El turno de salir a la calle

 

 

 

Hay quien dice que el Gobierno nacional debe hacerse cargo del cacerolazo del jueves 13 de septiembre y bajar un rango en la confrontación con los espesos intereses concentrados con los cuales rivaliza desde que se inició la experiencia kirchnerista. Hasta aquí, todo muy racional y democrático. Un gesto de republicanismo. Los canales de televisión, una herramienta comunicacional al servicio de la información veraz y objetiva. Sin embargo, lo que hay por detrás de una movilización planificada durante semanas, para nada espontánea, anunciada incluso en las versiones en papel de los diarios hegemónicos con, por lo menos, nueve días de anticipación, es el primer paso de una movida destituyente, desestabilizadora, o lo que dé.

 

Que no fuera espontánea no tendría por qué estar mal, o tener una carga negativa, excepto para ese relato antipolítico y antiorganizativo sobre el que se montan las operaciones mediáticas de la derecha en sus múltiples expresiones, que alienta las protestas. Lo espontáneo contra el “unidos y organizados” lanzado en Vélez. 

 

Quien reclama al Gobierno que “escuche el mensaje” de las ollas abolladas en las esquinas más paquetas de la ciudad, lo hace desde una lectura interesada de los hechos, y no como analista ajeno a las disputas que se tienden sobre su objeto de análisis. Eso es, exactamente, lo que los promotores de la protesta quisieran que hiciera la Presidenta de la Nación. Fue precisamente para eso que durante las semanas previas emprendieron una feroz campaña mediática tendiente a instalar en la sociedad el miedo a un supuesto Estado policial en ciernes.

 

Evidentemente, los reclamos con un barniz republicano, de defensa de las instituciones democráticas cuando estas son aparentemente vulneradas, por parte de un segmento social ubicado entre el medio y el techo de la pirámide de ingresos, logran sin demasiado esfuerzo traducirse en expresiones callejeras. Probablemente haya más en las próximas semanas.

 

De aquí al 7 de diciembre, la acción directa será vista como una virtud propia de las democracias más dinámicas. Los caceroleros de la esquina de Santa Fe y Coronel Díaz reclamarán para sí la misma soberanía institucional que tiene una sesión parlamentaria. Un asambleísmo de los propietarios. Un centralismo democrático cuyo vértice son los titulares de las cuentas bancarias más suculentas. Si pudieran reunirían miles y miles de firmas para los fines más diversos, que con gusto reemplazarían por el resultado electoral de octubre pasado. Lo estrambótico que previó la Presidenta una semana atrás. 

 

Por lo demás, resulta paradójico que le pidan clemencia y consenso al Gobierno, y no al más penetrante Grupo multimediático que no escucha (ni deja escuchar) el mensaje de las urnas de hace menos de un año, que no quita el pie derecho del acelerador en su confrontación con las medidas oficiales, y, esencialmente, que no da cuenta del fallo de la Corte Suprema que puso fecha límite al vergonzoso paraguas cautelar que otros magistrados de esa misma Justicia abrieron hace 3 años y lo mantiene todavía a resguardo de la ley. 

 

Que el Gobierno escuche las cacerolas, como aconsejan, tiene una única lectura: que suspenda los juicios a los genocidas cívico-militares; que endeude al país para cumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores externos; que anule la Asignación Universal por Hijo y reasigne esos recursos al extremo más pudiente de la estructura social; que ajuste el gasto público; que acabe de una vez con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones; que les devuelva el negocio de televisar los partidos de fútbol a Clarín y TyC Sports; que les devuelva a los bancos el control del aporte de los trabajadores para sus jubilaciones; que le devuelva YPF a Repsol; que les devuelva la retención por la exportación de soja a sus productores.

 

Evidentemente, “devolver” por parte del Estado no sería, como dicen, un gesto de grandeza y misericordia política y social. Hoy más que nunca, “devolver” sería volver atrás, regresar paulatinamente el ciclo abierto el 25 de mayo de 2003 a fojas cero. 

 

La Presidenta, no obstante, parece pensar muy diferente. Cristina no va a ponerse nerviosa, notificó desde el interior profundo de la provincia de San Juan. Otros, ya lo están. El 7 de diciembre se acerca inexorablemente al calendario de las conquistas populares más determinantes de nuestra democracia.

 

Previsiblemente, la derecha intentará tirar del mantel al suelo así se venga toda la cristalería al piso. Ahora les toca actuar a otros que son millones, que también sabrán salir unidos y organizados a las calles, sin ponerse nerviosos, a sostener el mantel sobre la fórmica nacional y popular, y lo que es más definitorio: a cuidar sus platos bien servidos para todos y todas, su posibilidad de tener un trabajo, su –quizás– última oportunidad sobre la Tierra.

