Demetrio Iramain

El doble discurso, otra forma de impunidad

 

Hasta muy entrado el año 2003, en la Argentina la impunidad fue política de Estado. Una ley no escrita pero consecuente. El caso más escandaloso fue la cobertura judicial y política que benefició hasta entonces a los genocidas. No en vano Jorge Rafael Videla declaró justo un año atrás que "nuestro peor momento llegó con los Kirchner".

En el medio hubo ensayos polémicos como los Juicios por la Verdad, una criatura jurídica nacida de la improbable cruza entre el perdón y las ganas de no castigar. Se trataba de un procedimiento que simulaba una investigación penal, aunque sin facultades punitorias, que se proponía averiguar el destino de los desaparecidos, señalar a los responsables, y pará de contar. Se iniciaron en 1998, y fueron el postre aliancista a la obscena impunidad servida por el menemato. Mientras los radicales quedaban bien con esos "juicios", que no mandaban a nadie a la cárcel, De la Rúa negaba las extradiciones de los genocidas solicitadas por magistrados de otros países, a cargo de las únicas investigaciones que avanzaban concreta y efectivamente, aunque no sin limitaciones y nuevas burlas. Cuando al represor Jorge Olivera lo detuvieron en Italia, el Ministerio de Justicia a cargo de Ricardo Gil Lavedra se esmeró en proporcionarles a tiempo a los abogados del genocida la documentación necesaria para que lo dejaran en libertad. Ni hablar de lo que ocurrió con Pinochet.

Los Juicios por la Verdad permitían que los acusados fueran a los tribunales sólo si tenían ganas, confesaran las torturas y crímenes, o mintieran alevosamente sobre ellos, y regresaran luego plácidamente a sus hogares. ¡Y todavía algunos pretendían que la democracia les agradeciera por los servicios prestados! Lo que les faltaba a esos simulacros penales era decisión política para convertirlos en juicios "por la Justicia", con capacidad de condenar. En algunos casos sirvieron luego como prueba, pero para eso debió arribar a la presidencia de la Nación un gobernante que inauguró una nueva política de Estado: el fin de la impunidad. Sólo Hebe de Bonafini había rechazado con todas sus fuerzas aquel engendro; el resto acompañó, incluidos muchos que hoy, contradictoriamente, torpedean el Memorándum de Entendimiento.

El acuerdo con Irán tiene puntos de comparación con aquellos Juicios por la Verdad, aunque con una diferencia no menor: en el caso de los crímenes de la dictadura, saber la "verdad" era ya un patrimonio social, cultural e histórico de los argentinos; a pesar de las políticas oficiales que buscaron el perdón y olvido, los nombres de los genocidas los sabían todos, su responsabilidad era indiscutida, y el plan sistemático de aniquilación y terror se sabía con precisión. La conciencia social sobre el genocidio significó un avance notable.

Sobre el atentado a la AMIA, en cambio, la verdad todavía se desconoce, en parte por la grosera actuación de la justicia de nuestro país, apéndice de las necesidades políticas de gobiernos anteriores a los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. ¿O acaso nos olvidamos ya que el primer juez de la causa se encuentra fuera del Poder Judicial y bajo proceso por haber frenado pistas, plantado pruebas y fabricado declaraciones? ¿Te suena el "Fino" Palacios, Macri?

El acuerdo propuesto por el gobierno constituye la única alternativa posible para que la investigación avance lo que pueda, tras años de estancamiento y sin ninguna posibilidad concreta de progreso objetivo, a no ser un discurso florido, para el aplauso fácil, en la ONU. El historial político del kirchnerismo le da, a priori, la derecha en el intento.

A propósito, qué raro que los representantes de la comunidad judía olviden hoy que a mediados del año 2000, el parlamento israelí creó una comisión especial dedicada a investigar lo que había pasado con los desaparecidos de origen judío en la Argentina, y apoyar las acciones judiciales en curso en nuestro país, que no eran otras que las de los Juicios por la Verdad, los únicos a salvo de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Hasta vino una legisladora del partido de centroderecha Likud para concretar la decisión.

La AMIA había creado un año antes una Comisión por los Derechos Humanos, en tanto la DAIA les ofrecía por primera vez a las Abuelas de Plaza de Mayo colaborar en la búsqueda de 21 chicos de origen judío nacidos en los campos de concentración de la dictadura, todo bajo el espeso manto de impunidad y los inofensivos Juicios por la Verdad. Parecía haber comprensión de la comunidad judía a las hendijas que se abrían en el pesado muro de perdón y olvido cimentado por la justicia y el poder político argentinos. Ahora, en el caso Irán, todo lo contrario.

A quienes hoy se rasgan las vestiduras y corren por izquierda al gobierno por el acuerdo con Irán, no les pareció mal que la justicia argentina declarara que el Estado turco cometió un genocidio contra el pueblo armenio por el asesinato de un millón y medio de personas casi un siglo atrás, de acuerdo con las conclusiones arribadas en un "Juicio por la Verdad" tramitado en el juzgado federal de Norberto Oyarbide durante diez años. El fallo no derivó en ninguna condena efectiva, pero les permitirá a los demandantes de origen armenio que llevaron adelante el proceso usar ese antecedente con valor de sentencia ante otros foros internacionales. Porque la justicia no es una bonita declaración de principios, ni una carta de buenas intenciones, sino un artefacto humano, perfectible, que depende de multiplicidad de variables, entre ellas la lucha política, la correlación de fuerzas en el tablero geopolítico, y sus múltiples variaciones.

Claro: el pueblo armenio no tiene la fuerza política con que cuentan los ciudadanos del Estado de Israel. Pero las ansias de alcanzar la justicia son iguales para ambos. El viejo salmo del Antiguo Testamento que ordena perseguir la justicia para poder vivir y heredar la tierra, es un mandato que no sólo guía la vida y la historia del heroico, generoso y sabio pueblo judío. Es ya un patrimonio de toda la humanidad. Lucrar políticamente con esa necesidad humana que viene desde los siglos de más al fondo, meter en la batidora electoral el dolor de tantos muertos, de tantas familias destrozadas, y la memoria social de ese dolor, serían una traición inaceptable. Se equivocan quienes creen que podrán hacerlo. Será que no aprendieron nada de la historia de este pueblo. El argentino.