Justicia ilegítima

La Corte, de espaldas al pueblo

 

En el fondo, la sanción penal a los genocidas es el botín de guerra que la derecha quiere recuperar.

Cuando en 2008 el gobierno insinuó con denunciar por violación de la Ley de abastecimiento a los integrantes de la Mesa de Enlace rural, el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se apuró a desestimar la moción al afirmar que "judicializar los conflictos no es el mejor camino. Lo mejor es que los conflictos se resuelvan en el campo de la política, que para eso funcionan la política, el diálogo, la concertación." Para el titular del Máximo Tribunal, las pujas de naturaleza política debían resolverse en el Congreso de la Nación, ámbito por excelencia de la política. 

Qué fácil es decirlo sobre disputas ajenas, y qué complejo sostenerlo cuando lo que está en juego es la propia ropa. 
Evidentemente, Clarín no siguió aquel consejo de Lorenzetti. Los jueces, aferrados con uñas y dientes a sus privilegios corporativos, tampoco.

Lorenzetti prometió que cuando llegara a su escritorio un planteo sobre la constitucionalidad de la reforma judicial, la Corte lo resolvería inmediatamente. Cumplió. La reforma a la justicia no tiene un mes de sancionada, ni entró en vigencia todavía, y ya tiene firme su freno. Con la Ley de Medios seguimos esperando. 

Pertenecer tiene sus privilegios.

El Tribunal más encumbrado del país cree haber tenido la última palabra sobre la democratización de la justicia. Se equivoca: la tiene el pueblo, a quien se la da la historia.

Cuando días atrás el mismo Lorenzetti convocó a trabajadores de prensa de diversos medios para brindar por el Día del Periodista, reivindicó la valentía de Mariano Moreno y de Rodolfo Walsh. Menos de quince días después, la Corte que él preside falla con la tibieza y la moderación propias de Cornelio Saavedra. No debiera olvidar Lorenzetti lo que escribió un contemporáneo de Walsh, también desaparecido por la dictadura, igualmente periodista y, además, poeta: “A los traidores/ el pueblo les quita la palabra”. Roberto Santoro se llamaba.

El statu quo cultural implantado a bala y hambre, sangre y desocupación por el neoliberalismo tardío que se resiste a irse definitivamente de estas tierras, les hizo creer a muchos jueces que la Constitución mira a través de sus exclusivos ojos. Sentado hasta que la muerte los separe en la cómoda poltrona del máximo tribunal del país, el cortesano Carlos Santiago Fayt manda a su chofer a responderle a la presidenta que el pueblo votó dos veces seguidas con porcentajes electorales altísimos. Nadie mejor que el centenario cortesano para simbolizar el tiempo de descuento, la oscura sobrevida que goza la rancia oligarquía que todavía hegemoniza los tribunales nacionales.

En su pronunciamiento de ayer la Corte amplió el scort alcanzado en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Al interior del Máximo Tribunal, hubo más acuerdo en ilegalizar el voto popular que en declarar nula la impunidad. Sintomático. Fayt votó dos veces a favor de las leyes de perdón. Todo cierra: en el fondo, la sanción penal a los genocidas –gran mérito histórico del kirchnerisno– es el botín de guerra que la derecha quiere recuperar frustrando la democratización de la justicia. Ese y no otro es el gran "hecho sagrado" que el pueblo quiere dejar atrás.

Para muchos jueces el tiempo no pasa nunca. Los cambios culturales y las arduas luchas que los pueblos libran por transformar radicalmente los paradigmas del tiempo histórico que los mantiene subalternos, explotados, privados de derechos, configuran, según la metáfora de Fayt, apenas "comentarios libres". En cambio, la injusta base material cimentada por el capitalismo, y que las clases acomodadas insisten en dejar como está, perpetua, inmodificable, conforman un indiscutible "hecho sagrado".

El oportunista premio que le otorgó el partido de Macri, declarándolo personalidad destacada de la Ciudad Autónoma, le puso nombre y apellido al sobreactuado ascetismo de Fayt. Para enfatizar su aparente neutralidad e independencia política, el juez más longevo de toda la magistratura argentina se declara "antiperonista". No es el único: para lograr el voto de sus pares, el camarista Recondo hace campaña entre los jueces declarándose "el más opositor". No "el más independiente". La derecha es así: tiende a naturalizar su ideología. No hace política, sólo es antiperonista, como un "Mono" Gatica al revés.