FIN DEL MONOPOLIO CLARIN

 

El 7 de diciembre ya está entre nosotros

 

 

 

Cuando la democracia, por fin, empieza a parecerse a la bella palabra que la nombra, los tiempos se aceleran. La Justicia deja de ser una señora gorda y se convierte en lo que su nombre denomina. Los minutos se convierten en segundos, y el tiempo, ese devenir, en algo más definitorio que un simple acontecer. El 7 de diciembre ya está asomando entre nosotros, aún cuando los últimos fríos del invierno se agitan en este septiembre inexorable.

 

Todo lo más o menos importante que suceda o deje de suceder de aquí a ese día, tendrá que ver con esa fecha bisagra. Sin dudas, habrá 8 y 9 y 15 de diciembre en el calendario, pero la carga política de lo que nos depare como sociedad democrática dependerá de esa jornada.

 

Cristina ya avisó: el 7 de diciembre se termina la ilegalidad en la que aún persiste el Grupo Clarín. Ni las oraciones del gurú Ravi Shankar podrán impedirlo. Ilegalidad en la que aún subsiste por obra y gracia de un Poder del Estado cuya razón de ser es investigar las transgresiones a la ley y sancionar a sus autores, para evitarlas a futuro. Paradojas de la democracia argentina.

 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada hace 3 años por ambas cámaras parlamentarias, sancionada con una inobjetable mayoría compuesta por legisladores de diversos partidos, promulgada a instancias de la decisión política del gobierno nacional luego de múltiples debates, intervenciones y aportes de la sociedad civil, aún no puede aplicarse en su totalidad sobre el principal operador de radios y canales de televisión. La ley rige para todos, menos para Clarín. Una norma de doble vara. Parece una broma de mal gusto, pero es una de las más crueles verdades de esta democracia. El paraguas cautelar para el Grupo estará abierto hasta el 7 de diciembre y ni un día más; para entonces, la sanción de la ley vulnerada sistemáticamente por el principal actor mediático habrá cumplido casi el mismo tiempo que un mandato presidencial. A Magnetto no lo votó nadie nunca, pero su resistencia a la ley más importante de la democracia argentina lo mantuvo en el poder real, casi tanto tiempo como a una gestión de gobierno. Su tiempo de descuento duró como un partido entero.

 

Por lo demás, nótese que Cristina no tomó el guante del 7 de diciembre cualquier día, como al pasar. Todo lo contrario. Eligió la situación y previó convenientemente el momento. En un mismo discurso, la presidenta refutó las constantes operaciones políticas del monopolio comunicacional y señaló fuertemente al grupo Techint, la corporación empresaria más poderosa del país. Como para que no queden dudas de su camino. La profundización de la que tanto se habló en los meses previos a las elecciones de octubre pasado, y que el pueblo apoyó con su voto, no tiene vuelta atrás. Teléfono para tantos distraídos de lengua dulce.

 

La pregunta es qué haremos nosotros con ese día, que se nos acerca al rostro con la velocidad de un rayo y también con su luz. ¿Iremos a la Plaza de Mayo? ¿Al Congreso? ¿A las puertas de los canales de televisión y radios del Grupo Magnetto a impedir lo obvio? ¿Todo eso junto? ¿Cuánto estaremos dispuestos a poner de nuestro propio cuerpo en esta lucha de tantísimos años, que parece arribar, finalmente, a una nueva síntesis: el fin del imperio Clarín?

 

Síntesis, decimos, porque no es la victoria final. No existen las victorias últimas,  conclusivas, en el arduo camino del interés popular. La batalla de fondo es otra, que comprende a la de superficie, y que se libra desde hace siglos, con resultado cada vez más alentador. Pero sin el avance del 7 de diciembre será imposible arribar a nuevas conquistas democráticas. Si no logramos socializar la palabra, democratizar las voces y lo más importante: los micrófonos para amplificarlas, ¿cómo habríamos de seguir distribuyendo cada vez más equitativamente las riquezas socialmente generadas?

 

El 7 de diciembre asoma por detrás del discurso del miedo que emplean hasta el extremo del ridículo los narradores de la derecha. Miedo a Cristina que pide que le tengan miedo; miedo a la reivindicación del “setentismo montonero”, como lo impugnan; miedo a que La Cámpora “adoctrine” a nuestros hijos en las escuelas. Todos miedos de papel que, en rigor, esconden un único temor, ese sí que verdadero: al 7 de diciembre.

 

La repentina pasión de algunos por el federalismo es la expresión institucional que asume por esos días el miedo al 7 de diciembre. Hay quien se piensa engranaje de una pieza sola. De la Sota tiene miedo a que las cosas se le vayan definitivamente de las manos a su ortodoxia pejotista, desde mucho antes del fallo de la Corte que le puso vencimiento al techito donde Clarín se guarece del sol democrático.

