Demetrio Iramain

HACIA UNA REFORMA INTEGRAL DEL PODER JUDICIAL

El juicio y la historia

Ningún gobierno democrático se metió con la corporación judicial. Ni el de Cámpora, enérgico pero breve. Para la derecha, que sea enfrentada la clara hegemonía de sus intereses corporativos en la magistratura nacional, significa “avasallar la Justicia”, “afectar” su independencia, “vulnerar la República”, como repiten en consignas futboleras. El lock-out patronal de Piumato completa el cuadro. ¿También él habrá de comparar la democratización de la Justicia con el golpe del 76? Mentira, Carrió: la dictadura no confrontó con la corporación, no buscó quitarle márgenes de acción. Todo lo contrario: afianzó brutalmente en su interior a los sectores más reaccionarios, más vinculados al capital aliado al imperialismo, que propició el golpe y se llenó los bolsillos con el genocidio.

A su turno, Alfonsín dejó a la Justicia intacta y tal cual la había heredado de los militares. El Poder Judicial de la democracia fue una mueca sin gracia. Apenas una declaración de buenas intenciones sin intenciones. La mano de obra calificada de la impunidad resuelta por el poder político. Menem, ya sabemos: mayoría automática en la Corte y jueces de la servilleta. Nazis confesos como Rodolfo Barra en el máximo Tribunal y luego, ministro de Justicia. En suma: más de lo mismo, potenciado por la vulgaridad y el exceso típicos del noventismo.

El plan para transformar la Justicia es integral. Apunta a múltiples objetivos. Desde la forma hasta el contenido. El país camina a una reforma significativa en un Poder del Estado clave. Si por el gusto ideológico de este cronista fuera, ojalá estuviéramos ante un “cambio de régimen”. Se trata de una impostergable necesidad institucional, lo que no es poco. 

Asistimos a una oportunidad histórica: dotar al Derecho de una carga que nunca tuvo, porque el capitalismo de estas tierras jamás le concedió: situarse en favor de los más débiles. Ubicarse al lado del pueblo. Ser protagonizado por él. Un Derecho izquierdo. Como en el resto de experiencias del proceso regional de transformación, el capítulo argentino es endógeno. Surge desde las fauces mismas de un sistema que hasta ayer nomás fue de concentración y exclusión económica. De ahí que la reforma de la Justicia se vuelve improrrogable. Lo que hasta ayer fue imperioso, ahora es apremiante.

Un razonamiento muy frecuentado estos días por los analistas de la derecha: la legitimidad del resultado electoral que fundamenta la acción de gobierno no le da, per se, razón alguna a Cristina. Su caudal de votos no puede ser criterio de verdad. Las mayorías también se pueden equivocar, descubren ahora quienes por primera vez en décadas están en minoría y en retroceso se encuentran. Sobre esa ecuación cimientan toda su estructura argumental. Es interesada.

En el capitalismo el único criterio de verdad pertenece al dinero. Sólo el capital tiene razón. Ejemplo: la libertad de prensa importa la libertad de empresa. Y si no, “pautadependiente”, como dicen. Un multimedio muy poderoso puede (y de hecho lo hace con éxito) resistir alevosamente la ley, hacerlo al amparo de los jueces, y ambos justificarse en la libertad de prensa. La libertad de prensa se convierte, entonces, en un mito de las democracias liberales.

De relativizar ese criterio absoluto de verdad se trata, de cercarle el poder al dinero, de ponerle condiciones al capital, para que la libertad de prensa sea precisamente eso: de prensa. No necesaria (ni excluyentemente) de los accionistas de esos mega consorcios mediáticos, que compran otros con lógica mercantil, sometiendo las opiniones, el derecho a la información, la necesidad humana de expresarse, a criterios de mercado que ellos dominan con facilidad (y mucho capital).

El Poder Judicial no estuvo a la altura de ese mandato histórico, que excede largamente el resultado de un comicio. Desde el 2003 lo que está en juego no es una administración política, ni una medida puntual sobre la economía o los medios, sino un vasto proyecto de reconstrucción nacional. En el medio está el total arrasamiento del país. ¿O qué fueron los genocidios del fin de la década del setenta y el que sobrevino después, a partir de 1989? ¿Cuándo van a hacerse cargo de su responsabilidad en la gran tragedia argentina?

El kirchnerismo demostró con creces lo conducente que resulta no achicarse ni ante el peor de los presagios. Los argentinos tienen derecho a otra Justicia, porque tienen derecho al otro país en plena consolidación. En comparación con otras experiencias políticas de mismo signo, esta reforma judicial puede parecer incluso moderada. Aquí las innovaciones institucionales van bastante más lento que los cambios políticos, materiales y culturales. Cada país tiene su dinámica. Venezuela, Bolivia y Ecuador reformaron sus constituciones a poco de empezar a andar sus revoluciones. ¿De qué se quejan aquí, entonces?

¿Con qué argumento liberal de decimocuarta categoría van a impugnar la voluntad mayoritaria de un pueblo? ¿Cómo permitirles a los señores jueces que hasta ayer nomás convalidaron todo lo que pasó en la Argentina, que ahora juzguen con la misma vara el nuevo orden social, político, económico y cultural que viene siendo crecientemente legitimado en las urnas? Si la Justicia, como dijo la presidenta y acepta la oposición, está para reestablecer el equilibrio, para poner las cosas en su lugar, ¿dónde estuvo cuando más desordenadas estuvieron esas cosas en este país?

Estos días recobra especial significación aquella frase de Cristina pronunciada en marzo de 2010, cuando la derecha montó una grosera operación desestabilizadora tendiente a impedir que el gobierno cancelara con recursos propios, sin pedir financiamiento externo, los vencimientos de deuda. Entonces, la presidenta rechazó el impedimento formal que frenaba el uso de reservas del Banco Central con dos DNU, y dijo estar "dispuesta a enfrentar la condena de cualquier juez circunstancial de la Argentina, pero no de la historia".

Un triunfo cultural clave sostiene la reforma a la Justicia: la democracia real no entra todavía en sus marcos institucionales. Mientras la democracia avanza comprueba lo estrecho que son sus límites. Su capacidad de transformar, transgredir (en definitiva, democratizar) habita mucho más allá de los mecanismos procedimentales, que suelen rascar donde no pica. Como dijo el ministro de Justicia, el Poder Judicial es del pueblo, no de los jueces. La historia y la soberanía política, también.