AEROLÍNEAS Y PROYECTO NACIONAL
Publicado el 17 de Noviembre de 2011
El gobierno nacional ha vuelto a enfatizar sus objetivos estratégicos: la defensa a ultranza del patrimonio público, la optimización de sus facultades legales, y la confirmación de su rumbo económico, político y social.
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El gobierno nacional ha vuelto a enfatizar sus objetivos estratégicos: la defensa a ultranza del patrimonio público, la optimización de sus facultades legales, y la confirmación de su rumbo económico, político y social.
El conflicto desatado por un sector de los trabajadores de Aerolíneas subraya la necesidad de abordar un debate central, ciertamente impostergable: el rol del Estado en la actual circunstancia histórica que atraviesa el país. Ese debate debe formar parte de la agenda diaria de los argentinos y no sólo ser materia opinable entre los funcionarios públicos y los analistas políticos.
En rigor, importa poco si los controladores de tráfico aéreo deben ser civiles o militares, como falsamente plantea el argumento opositor, resaltando la contramarcha a una medida dispuesta en su oportunidad por Néstor Kirchner. Eso es casi anecdótico. Nota al pie. Lo cardinal en el decreto presidencial, que el lunes transfirió con autoridad y decisión al área de Defensa las tareas que cumplían los operadores de la torre de control de Ezeiza afiliados al sindicato de Cirielli, es que el gobierno nacional ha vuelto a enfatizar sus objetivos estratégicos: la defensa a ultranza del patrimonio público, la optimización de sus facultades legales, y la confirmación de su rumbo económico, político y social por sobre cualquier prejuicio.
A propósito, el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, hizo sus primeras armas en la militancia política en el gremio de empleados judiciales. Los trabajadores nucleados en la UEJN (por Unión de Empleados de la Justicia de la Nación ) tienen una consigna que sirve para pensar lo estatal, tanto más en un proceso como el que recorre la Argentina desde 2003: “Los judiciales somos la última garantía de justicia para los argentinos”, especialmente los de flacos recursos económicos y culturales, que no tienen dinero suficiente para pagar buenas defensas técnicas ni grandes contactos en las corporaciones que estructuran la vida en la sociedad capitalista.
Los judiciales tienen muchas razones para protestar, tanto que no cuentan todavía con un Convenio Colectivo de trabajo que los habilite a discutir formalmente con sus empleadores (la Corte Suprema, en última instancia) todo lo que hace a su relación laboral: desde el salario hasta el horario de la jornada. Sin embargo, nunca boicotearon el servicio de justicia. ¿Se imagina alguien qué pasaría si los trabajadores judiciales sabotearan los juicios penales a los genocidas como respuesta a las deficientes condiciones edilicias en las que deben cumplir su labor? Cada vez que llaman a paro de actividades (y en los últimos años esto ha ocurrido poquísimas veces), aclaran en los volantes que los convocan, que quedan exceptuados del compromiso gremial los trabajadores que prestan servicio en los tribunales federales abocados a la tarea de juzgar el terrorismo de Estado. Es un gesto político, hacia adentro de los tribunales y hacia la sociedad toda, que los engrandece.
Porque los trabajadores que cumplen tareas en empresas o áreas del Estado tienen un doble cargo: al tiempo que deben observar el buen cumplimiento de sus quehaceres por imposición propia de su función, también deben hacerlo por la demanda social que ese empleo está llamado a satisfacer. “Los estatales” (genérico que no alude a un encuadramiento de tipo sindical, claro, sino en tanto su pertenencia a la supestructura del Estado, cualquiera sea el poder del que dependan) tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad. Es intransferible e intrínseca a su función. No cumplirla es un agravante. Sus objetivos gremiales deben exceder lo estrictamente salarial y comprender motivaciones políticas, siempre con responsabilidad e inteligencia, que aporten a la visión de país de ese segmento de la clase trabajadora, y no al mezquino e inmediato interés de ciertos dirigentes.
El Estado es un área sensible por definición. Terreno de disputa entre clases, siempre está en tensión. El Estado que ahora es inclusivo, hasta 2003 era todo lo contrario. Sólo se dedicaba a satisfacer intereses privados y privativos, y a armarse hasta los dientes, con leyes y balas, para enfrentar con rigor y brutalidad a quienes los resistieran. En el caso de Aerolíneas Argentinas estas tensiones resultan evidentes. No son pocos los que se montan al conflicto para regresar al debate político los mitos y obsesiones más rancios de los años noventa: ineficiencia estatal, rentabilidad empresarial vs. perfil social de la compañía, dirección técnica (un director-gerente que, esencialmente, sepa manejar un avión) por sobre la gestión política y estratégica, en sintonía con un determinado proyecto nacional, encarada por un abogado y militante.
Nunca como ahora (un escenario signado por la fuerte crisis financiera en los países europeos, el golpe de mercado que se intenta dar en nuestro país, el envío de divisas que las multinacionales en aprietos en sus casas matrices exigen a sus filiales en las regiones periféricas) resulta más inoportuno y contraproducente privilegiar el interés sectorial en detrimento del general.
¿Qué mundo están proyectando quienes juegan con fuego queriendo correr por izquierda al oficialismo? Quienes comparan a La Cámpora con López Rega, al tiempo que avizoran cierto stalinismo franquista que confiscará los ahorros ¿dónde viven? Afuera del Estado de la inclusión social, de la generación de riquezas y, principalmente, de su equitativa distribución, no está la revolución socialista. Por el contrario, hay lobos capitalistas, voraces intereses financieros y usureros de todos los colores frotándose las manos, esperando que el mercado les dé la oportunidad perdida por goleada en los comicios. Creen que la crisis mundial les abrirá la puerta que la región les cerró en la cara cierto día de noviembre de 2005, cuando la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Se equivocan.
