Demetrio Iramain

LA DERECHA, EN ACCIÓN

Aparición con vida

La consigna “Aparición con vida” tuvo el mérito de condensar en sólo tres palabras la mayor respuesta al genocidio. El lema fue ideado en soledad por las Madres de Plaza de Mayo hacia 1980, y sostenido a pesar de múltiples resistencias, provenientes no sólo desde la derecha. A través del planteo, las Madres buscaban contrarrestar el discurso de la muerte que el poder militar había comenzado a ofertar a cambio de reconocer algunas de sus culpas. “Excesos”, como empezó a decirse.

Para algunos, que la dictadura accediera a confeccionar una lista de muertos en su “guerra antisubversiva” significaba un avance. Para las Madres, todo lo contrario. De ahí su consigna. Una respuesta visceral contra las perversas explicaciones que pudieran esgrimir los generales. Si las Madres aceptaban mansamente que la dictadura consintiera que sus hijos estaban muertos, para qué seguir en la Plaza, reclamando saber dónde estaban. Las Madres redoblaron la apuesta, entonces: “Con vida los llevaron, con vida los queremos”.

Años después, las Madres siguieron sosteniendo el reclamo. No porque estuvieran locas, que se negaban a hacer el duelo, sino porque veían allí una manera eficaz de denunciar los límites de la naciente democracia: impunidad para los genocidas, y ni siquiera una explicación formal por parte del Estado de sus pecados, lo que sí o sí debía incluir la sanción penal a los responsables. Un señalamiento permanente al Estado Terrorista, que no dejó de serlo del todo incluso más allá del 10 de diciembre de 1983.

Tantos años después, la consigna de las Madres vuelve a ser utilizada, esta vez como burla por parte de sus enemigos históricos. Desde hace más de 30 años que la derecha tiene clavada esa consigna en la garganta, y ahora intenta escupirla. Sus voceros no sólo quisieran deshonrar el pañuelo, sino además ridiculizar y vaciar de contenido una de las consignas más emblemáticas de la lucha contra el Terrorismo de Estado. No es cierto que cualquiera “podría usar el pañuelo blanco, y no por eso habría que pensar que se lo está manoseando”, como dice la diputada Victoria Donda. Ni siquiera la madre de Luciano Arruga. El pañuelo no trasciende a las Madres, que lo sostuvieron sobre sus sienes durante todos los años que duró la impunidad, y todavía lo portan cada jueves en la Plaza de Mayo. No es un pedazo de trapo, sino un hecho político único e indivisible. El pañuelo contiene una definición. Es sujeto en quienes lo crearon y no objeto de otros, que jamás lo respetaron ni le reconocieron entidad. Representa la vida de los reprimidos por el terror cívico-militar, y también sus luchas, que Néstor y Cristina Kirchner reivindicaron como propias y continúan desde su particular experiencia al frente del Estado.

A propósito, hay quien dice que el Gobierno debe hacerse cargo del cacerolazo y bajar un rango en su confrontación con los espesos intereses con los cuales rivaliza desde el 25 de mayo de 2003. Disiento. Lo que hay por detrás de una movilización planificada durante semanas, para nada espontánea, anunciada incluso en las versiones en papel de los diarios hegemónicos con, por lo menos, nueve días de anticipación, es la oposición irracional, prejuiciosa, de clase, a un programa de gobierno que se sostiene en dos premisas fundamentales: la solidaridad social, y la distribución de riquezas.

Que no fuera espontánea no tendría por qué estar mal, excepto para ese relato antipolítico sobre el que se montan las operaciones mediáticas de la derecha, que alienta las protestas. Lo espontáneo contra el “unidos y organizados” lanzado en Vélez.

Su aparente condición de “apolítica” contiene una verdad a medias: indudablemente, el cacerolazo no pudo (ni podrá, al menos en lo inmediato) ser capitalizado políticamente por la oposición. Esa incapacidad, no obstante, no le abrevia contenido ideológico: la simbología nazi que pudo verse en la marcha, la burla a las Madres, y las expresiones lindantes con el más rancio odio de la vieja oligarquía, hicieron del cacerolazo una clara expresión de los pensamientos más retrógrados de la escena política.

Evidentemente, los reclamos con un barniz republicano, de defensa de las instituciones democráticas por parte de un segmento social ubicado entre el medio y el techo de la pirámide de ingresos, logran sin demasiado esfuerzo traducirse en expresiones callejeras. Si durante semanas los medios más vistos, escuchados y leídos alertan a la población sobre un Estado policial en ciernes, y multiplican ese miedo por el denominador común del reclamo material, el resultado previsible será una Plaza de Mayo más o menos colmada.

¿Y cuál es ese mínimo común múltiplo? La resistencia al control estatal sobre la economía en negro, el rechazo a las pulsiones progresivas del sistema tributario todavía regresivo, la incomodidad ante la “sintonía fina” que les impide a sectores de ingresos suficientemente altos comprar dólares para atesoramiento y especulación, la reprobación ante la quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos, y la exigencia de que el Estado deje de atender las necesidades del segmento más empobrecido y reasigne esos recursos en la fracción más acomodada.

De aquí al 7 de diciembre, cuando finalice el plazo establecido por la Corte para que el Grupo Clarín se desprenda de las licencias de más que todavía mantiene bajo su poder, la acción directa será vista como una virtud propia de las democracias más dinámicas. Los caceroleros de la esquina de Santa Fe y Coronel Díaz reclamarán para sí la misma soberanía institucional que tiene una sesión parlamentaria. Un asambleísmo de los propietarios. Un centralismo democrático cuyo vértice son los que más tienen que perder si se profundiza el modelo de inclusión ciudadana. Si pudieran reunirían miles de firmas para los fines más diversos, que con gusto reemplazarían por el resultado electoral de octubre pasado. Lo estrambótico que previó la Presidenta días atrás.

Que el Gobierno escuche las cacerolas, como aconsejan, tiene una única lectura: que suspenda los juicios a los genocidas; que endeude al país; que cancele la AUH y redireccione esos recursos camino del extremo más pudiente de la sociedad; que acabe con la sustitución de importaciones; que les devuelva el negocio de televisar los partidos de fútbol a sus antiguos dueños; que regrese a los bancos la potestad de controlar los fondos de jubilación; que reintegre al contado YPF, y, esencialmente (por el alto valor simbólico que tendría), que restituya las retenciones a la soja a los dueños y arrendatarios de las mejores tierras para cultivo, retornando la correlación de fuerzas al mismo nivel del año 2008.

La Presidenta, no obstante, parece pensar muy diferente. Cristina no va a ponerse nerviosa, notificó desde el interior profundo de la provincia de San Juan. Otros, ya lo están. El viernes 7 de diciembre se acerca inexorablemente al calendario de las conquistas populares más determinantes de nuestra democracia.