Una mitad del cerebro se adelanta y le dice a la otra "este momento ya lo viví". Como un déjà vu, los argumentos empleados para criticar a la Corte por su posición en defensa de la cerrada corporación que ella misma compone, se repiten. Son exactamente iguales a los que surgieron al debate público cuando la misma justicia congeló exclusivamente para el Grupo Clarín S A el alcance de los artículos más sensibles de la Ley de Medios de la democracia. Hasta hoy. Aquí también los hechos son sagrados, y libres los comentarios.

No es verdad que el prestigio social del Tribunal más alto de la juricatura argentina obedece al CV de sus integrantes. Su legitimidad, que debe revalidarse a diario, es intrínseca al proceso sociopolítico que atraviesa el país desde 2003, cuando los actuales ministros fueron nombrados en la Corte. Una no puede ser sin el otro. La independencia e imparcialidad de los jueces es una exigencia colectiva, y no un mérito de sus individualidades. El cambio de época que el Poder Judicial se niega a ver indica que esa premisa debe comprender, primero que nadie, a las corporaciones económicas.

Con el fallo de la Corte algunos jueces elitistas, fervorosos militantes de la corporación que integran, creen haber clausurado para siempre la batalla cultural al interior de Tribunales. Es al revés: la fortalece. La vergonzosa declaración de inconstitucionalidad de una ley votada ampliamente en el Congreso por parte del poder del Estado que debe ceñirse a ella, sitúa las viejas tensiones entre el kirchnerismo y el Poder Judicial en otra escala: la herida alcanza ahora a la propia democracia. La batalla continúa.

la corporación es juez y parte

Piumato, el hijo menor de la familia judicial

La batalla cultural que nutre la reforma judicial está muy avanzada en la sociedad, pero en Tribunales recién empieza.

El 28 de junio de 2009 había elecciones en Honduras. La democracia le iba a preguntar al pueblo cuál era su opinión acerca de una eventual reforma constitucional. Si bien el resultado de la consulta no era vinculante, para la derecha era demasiado. Había que impedir a cualquier precio que el gobierno se fortaleciera a través de su mecanismo más legítimo: el voto popular. Las Fuerzas Armadas sacaron al presidente Zelaya casi desnudo de su residencia y lo mandaron secuestrado en avión a Costa Rica. No sería el último golpe de Estado en América Latina: el año pasado una parodia de juicio político forzó la salida del mandatario paraguayo, y en Quito policías autoacuartelados casi asesinan al ecuatoriano Rafael Correa, en septiembre de 2010. 

En nuestro país la derecha también quiere impedir que la democracia escuche a la sociedad. Emplea métodos más sutiles. Las corporaciones económicas dictan que el pueblo es un decorado, que las mayorías se equivocan, y la justicia copia. Contratan a los jueces como "contrapeso", con una única finalidad: que sigan siendo gobierno las ilustradas minorías que ellos componen. Su patrón de acumulación de poder prescinde deliberadamente de las masas, máxime si estas se encuentran en proceso de creciente organización. La derecha no consulta, ni da explicaciones a nadie. Manda a su chofer a responder, como Fayt. El Poder Judicial ha sido hasta ahora el brazo legalizador de esa lógica. Evidentemente, quiere seguir siéndolo. 

El fallo de la jueza Servini de Cubría declarando inconstitucional la elección popular de los consejeros de la Magistratura ya estaba implícito dos meses atrás, cuando durante los "parazos" de Julio Piumato licenció a su personal jerárquico, otorgó generosamente tres fines de semana larguísimos a sus empleados, y cerró literalmente su juzgado. Esos "paros" no fueron tales, sino un lockout de los propios jueces, que de ese modo adelantaban la opinión que tendrían en los pleitos sobre la constitucionalidad de la reforma.