Fortalecer al Estado, maximizar sus recursos, simplificar sus pliegues y contradicciones, armonizar la conducción de quien acaba de ser reelecta con un porcentaje de votos casi desconocido por nuestro sistema democrático, deben ser el reto y desafío a encarar por quienes ansían profundizar el proyecto iniciado en 2003, tal como lo demandó el pueblo en las urnas, menos de un mes atrás.
En rigor, importa poco si los controladores de tráfico aéreo deben ser civiles o militares, como falsamente plantea el argumento opositor, resaltando la contramarcha a una medida dispuesta en su oportunidad por Néstor Kirchner. Eso es casi anecdótico. Nota al pie. Lo cardinal en el decreto presidencial, que el lunes transfirió con autoridad y decisión al área de Defensa las tareas que cumplían los operadores de la torre de control de Ezeiza afiliados al sindicato de Cirielli, es que el gobierno nacional ha vuelto a enfatizar sus objetivos estratégicos: la defensa a ultranza del patrimonio público, la optimización de sus facultades legales, y la confirmación de su rumbo económico, político y social por sobre cualquier prejuicio.
A propósito, el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, hizo sus primeras armas en la militancia política en el gremio de empleados judiciales. Los trabajadores nucleados en la UEJN (por Unión de Empleados de la Justicia de la Nación ) tienen una consigna que sirve para pensar lo estatal, tanto más en un proceso como el que recorre la Argentina desde 2003: “Los judiciales somos la última garantía de justicia para los argentinos”, especialmente los de flacos recursos económicos y culturales, que no tienen dinero suficiente para pagar buenas defensas técnicas ni grandes contactos en las corporaciones que estructuran la vida en la sociedad capitalista.
Los judiciales tienen muchas razones para protestar, tanto que no cuentan todavía con un Convenio Colectivo de trabajo que los habilite a discutir formalmente con sus empleadores (la Corte Suprema, en última instancia) todo lo que hace a su relación laboral: desde el salario hasta el horario de la jornada. Sin embargo, nunca boicotearon el servicio de justicia. ¿Se imagina alguien qué pasaría si los trabajadores judiciales sabotearan los juicios penales a los genocidas como respuesta a las deficientes condiciones edilicias en las que deben cumplir su labor? Cada vez que llaman a paro de actividades (y en los últimos años esto ha ocurrido poquísimas veces), aclaran en los volantes que los convocan, que quedan exceptuados del compromiso gremial los trabajadores que prestan servicio en los tribunales federales abocados a la tarea de juzgar el terrorismo de Estado. Es un gesto político, hacia adentro de los tribunales y hacia la sociedad toda, que los engrandece.
Porque los trabajadores que cumplen tareas en empresas o áreas del Estado tienen un doble cargo: al tiempo que deben observar el buen cumplimiento de sus quehaceres por imposición propia de su función, también deben hacerlo por la demanda social que ese empleo está llamado a satisfacer. “Los estatales” (genérico que no alude a un encuadramiento de tipo sindical, claro, sino en tanto su pertenencia a la supestructura del Estado, cualquiera sea el poder del que dependan) tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad. Es intransferible e intrínseca a su función. No cumplirla es un agravante. Sus objetivos gremiales deben exceder lo estrictamente salarial y comprender motivaciones políticas, siempre con responsabilidad e inteligencia, que aporten a la visión de país de ese segmento de la clase trabajadora, y no al mezquino e inmediato interés de ciertos dirigentes.
El Estado es un área sensible por definición. Terreno de disputa entre clases, siempre está en tensión. El Estado que ahora es inclusivo, hasta 2003 era todo lo contrario. Sólo se dedicaba a satisfacer intereses privados y privativos, y a armarse hasta los dientes, con leyes y balas, para enfrentar con rigor y brutalidad a quienes los resistieran. En el caso de Aerolíneas Argentinas estas tensiones resultan evidentes. No son pocos los que se montan al conflicto para regresar al debate político los mitos y obsesiones más rancios de los años noventa: ineficiencia estatal, rentabilidad empresarial vs. perfil social de la compañía, dirección técnica (un director-gerente que, esencialmente, sepa manejar un avión) por sobre la gestión política y estratégica, en sintonía con un determinado proyecto nacional, encarada por un abogado y militante.
Nunca como ahora (un escenario signado por la fuerte crisis financiera en los países europeos, el golpe de mercado que se intenta dar en nuestro país, el envío de divisas que las multinacionales en aprietos en sus casas matrices exigen a sus filiales en las regiones periféricas) resulta más inoportuno y contraproducente privilegiar el interés sectorial en detrimento del general.
¿Qué mundo están proyectando quienes juegan con fuego queriendo correr por izquierda al oficialismo? Quienes comparan a La Cámpora con López Rega, al tiempo que avizoran cierto stalinismo franquista que confiscará los ahorros ¿dónde viven? Afuera del Estado de la inclusión social, de la generación de riquezas y, principalmente, de su equitativa distribución, no está la revolución socialista. Por el contrario, hay lobos capitalistas, voraces intereses financieros y usureros de todos los colores frotándose las manos, esperando que el mercado les dé la oportunidad perdida por goleada en los comicios. Creen que la crisis mundial les abrirá la puerta que la región les cerró en la cara cierto día de noviembre de 2005, cuando la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Se equivocan.
Fortalecer al Estado, maximizar sus recursos, simplificar sus pliegues y contradicciones, armonizar la conducción de quien acaba de ser reelecta con un porcentaje de votos casi desconocido por nuestro sistema democrático, deben ser el reto y desafío a encarar por quienes ansían profundizar el proyecto iniciado en 2003, tal como lo demandó el pueblo en las urnas, menos de un mes atrás.
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