Demetrio Iramain

Ahora es cuando: democratización del Poder Judicial

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvió la política. En verdad nunca se había ido, pero las formas que asumió durante las últimas semanas la volvieron una ilustre desconocida por aquí. Desde la muerte de Hugo Chávez la escena nacional experimentaba una dinámica distinta. El funeral del líder bolivariano, la asunción del Papa Francisco, la sucesión de feriados y la tragedia provocada por la inundación, impusieron un impasse en la agitada vida política del país, más notable aún por cuanto el presente ejercicio corresponde a un año electoral, que será clave.


¿Quién se acordó durante estos días de la dispersión en los precios y la renovación del acuerdo de congelamiento por otros sesenta días más? Absolutamente nadie. Lo mismo con el dólar. Parece cierto, entonces, que no existe razón objetiva para que haya inflación, y menos aún para una devaluación del peso nacional, como ansían los grupos económicos vinculados a la exportación.


Una de las propuestas de la reforma judicial integral planteada por la Presidenta comprende el sistema de ingreso a la Justicia. Al lado de los demás vértices del plan transformador parece menor, casi simbólico. No es tan así. Quienes trabajan en la Justicia hacen al fondo de la cuestión. No puede haber un Poder Judicial plural, ético, si el personal que lo hace posible todos los días es una extensión de las corporaciones que la democracia quiere sacarle de encima.


Desde luego, no todos los empleados de Tribunales son hijos de la gran familia judicial. Es frecuente caer en esa errónea simplificación. Como en toda institución estatal, en la Justicia también hay contradicciones en su interior. Algunas de ellas son notorias. Evidentes. El Estado es un escenario en puja permanente entre clases antagónicas y las formas ideológicas que adquieren esas clases. También, y quizás muy especialmente, en la Justicia. De ahí, quizás, la aclaración de Cristina: “La democratización de la Justicia no implica que (…) estamos tratando de antidemocrático al sistema” sino que hay "una larga y mala historia respecto de las instituciones en general".


El encuentro en la Biblioteca Nacional, el edificante surgimiento de entre los propios actores del Poder Judicial (jueces, fiscales, defensores, empleados) de un movimiento contracíclico, cuyos miembros resisten la corporación de la que objetivamente forman parte, son prueba de esas dinámicas pujas.


Evidentemente, transparentar el ingreso de quienes desean ingresar a trabajar en Tribunales constituye un desafío en sí mismo. Sin dudas, el azar de la lotería nacional será mucho más ecuánime y justo que el largo dedo de los jueces. Pero la propuesta no debiera quedarse ahí: el régimen de ascensos continúa en manos de esos mismos magistrados, que promueven durante toda la vida laboral del personal un sistema cuasifeudal de disciplinamiento, alentado por una contingencia determinante: los judiciales carecen de convenio colectivo de trabajo. Su derecho a peticionar, a discutir lo que pasa en sus oficinas, a sentarse en igualdad de condiciones con los jueces, es muy limitado. La Corte llama por teléfono al gremio para notificarle su decisión de otorgar un aumento salarial, no para discutir con el representante de los trabajadores el índice del incremento.

Bajo esa relación macro resulta muy favorecida la tendencia casi natural de los magistrados a manejarse con absoluta discrecionalidad y sin rendir cuentas a nadie, menos que menos a su Escribiente auxiliar. Horas extras para los que no discuten nada de la autoridad, ascensos para quien nunca va a una asamblea gremial, flexibilidad en el cumplimiento de los reglamentos sólo para quienes miran para otro lado cuando el juez comete alguna arbitrariedad en los expedientes.


Con la excusa del secreto que deben guardar los empleados, y la gravedad de los temas que son insumo de trabajo en los juzgados, muchos jueces tratan a su personal como un bien propio, a su entera disposición, y no como lo que en definitiva son esos trabajadores: agentes del Poder Judicial de un estado democrático, que trasciende largamente al magistrado a cargo de la dependencia. Los trabajadores deben guardar fidelidad a la ley, a la Constitución, a la sociedad democrática que confió en ellos su última garantía; no al juez de turno.


¿Se imagina alguno a un juez o a un fiscal acosando sexualmente a su Jefa de despacho? Ocurre. En 2009 un Fiscal nacional en lo Criminal de Instrucción (Claudio Soca, ex titular de la fiscalía 46) fue destituido por un Tribunal de Enjuiciamiento de la Procuración General. Cuatro empleadas lo acusaban de agredirlas hasta límites insoportables. El sumario interno acreditó que las denuncias eran ciertas.


Ojalá las reformas permitan el ingreso a la Justicia de los hijos de las clases subalternas. Ojalá los juzgados se llenen de empleados que porten únicamente su individualidad, sus conocimientos, sus aptitudes para el cargo, y no únicamente un apellido con prosapia. Pero que también sean esos hijos del pueblo trabajador, acostumbrados a tutearse con el esfuerzo, quienes asciendan luego (y por sus propios méritos) en la pirámide escalafonaria.

Actualmente los empleados con mejor puntaje en las calificaciones anuales y más compromiso democrático no siempre son promovidos a las categorías superiores. A los cargos administrativos más altos a veces no acceden los legítimos herederos al puesto, sino “paracaidistas” que vienen de la calle, amigotes o amantes del juez de turno, sin siquiera cierta antigüedad en la Justicia. Con título, pero sin ningún apego a la función ni compromiso demostrable con la democracia y el profundo sentido de equidad que debe guiarlos en su desempeño. Ese es el per saltum que conocen los trabajadores. Extrañamente, donde más ocurre esta distorsión a la carrera judicial es en el fuero de la Corte Suprema.


A propósito de los trabajadores que serán comprendidos por la reforma, la conducción del gremio que los representa no estuvo en el acto. Julio Piumato se desinvitó solo. Hace rato que él forma parte de la más espesa oposición. Una lástima. Su horizonte de objetivos políticos se ha vuelto demasiado estrecho: ser diputado a cualquier costo. Sindicalmente persigue un único fin: conseguir lugar a la sombra de las polleras de los jueces y evitar pagar el impuesto a las ganancias. De ese modo junta fácil gente en las asambleas y puede proyectar su continuidad al frente del gremio que conduce desde hace 23 años. Los hijos de la familia judicial, históricamente hostiles a la actividad gremial, a la acción colectiva, ahora se afilian al sindicato. Está de moda. Piumato se volvió cool entre los trepadores. Hasta se hace fotografiar dándole la mano al juez Recondo un día de paro. Allá él.


No obstante, en el acto en que Cristina anunció los proyectos de ley a ser enviados al Parlamento sí se dejaron ver militantes de la U.E.J.N. que discrepan con la mesa directiva: comisiones internas, militantes sueltos, y hasta regionales que le ganaron la conducción al oficialismo, como la Seccional N º 2, de la Capital Federal. Su tarea militante en los pasillos de los juzgados crece exponencialmente y en proporción inversa a los desatinos del Secretario general. Ellos son ahora los herederos de la histórica demanda de un gremio que tiene casi dos decenas de trabajadores desaparecidos: convertirse en la última garantía de legalidad de un pueblo que casi nunca acude a los tribunales a buscar Justicia, sino que es llevado a ellos por una selectividad ajena, esquiva, y que desde hace una década está queriendo cambiar desde la raíz. Quizás ahora sí es cuando.