Si la democratización de la justicia fuera inconstitucional, como gime la derecha, eso probaría que la que está al margen de la Constitución es la propia Carta Magna. Sacados de contexto, el contrapoder y la alternancia son apenas dos excusas de forma para frustrar lo transformador que pueda ser el contenido. Las corporaciones en la Argentina quieren batir un nuevo récord: declarar al margen de la Constitución el voto popular, y hacerlo justamente en nombre de la democracia. George Bush, que bombardeaba poblaciones civiles en nombre de la paz, se sorprendería ante tanta creatividad. La voluntad del pueblo es la fuente de razón y justicia donde bebe la institucionalidad, su reaseguro, no el agujerito por donde chorrea la legalidad. Sin proponérselo, los impugnadores seriales de cualquier cambio sustancial que diseña el oficialismo les están dando la razón a quienes plantean la necesidad de reformar ampliamente la Constitución.

La batalla cultural que nutre la reforma judicial está muy avanzada en la sociedad, pero en Tribunales recién empieza. A poco de andar debe sortear un problema a priori inesperado: el gremio de trabajadores. La conducción de la UEJN decidió ubicarse definitivamente al lado de las corporaciones de abogados y jueces. Cómo olvidar cuando en diciembre del año pasado Piumato asistió por primera vez a la cena anual de camaradería de la Asociación de Magistrados, a la que no concurrió –también por primera vez– ningún representante del gobierno.

Esa comilona expresaba las disputas internas que empezaban a vivirse en Tribunales, y cuya intensidad creció exponencialmente. Tanto, que la Asociación está sufriendo por estos días una sensible sangría de jueces, que deciden hacer pública sus renuncias a la entidad para agruparse en la flamante Justicia Legítima. A su turno, los trabajadores que resisten la defección de Piumato hacen lo propio en su gremio, con una diferencia: en vez de abandonarlo dan pelea adentro del sindicato. Buscan maneras de multiplicar su voz, para potenciarlas, como ya ocurrió en el encuentro de La Plata el viernes 31 de mayo, y volverá a suceder el próximo sábado en la Biblioteca Nacional. No quieren que el gremio se convierta en la última corporación que faltaba: la de empleados.

La actual posición de Piumato podrá será inexplicable, pero no sorpresiva. La UEJN recorrió el mismo caminito que Hugo Moyano. Los judiciales fueron los primeros trabajadores en hacerle paro al gobierno de Cristina, diez días después de asumido el actual mandato. Fue el 20 de diciembre de 2011, apenas unos días después del desafío planteado por el camionero en Huracán, y con la misma excusa de superficie que ahora: el salario y el "retraso" del Ejecutivo.

Me explico: a pesar de la Ley de Autarquía, ante cada aumento salarial el máximo tribunal solicita una expresa autorización a la Jefatura de Gabinete para otorgarlo. Para beneficiar a Clarín nadie pide permiso en Tribunales; para aumentar los sueldos sí. Ergo, los paros de Piumato ya no son para reclamarle a su empleador, sino al Poder Ejecutivo, que según Piumato demora a propósito el visado. En diez años nunca le fue rechazado ningún pedido de cambio de partidas presupuestarias a la Corte. 

No siempre fue así. Cuando a partir de mayo de 2003 los sueldos de los judiciales dejaron de estar congelados, la UEJN comenzó a demandar sus incrementos salariales ante el Consejo de la Magistratura, porque los restos menemistas de la Corte Suprema los impedían sistemáticamente. Ahora, extrañamente, Piumato hace diez días de huelga en tres semanas consecutivas para que sea la Corte quien maneje en soledad los fondos del Poder Judicial y concentre todas las facultades salariales y presupuestarias. Todos saben en Tribunales que cuando Piumato convoca a un paro por salario el aumento ya está concedido de antemano. Sólo resta saber el día en que será abonado. 

Cuando esto ocurre, el aparato de Piumato dice entonces que "le arrancamos el aumento a la Corte", cuyo porcentaje también percibirán los mismos jueces que lo dispusieron. Sus "luchas" son de sevita, y los festejos por el "coraje de los compañeros", con bombas de estruendo. Burócratas sindicales, que se dice, para quienes Servini pasó a ser una "compañera".

últimas imágenes de la corporación judicial

Almacén de jueces

Que la existencia de un forum shopping suspenda a poco de andar la democratización, era una contingencia nada sorprendente.

La señora de Kirchner está perdiendo los primeros combates frente al Poder Judicial", se ilusiona uno en La Nación. Se refiere, claro, a los muy promocionados fallos de jueces contra la ley más significativa de la reforma de la justicia, buscados especialmente por la parte patrocinante, y que se consiguen en algún que otro tribunal federal. Que la existencia de un forum shopping muy aceitado se active y suspenda a poco de andar la democratización, era una contingencia nada sorprendente, absolutamente esperable. Clarín mostró el camino hace tres años. Chocolate por la noticia, Pagni.

