subejecución del presupuesto judicial
El martes pasado este diario informó en una
columna de su periodista Gabriel Morini que la Corte Suprema resolvió
arancelar los servicios de medicina laboral que el Máximo Tribunal
extendía a los miembros de las fiscalías y defensorías. Como se verá más
adelante, el motivo del recorte no se debe a una urgencia financiera.
Con fecha 27 de junio, la Corte emitió su informe mensual de Ejecución
Presupuestaria hasta mayo del corriente año. El detalle de gestión
suministrado por el Máximo Tribunal es público y su acceso a él es
sencillo. Basta entrar al sitio web de la Corte y hacer doble clic en el
campo "Presupuesto" del apartado "Secretaría General de
Administración", cuya máxima autoridad es el contador Héctor Daniel
Marchi, hombre de extrema confianza del titular de la Corte, Ricardo
Lorenzetti. Honestidad brutal, al decir de Calamaro.
En el detalle del informe puede leerse claramente que de los 2151 millones de pesos y chirolas asignados por el Parlamento al Poder Judicial para su normal funcionamiento, la Corte lleva ejecutados hasta el mes de mayo inclusive, sólo 102 millones. De esos 102 millones, 75 corresponden a gastos de Personal.
No hace falta ser contador público para advertir que hasta el mes de mayo la Corte desembolsó menos del 5% del dinero previsto para el total del año. ¿Ocurrirá el milagro de que tras la feria de julio la Corte ejecute el 95% restante? Difícil.
La ecuación se agrava al observar el desagregado de la información. En la categoría Bienes de Uso, la Corte tiene un crédito vigente de casi 247 millones de pesos, pero ha ejecutado sólo 5 millones. El apartado corresponde al dinero que debiera emplearse en construir nuevos edificios que den respuesta al notable incremento de la actividad judicial, y a las mejoras en los locales ya disponibles, muchas de ellas urgentes.
¿Cuáles son esos edificios pendientes de ser puestos en condiciones? Uno de ellos es la flamante Biblioteca. El coqueto edificio que ocuparán los libros de la Corte se encuentra ubicado en la calle Rivadavia al 700. Ex sede de la imprenta Cogtal, la Corte Suprema lo compró en 2008 para instalar allí la Biblioteca Judicial más importante de América Latina, pensada como una oficina de investigación en Derecho comparado y jurisprudencia. Invirtió 7,7 millones de pesos para adquirir el inmueble, que desde entonces se encuentra abandonado a su suerte, sin las obras necesarias para su indispensable puesta a punto.
Entre la fecha de compra y el primer presupuesto asignado por la Corte para ponerla en funcionamiento pasaron dos años. Cuatro millones en 2010, otros tres en 2011 más un refuerzo de 9,2 millones de pesos en el mismo ejercicio. Y la Biblioteca siguió paralizada. En 2012, peor: se le asignaron 14 millones, que tampoco se gastaron. Para el año 2013, la Corte ni siquiera fatigó el lápiz: proyectó exactamente la misma cantidad de dinero que no gastó en 2012, unos 14.246.768 pesos. El colmo: como la Corte sabe que tampoco en este año utilizará esos fondos, ya proyectó un incremento de 5 millones para el ejercicio 2014.
No es el único caso. En el edificio de Lavalle al 1400 las licitaciones se cayeron debido a las demoras en su ejecución. El inmueble de Tucumán al 1500, donde deberían trabajar los abogados que asesoran en forma gratuita a los ciudadanos que no tienen los recursos suficientes para costearse la asistencia legal, está en ruinas, lo mismo que el emblemático edificio proyectado como futura sede de la Morgue Judicial, que se llamará Instituto Cecilia Grierson. Flaco homenaje de la Corte a la primera médica recibida en el país, cuyo rostro habita el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, en la Casa Rosada.
Esto en lo que hace estrictamente a los edificios que dependen de la Corte. Si Marchi es lento para gestionar lo que le compete a la infraestructura del Máximo Tribunal, resulta casi negligente en lo que hace a inmuebles que dependen del Consejo de la Magistratura. A saber: demoras en el Juzgado Federal número 2 de Resistencia, Chaco; grandes retrasos en la construcción del edificio para la Cámara Federal y el Tribunal Oral de la misma ciudad.