 

Ya el 24 de marzo de 2004, cuando Néstor Kirchner encabezó frente a las puertas de la ESMA el acto por el cual el Estado argentino pidió perdón por sus culpas y cedió ese predio de muerte al pueblo y sus organizaciones que lucharon durante décadas contra la impunidad cívico-militar, el gobernador de Córdoba sintió miedo. Fue cuando le dijo a Hebe de Bonafini que las Madres deberían haber cuidado más a sus hijos, respondiendo así al rechazo que los pañuelos blancos había expresado a los gobernadores que querían limpiarse la cara en el acto que encabezaría el presidente santacruceño. “Si van esos gobernadores no vamos las Madres”, dijeron ellas. Si por De la Sota fuera, el ciclo de transformaciones abierto en mayo de 2003 tendría que haber acabado en marzo siguiente. Las Madres lo advirtieron tempranamente. Y tenían razón.

 

Como tiene hoy razón la presidenta, que a diario avanza un paso más en el camino que por entonces, hace 9 años, muchísimos menos de los que hoy somos avizoraban. Hay algo mucho más edificante que la mera retórica en la puesta en valor desde la más alta investidura estatal de los sueños revolucionarios de la generación diezmada por el terror represivo. Aquella vez, Néstor Kirchner llamó “mis compañeros” a los desaparecidos. Fue todo un hito. Ahora, Cristina recuerda a Envar El Kadri y Dardo Cabo. No sólo el recuerdo sentido, quieto en su emoción, sino la reivindicación política, cuya forma más compleja y avanzada es la continuidad, aunque por otros medios que dicta el nuevo contexto histórico, de sus luchas. En el medio, la política, que la conduce.

 

Y que marca los tiempos. Sin dudas, el 7 de diciembre es consecuencia intrínseca del 54 % de votos obtenidos hace menos de un año atrás. El fallo que hace unos meses puso por fin un punto final a la democracia tutelada, no sobrevino antes del mensaje de las urnas. Ya lo dijo el presidente de la Corte Suprema en abril de 2008: “Judicializar los conflictos no es el mejor camino; lo mejor es que se resuelven en el campo de la política, (que) para eso funciona”. Si aquello valió para los exportadores de soja, que también valga, de una vez por todas, para la Ley de Medios, entonces. Y algo más: que nadie lo olvide después del 7 de diciembre

EL LARGO CAMINO DE SER JOVEN

 

La juventud, parte indivisible del proyecto

 

 

 

Siempre se dijo de Néstor Kirchner que en verdad él era su ministro de Economía. Un ministro solapado, en las sombras, como si tuviera que pedir permiso para decidir sobre el proyecto económico de un gobierno del que él era su máxima autoridad. El paradigma neoliberal había llegado al extremo de escindir drásticamente la economía de la política, tanto que el nombre del ministro de Hacienda parecía más definitorio que el del propio presidente.

 

Algo de eso observó la Jefa de Estado en su discurso por el Día de la Industria. “No se trata de modelos económicos, sino de proyectos políticos”, dijo Cristina en Tecnópolis. Sin dudas, el primero es parte del segundo, incluso en los proyectos de país absolutamente divergentes del actual, cuyos argumentadores, sin embargo, se empeñan en sostener lo contrario.

 

Las medidas económicas anunciadas por José Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976 indicaban claramente el proyecto de país que traían bajo sus espesas suelas los borceguíes militares. El genocidio fue intrínseco a ese proyecto. No marchaban separados el exterminio físico y la destrucción del aparato productivo nacional. No era una banda de forajidos ajena a la pulcritud financiera. Pero, claro, todavía hoy algunos lo cuentan al revés.

 

A propósito, desde hace unos días el diario La Nación cambió el diseño de su edición en papel, para –eso dicen– volverlo más ágil y atractivo ante sus lectores. “¿Por qué La Nación cambió La Nación?”, se pregunta con giro bergmaniano uno de sus columnistas, Carlos M. Reymundo Roberts. Arriesgo: porque no puede cambiar otra cosa. Sin dudas, la marca periodística La Nación quisiera torcer el rumbo de los acontecimientos que ocurren en la Nación desde hace nueve años, pero incapaz de hacerlo, cambia la fuente tipográfica de sus páginas.

 

Es un premio consuelo, después de todo, aunque demasiado pobre. Si como dice Jorge Fernández Díaz, “lo que en política es pecado, en periodismo es virtud”, se entiende por qué La Nación mantiene el calibre belicoso y oligárquico de sus comentarios editoriales, a prudente resguardo de lo que sucede en el país. Novedosos en el envase, prejuiciosos en el contenido. Basta repasar sus títulos editoriales para comprobarlo, uno de los cuales se pregunta “hasta dónde llegará el extremismo de Cristina”. La misma retórica empleada para justificar el genocidio.

