamo es político

Al devolver la política al centro de la escena pública, Néstor Kirchner restituyó también la ideología, no los eslóganes vanos de un tiempo que ya no es más, cuya sobrevaloración transformaría al peronismo en una cáscara vacía, y no en lo que debe ser: una identidad siempre en movimiento, dinámica, que logre fundir en una nueva las diferentes tendencias del campo popular.

La frase de Hugo Moyano en el salón Felipe Vallese de la CGT, durante el acto en recuerdo del paro general con movilización del 30 de marzo de 1982: “Les pido a los trabajadores que se preparen, porque la Plaza de Mayo va a volver a ser la Plaza de los trabajadores.” De los trabajadores peronistas, claro.  

 La frase de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de Mayo, el 18 de junio de 2008, en plena disputa con las patronales sojeras, en el punto más alto del conflicto y cuando más destituyente era la salida sugerida por los medios de comunicación hegemónicos: “Esta Plaza de Mayo empezó siendo de los peronistas, pero después de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es de todos los argentinos.”

 Un mundo separa ambos enunciados. Desde luego, no son –ni en uno ni en otro caso– exabruptos propios de la oralidad y el margen de improvisación lógicos en quien diserta ante un auditorio numeroso, decenas de miles la presidenta, y unos centenares el jefe de la CGT. Son evidentes tensiones ideológicas las que afloran por entre las representaciones del discurso y se ponen en cuestión. El lenguaje no traiciona.

 Por cierto, la disputa cuenta ya con varios chisporroteos previos. Uno de los más alusivos fue aquella proclama en recuerdo del nacimiento de Rucci que ya no alcanza a verse en las paredes de las avenidas porteñas, firmado por el tándem Venegas-Moyano. Se recuerda: el afiche contenía una cita del metalúrgico dirigida al lucifuercista cordobés Agustín Tosco, en la que hacía mención a su condición de “peronista” y al “drama” que esa caracterización ideológica le provocaría al emblemático líder del Cordobazo. Naturalmente, el destinatario del mensaje del cartel no era un inexistente sector clasista o corriente de izquierda dentro de la CGT, sino Cristina.  

 No era, sin embargo, el primer chispazo. En la cancha de Huracán, en diciembre último, Hugo Moyano devolvió una versión retro de aquel “imberbes” de 1974. Contrapuso a los “niños bien” con los trabajadores. Como si los jóvenes militantes de La Cámpora, de Kolina, del Movimiento Evita, no fueran asalariados. Como si él representara a los trabajadores de menor nivel de ingreso, a quienes el legítimo reclamo de elevar el mínimo no imponible no les mueve un pelo. Como si no hubieran pasado casi 40 años, un genocidio físico y otro social en el medio, y no urgiera en las fuerzas populares la necesidad de alcanzar nuevas síntesis ideológicas que den cuenta de renovadas identidades políticas, nacidas al calor de los procesos socio-históricos.

 La historia no pasó en vano. Ni para vencedores, ni para vencidos. Al devolver la política al centro de la escena pública, Néstor Kirchner restituyó también la ideología, no los eslóganes vanos de un tiempo que ya no es más, cuya sobrevaloración transformaría al peronismo en una cáscara vacía, y no en lo que debe ser: una identidad siempre en movimiento, dinámica, que logre fundir en una nueva las diferentes tendencias del campo popular.

A propósito, cuando se produjo el voto no positivo de Julio Cobos y la Resolución 125 se vio frustrada, con toda la carga política que eso implicaba, los debates posteriores al interior de los sectores más ortodoxos de la alianza oficialista rondaron, aunque por lo bajo, un concepto que parecía meramente práctico, de procedimiento: el gobierno se había equivocado en poner a un radical en la fórmula presidencial, y también en no negociar con el pejotismo bonaerense sintetizado en Felipe Solá.

 Pues bien: ahora vemos que aquella observación no era práctica, estrictamente táctica, sino profundamente ideológica. De contenido, no de forma. Al gobierno se le reprochaba haber profundizado la disputa, no haber arriado a tiempo sus banderas, no alcanzar algún tipo de acuerdo con el sector más dogmático del pejotismo, y llegar así a una situación de excesiva debilidad política. “En el peronismo nadie mea agua bendita”, pretendían explicarle a Cristina, recordándole la bolilla número 1 del histórico movimiento policlasista, recriminándola por no haber acordado con dirigentes que al año siguiente integrarían el armado electoral de Francisco De Narváez. 

 Casualmente, esos mismos objetores de ayer son quienes hoy ven en el gobierno un “cambio de rumbo”, un “soviet”, un “ajuste neoliberal”, un “regreso a los años noventa”, al tiempo que objetan a la presidenta por haberle puesto a Mariotto a “comerle los talones al pobre Scioli”. Insólito. “¿Qué trabajo territorial tienen Kicillof o Larroque que justifique su gravitancia política y sus puestos en áreas sensibles del Estado que sin dudas debieran ocupar viejos caciques, de lealtad a prueba de balas: un Curto, un Othacehé, un Romero?”, rumian en silencio. Y el trasvasamiento generacional, ¿para cuándo?
 Asistimos, pues, a lo de siempre: argumentaciones de izquierda para reclamar, al dorso, más derecha. No es nuevo. Lo que sí es novedoso son las dificultades que se les presentan: ¿cómo interpretar según esa lectura que no sabe con qué ojo mirar –si el diestro o el de al lado–, el avance estatal sobre YPF? ¿Cómo situarse ante el enojo de los países centrales en la OMC? ¿Cómo entender el grueso error de poner por delante de la puesta en práctica de una política industrialista en la Argentina, como hacía décadas no experimentaba el país, “la inflación del carrito de supermercado”? ¿Será que ya no es suya la batalla por la plena vigencia de la Ley de Medios ahora que se pavonean ante las cámaras y micrófonos del Grupo Clarín y denuncian “censura” en las pantallas de la TV Pública? Fracasados todos los ensayos con los políticos de la oposición, ¿habrá en ciernes un experimento que amalgame a algún gobernador con cierta rama sindical? 

 Nada es lo que parece en el camino largo y sinuoso de la liberación verdadera de una sociedad, de la alteración positiva de sus estructuras de dominación, de la relativa emancipación del hombre bajo las espesas condiciones en que se desarrolla el capitalismo por estos lares del Sur. Los que parecían estar, podrían ya no estar más. Y viceversa. Tanto más en momentos de grandes definiciones, de las que depende la suerte inmediata de proyectos populares de transformación. Lo que parece no ser, acaba siendo.

 Cuando las tensiones asumen las formas de puja ideológica, estamos a las puertas de un cambio ciertamente edificante. La profundización es eso también. Como el gobierno de Cristina, la ideología tampoco es neutral.