Idéntica situación en las entrerrianas Paraná y Victoria. En esta última, el Poder Judicial dispuso hace cuatro años el alquiler de un edificio para un juzgado que nunca fue puesto en funcionamiento. Lo mismo en Rafaela. Allí el Poder Judicial alquiló al Correo un local hace tres años para un juzgado que nunca abrió sus puertas. Al menos nadie podrá decir de Marchi y Lorenzetti, oriundos de esa ciudad santafesina, que traficaron influencias para privilegiar su pago chico.
Situaciones análogas se dan en Posadas, Mendoza, Jujuy, y Capital Federal, no obstante lo cual, y mientras el Congreso discutía las leyes de Democratización de la Justicia, la Corte Suprema aumentaba en 310 millones de pesos el dinero que destina periódicamente a incrementar su fondo anticíclico.
Ese fondo fue creado en el año 2008 mediante la Acordada 34. En verdad, son dos fondos. Uno Anticíclico, y el otro, de Infraestructura, instituido dos Acuerdos antes, bajo el número 32/08. El marco de ambas resoluciones era la notable crisis mundial, por entonces en ciernes, y cuya profundidad sigue hasta hoy conmoviendo los cimientos del capitalismo mundial. La finalidad del recurso creado por la Corte era "atenuar los impactos violentos que suelen generar los ciclos económicos y con ello asegurar un planeamiento con reducción de riesgos". Ambos Fondos permitían, además, disimular el déficit de gestión, encubrir los errores de administración y mantener cautivo del Poder Judicial todo ese caudal de dinero, que no regresa al Tesoro. Esa millonada de pesos está bien guardada en plazos fijos, convertibles en hasta un 50% en moneda extranjera.
En el inciso 3 de su artículo 114, que establece la naturaleza y las funciones del Consejo de la Magistratura, la Constitución le ordena "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia". El texto es claro; los límites, precisos. Las interpretaciones sobre ese párrafo no dejan mucho margen para la imaginación. Sin embargo, no se cumple. ¿Cómo justificar semejante excepción a la norma siendo tan decepcionantes los resultados de gestión demostrados por la Corte Suprema? Ni la excusa de la "independencia judicial", siempre a mano, alcanza para tanto.
¿Para esto quería la Corte el dinero de la justicia?
El inmueble donde deberían trabajar los abogados que asesoran en forma gratuita a los ciudadanos que no tienen los recursos suficientes para costearse la asistencia legal está en ruinas.
En el detalle del informe puede leerse claramente que de los 2151 millones de pesos y chirolas asignados por el Parlamento al Poder Judicial para su normal funcionamiento, la Corte lleva ejecutados hasta el mes de mayo inclusive, sólo 102 millones. De esos 102 millones, 75 corresponden a gastos de Personal.
No hace falta ser contador público para advertir que hasta el mes de mayo la Corte desembolsó menos del 5% del dinero previsto para el total del año. ¿Ocurrirá el milagro de que tras la feria de julio la Corte ejecute el 95% restante? Difícil.
La ecuación se agrava al observar el desagregado de la información. En la categoría Bienes de Uso, la Corte tiene un crédito vigente de casi 247 millones de pesos, pero ha ejecutado sólo 5 millones. El apartado corresponde al dinero que debiera emplearse en construir nuevos edificios que den respuesta al notable incremento de la actividad judicial, y a las mejoras en los locales ya disponibles, muchas de ellas urgentes.
¿Cuáles son esos edificios pendientes de ser puestos en condiciones? Uno de ellos es la flamante Biblioteca. El coqueto edificio que ocuparán los libros de la Corte se encuentra ubicado en la calle Rivadavia al 700. Ex sede de la imprenta Cogtal, la Corte Suprema lo compró en 2008 para instalar allí la Biblioteca Judicial más importante de América Latina, pensada como una oficina de investigación en Derecho comparado y jurisprudencia. Invirtió 7,7 millones de pesos para adquirir el inmueble, que desde entonces se encuentra abandonado a su suerte, sin las obras necesarias para su indispensable puesta a punto.
