Demetrio Iramain

Justicia ilegítima

La Corte, de espaldas al pueblo

 

En el fondo, la sanción penal a los genocidas es el botín de guerra que la derecha quiere recuperar.

Cuando en 2008 el gobierno insinuó con denunciar por violación de la Ley de abastecimiento a los integrantes de la Mesa de Enlace rural, el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se apuró a desestimar la moción al afirmar que "judicializar los conflictos no es el mejor camino. Lo mejor es que los conflictos se resuelvan en el campo de la política, que para eso funcionan la política, el diálogo, la concertación." Para el titular del Máximo Tribunal, las pujas de naturaleza política debían resolverse en el Congreso de la Nación, ámbito por excelencia de la política. 

Qué fácil es decirlo sobre disputas ajenas, y qué complejo sostenerlo cuando lo que está en juego es la propia ropa. 
Evidentemente, Clarín no siguió aquel consejo de Lorenzetti. Los jueces, aferrados con uñas y dientes a sus privilegios corporativos, tampoco.

Lorenzetti prometió que cuando llegara a su escritorio un planteo sobre la constitucionalidad de la reforma judicial, la Corte lo resolvería inmediatamente. Cumplió. La reforma a la justicia no tiene un mes de sancionada, ni entró en vigencia todavía, y ya tiene firme su freno. Con la Ley de Medios seguimos esperando. 

Pertenecer tiene sus privilegios.

El Tribunal más encumbrado del país cree haber tenido la última palabra sobre la democratización de la justicia. Se equivoca: la tiene el pueblo, a quien se la da la historia.

Cuando días atrás el mismo Lorenzetti convocó a trabajadores de prensa de diversos medios para brindar por el Día del Periodista, reivindicó la valentía de Mariano Moreno y de Rodolfo Walsh. Menos de quince días después, la Corte que él preside falla con la tibieza y la moderación propias de Cornelio Saavedra. No debiera olvidar Lorenzetti lo que escribió un contemporáneo de Walsh, también desaparecido por la dictadura, igualmente periodista y, además, poeta: “A los traidores/ el pueblo les quita la palabra”. Roberto Santoro se llamaba.

El statu quo cultural implantado a bala y hambre, sangre y desocupación por el neoliberalismo tardío que se resiste a irse definitivamente de estas tierras, les hizo creer a muchos jueces que la Constitución mira a través de sus exclusivos ojos. Sentado hasta que la muerte los separe en la cómoda poltrona del máximo tribunal del país, el cortesano Carlos Santiago Fayt manda a su chofer a responderle a la presidenta que el pueblo votó dos veces seguidas con porcentajes electorales altísimos. Nadie mejor que el centenario cortesano para simbolizar el tiempo de descuento, la oscura sobrevida que goza la rancia oligarquía que todavía hegemoniza los tribunales nacionales.

En su pronunciamiento de ayer la Corte amplió el scort alcanzado en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Al interior del Máximo Tribunal, hubo más acuerdo en ilegalizar el voto popular que en declarar nula la impunidad. Sintomático. Fayt votó dos veces a favor de las leyes de perdón. Todo cierra: en el fondo, la sanción penal a los genocidas –gran mérito histórico del kirchnerisno– es el botín de guerra que la derecha quiere recuperar frustrando la democratización de la justicia. Ese y no otro es el gran "hecho sagrado" que el pueblo quiere dejar atrás.

Para muchos jueces el tiempo no pasa nunca. Los cambios culturales y las arduas luchas que los pueblos libran por transformar radicalmente los paradigmas del tiempo histórico que los mantiene subalternos, explotados, privados de derechos, configuran, según la metáfora de Fayt, apenas "comentarios libres". En cambio, la injusta base material cimentada por el capitalismo, y que las clases acomodadas insisten en dejar como está, perpetua, inmodificable, conforman un indiscutible "hecho sagrado".

El oportunista premio que le otorgó el partido de Macri, declarándolo personalidad destacada de la Ciudad Autónoma, le puso nombre y apellido al sobreactuado ascetismo de Fayt. Para enfatizar su aparente neutralidad e independencia política, el juez más longevo de toda la magistratura argentina se declara "antiperonista". No es el único: para lograr el voto de sus pares, el camarista Recondo hace campaña entre los jueces declarándose "el más opositor". No "el más independiente". La derecha es así: tiende a naturalizar su ideología. No hace política, sólo es antiperonista, como un "Mono" Gatica al revés.

Una mitad del cerebro se adelanta y le dice a la otra "este momento ya lo viví". Como un déjà vu, los argumentos empleados para criticar a la Corte por su posición en defensa de la cerrada corporación que ella misma compone, se repiten. Son exactamente iguales a los que surgieron al debate público cuando la misma justicia congeló exclusivamente para el Grupo Clarín S A el alcance de los artículos más sensibles de la Ley de Medios de la democracia. Hasta hoy. Aquí también los hechos son sagrados, y libres los comentarios.

No es verdad que el prestigio social del Tribunal más alto de la juricatura argentina obedece al CV de sus integrantes. Su legitimidad, que debe revalidarse a diario, es intrínseca al proceso sociopolítico que atraviesa el país desde 2003, cuando los actuales ministros fueron nombrados en la Corte. Una no puede ser sin el otro. La independencia e imparcialidad de los jueces es una exigencia colectiva, y no un mérito de sus individualidades. El cambio de época que el Poder Judicial se niega a ver indica que esa premisa debe comprender, primero que nadie, a las corporaciones económicas.

Con el fallo de la Corte algunos jueces elitistas, fervorosos militantes de la corporación que integran, creen haber clausurado para siempre la batalla cultural al interior de Tribunales. Es al revés: la fortalece. La vergonzosa declaración de inconstitucionalidad de una ley votada ampliamente en el Congreso por parte del poder del Estado que debe ceñirse a ella, sitúa las viejas tensiones entre el kirchnerismo y el Poder Judicial en otra escala: la herida alcanza ahora a la propia democracia. La batalla continúa.