 

Nada más reaccionario y viejo como el militante esfuerzo de La Nación por frustrar desde su narración interesada de los hechos el ciclo de transformaciones iniciado el 25 de mayo de 2003. Lo que en política es virtud, para cierto periodismo es pecado.

 

Los mismos que se oponen a que los jóvenes menores de 18 años voten en las elecciones nacionales son quienes militan para bajar el límite de edad para imputar delitos. “A delitos de adulto, penas de adulto”, se reduce su universo conceptual. Si a los 16 años se puede trabajar e ingresar así en la ecuación básica del capitalismo, por qué no habría de permitirse el voto.

 

Que manejen el auto de papá, sí; que opinen de política en la mesa, jamás. Esas argumentaciones parecen provenir desde posiciones aparentemente apolíticas, pero son todo lo contrario. Tienen por el Derecho simpatía sólo en el apartado de sus obligaciones. Lo estiman cuanto más impide hacer. He ahí, quizás, la expresión más concentrada del pensamiento de derecha.

 

De los 33 muertos contabilizados por la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001, 10 tenían hasta 18 años de edad. Durante los años de la implosión neoliberal, vieron a sus padres perder el empleo, dejaron de ir a la escuela o fueron a ella sólo a comer, se organizaron como pudieron, y salieron entonces a la desesperada a la calle a decirle basta a De la Rúa, tras lo cual murieron bajo balas del Estado. Sin embargo, no recibieron de la ley de ese mismo Estado ni siquiera el reconocimiento a un derecho esencial: optar por el candidato que los podría sacar de su condición de extrema vulnerabilidad. No eligieron a la Alianza, pero la padecieron hasta la muerte. La “democracia” sólo los dejó opinar con sus cuerpos.

 

Los casos se repiten con frecuencia en nuestra historia. Sin ir más lejos, los estudiantes de La Noche de los Lápices, de cuyo secuestro se cumplen en unos días más 36 años.

 

Fueron ejemplo de vida, de entrega, de solidaridad, y no obstante, la ley los trató como adolescentes para sus derechos cívicos, y como hombres maduros para los rigores de sus mecanismos de represión.

 

“Cambiar la vida”, aconsejó Rimbaud a sus 17 de edad. La derecha, todo lo contrario. Para los que quieren que todo siga como está, el objetivo inmediato es prolongar la edad del pavo. Que los jóvenes sean consumidores, mas nunca militantes. Objetos de la ciudadanía de otros, y no sujetos de sus propios derechos ciudadanos.

 

Desde el 25 de mayo de 2003, esto viene siendo modificado exponencialmente. De aquí a algunas décadas, los profesores de educación cívica se referirán al ciclo kirchnerista como el de la restitución plena de derechos (al trabajo, a la salud, al alimento, al ingreso mínimo) y la creación de otros, que la ley no contemplaba: casarse con quien uno desee, sin importar el género del cónyuge, y votar, incluso sin haber cumplido los 18.

 

Como no siempre ocurre, la discusión en el plano normativo es consecuencia de algo que sucede previamente en la base social. El cambio en nuestra Carta Magna es, en ese sentido, inexorable. Que quienes cursan los 16 y hasta los 18 años puedan votar no es, en modo alguno, un proyecto traído de los pelos, ni aislado de la política imperante en el país desde hace tres mandatos presidenciales. El alentador aumento en la cantidad de jóvenes que a pesar de estar transitando su adolescencia hacen sus primeras experiencias de participación política es innegable.

 

Quienes insisten en desconocerles a los jóvenes sus derechos políticos, ¿dónde estuvieron durante la movilización popular del Bicentenario? ¿Bajo qué cama se escondieron cuando una multitud conmovedora de jóvenes salió a las calles a llorar la muerte de Néstor Kirchner, y lo que es más determinante aun: a ofrecerle a Cristina su voluntad de organización y lucha, su desenfado, para sostener su gobierno y profundizarlo?

 

“El camino de la juventud lleva toda una vida”, decía Pablo Picasso. Si lo sabrán las Madres de Plaza de Mayo. Un proyecto emancipador no puede tener entre sus protagonistas únicamente a los jóvenes, pero de ningún modo debe prescindir de ellos. Mal que le pese a la derecha, la juventud es parte indivisible del proyecto de país que sintetiza Cristina. Su garantía de continuidad. Más que un rasgo etario, el desafío es convertir a la condición “joven” del actual proyecto político en una definición ideológica. A quienes se quejan por las manifestaciones que asume la participación juvenil, en verdad no los deja dormir el fondo. Saben que La Cámpora es sólo el emergente de un cambio cultural. Y contra eso no hay 0-800 que alcance.