Entre la fecha de compra y el primer presupuesto asignado por la Corte para ponerla en funcionamiento pasaron dos años. Cuatro millones en 2010, otros tres en 2011 más un refuerzo de 9,2 millones de pesos en el mismo ejercicio. Y la Biblioteca siguió paralizada. En 2012, peor: se le asignaron 14 millones, que tampoco se gastaron. Para el año 2013, la Corte ni siquiera fatigó el lápiz: proyectó exactamente la misma cantidad de dinero que no gastó en 2012, unos 14.246.768 pesos. El colmo: como la Corte sabe que tampoco en este año utilizará esos fondos, ya proyectó un incremento de 5 millones para el ejercicio 2014.
No es el único caso. En el edificio de Lavalle al 1400 las licitaciones se cayeron debido a las demoras en su ejecución. El inmueble de Tucumán al 1500, donde deberían trabajar los abogados que asesoran en forma gratuita a los ciudadanos que no tienen los recursos suficientes para costearse la asistencia legal, está en ruinas, lo mismo que el emblemático edificio proyectado como futura sede de la Morgue Judicial, que se llamará Instituto Cecilia Grierson. Flaco homenaje de la Corte a la primera médica recibida en el país, cuyo rostro habita el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, en la Casa Rosada.
Esto en lo que hace estrictamente a los edificios que dependen de la Corte. Si Marchi es lento para gestionar lo que le compete a la infraestructura del Máximo Tribunal, resulta casi negligente en lo que hace a inmuebles que dependen del Consejo de la Magistratura. A saber: demoras en el Juzgado Federal número 2 de Resistencia, Chaco; grandes retrasos en la construcción del edificio para la Cámara Federal y el Tribunal Oral de la misma ciudad.
Idéntica situación en las entrerrianas Paraná y Victoria. En esta última, el Poder Judicial dispuso hace cuatro años el alquiler de un edificio para un juzgado que nunca fue puesto en funcionamiento. Lo mismo en Rafaela. Allí el Poder Judicial alquiló al Correo un local hace tres años para un juzgado que nunca abrió sus puertas. Al menos nadie podrá decir de Marchi y Lorenzetti, oriundos de esa ciudad santafesina, que traficaron influencias para privilegiar su pago chico.
Situaciones análogas se dan en Posadas, Mendoza, Jujuy, y Capital Federal, no obstante lo cual, y mientras el Congreso discutía las leyes de Democratización de la Justicia, la Corte Suprema aumentaba en 310 millones de pesos el dinero que destina periódicamente a incrementar su fondo anticíclico.
Ese fondo fue creado en el año 2008 mediante la Acordada 34. En verdad, son dos fondos. Uno Anticíclico, y el otro, de Infraestructura, instituido dos Acuerdos antes, bajo el número 32/08. El marco de ambas resoluciones era la notable crisis mundial, por entonces en ciernes, y cuya profundidad sigue hasta hoy conmoviendo los cimientos del capitalismo mundial. La finalidad del recurso creado por la Corte era "atenuar los impactos violentos que suelen generar los ciclos económicos y con ello asegurar un planeamiento con reducción de riesgos". Ambos Fondos permitían, además, disimular el déficit de gestión, encubrir los errores de administración y mantener cautivo del Poder Judicial todo ese caudal de dinero, que no regresa al Tesoro. Esa millonada de pesos está bien guardada en plazos fijos, convertibles en hasta un 50% en moneda extranjera.
En el inciso 3 de su artículo 114, que establece la naturaleza y las funciones del Consejo de la Magistratura, la Constitución le ordena "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia". El texto es claro; los límites, precisos. Las interpretaciones sobre ese párrafo no dejan mucho margen para la imaginación. Sin embargo, no se cumple. ¿Cómo justificar semejante excepción a la norma siendo tan decepcionantes los resultados de gestión demostrados por la Corte Suprema? Ni la excusa de la "independencia judicial", siempre a mano, alcanza para tanto.
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