Esa manía tan característica en la matriz del privilegio que todavía rige la vida de los moradores más encumbrados del Palacio de Tribunales es precisamente uno de los fundamentos de la reforma. Lejos de convertir a la democratización en un fracaso, potencia su necesidad. Justifica su sanción y su urgente puesta en vigencia. Que la justicia corporativa se arrogue para sí la exclusiva franquicia de ser juez y parte en el derrotero jurídico sobre las leyes que legislan sobre sí misma, para empezar no es nuevo. Y para finalizar, esa y no otra es la verdadera razón de ser de las leyes de transformación: clausurar las franquicias que la casta judicial, subsidiaria de otras castas económicas aun más poderosas, ostenta desde hace bastante más de un siglo, con brevísimas interrupciones.

La reforma no busca, como dicen, "politizar" el Poder Judicial, sino exteriorizar esa condición, que es previa, preexistente, al plan democratizador. Que los jueces tienen opinión política, defienden determinados intereses y, esencialmente, intervienen en la puja material e ideológica que atraviesa las sociedades del conflicto, es a esta altura una obviedad. De ahí que el corazón de la reforma persiga un único fin: que los jueces se hagan cargo de lo que piensan, rindan por lo que hacen, y sea el pueblo quien, en última instancia, juzgue y decida. Los segmentos sociales acostumbrados a la dispensa y la exención, ancestralmente hegemónicos, pasan por alto una condición intrínseca a la más primaria noción de democracia: es en la soberanía popular, expresada a través del voto libre, obligatorio y secreto, donde reside la última fuente de legitimidad del sistema de representación. Así como ningún ser humano es ilegal (en todo caso podrá serlo su situación migratoria), ¿puede ser declarada "inconstitucional" la voluntad popular? 

Cuando el juez Ricardo Recondo obtuvo la representación de sus pares ante el Consejo de la Magistratura Nacional, basó su campaña electoral en su oposición política al gobierno. ¿Ser opositor es ser independiente, acaso? ¿Imparcial es eso? ¿Dónde está escrito que para ser ecuánime hay que burlar la decisión de las mayorías? ¿No es eso la continuidad del teorema de Carlos Menem, para quien "si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie"? ¿Por qué la sociedad debe permitirse a sí misma que el Poder Judicial, que nunca jamás fue ajeno a los poderes corporativos que siempre gobernaron al país, trabe sistemáticamente un curso histórico con claro anclaje en los intereses de los sectores más postergados de la estructura económica, social y cultural?

Bien por el ejercicio de memoria que hizo la presidenta al recordar la filiación política del camarista en lo Civil y Comercial Federal. Explica muchas conductas públicas. Efectivamente, Recondo fue subsecretario de Justicia de Raúl Alfonsín. Su jefe directo era el secretario Ideler Tonelli, luego ascendido a ministro de Trabajo por la gran tarea prestada en la redacción del texto de la ley de Obediencia Debida.

Si la síntesis fue el radicalismo, la dictadura fue su más elocuente tesis. La antítesis fue la "República", como ellos se llenan la boca, esa señora entre célebre y desconocida. Tonelli y Recondo fueron camarista y funcionario judicial, respectivamente, durante el Terrorismo de Estado. Recondo ocupó un destacado lugar en la Procuración General de la Nación. Como secretario letrado, secundó al Procurador General de la dictadura, Mario Justo López. Eran los tiempos en que la Procuración era custodiada por la Fuerza Aérea en la sede de la calle Guido al 1500, en La Recoleta. Es que en la división general del trabajo que hizo la dictadura, a la Aeronáutica le tocó justicia. Quizás Lanata, tan ocupado en hallar revelaciones en los listados desclasificados gracias a la voluntad política del gobierno nacional, lo informe el próximo domingo.

Antes de ser consejero de la magistratura, como lo es ahora, el radical Recondo atendía del otro lado del mostrador. Cuando no viajaba a Miami invitado por Clarín, regenteaba el gremio de los Señorías, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Por entonces, así titulaba el editorial de su publicación bimensual: "¡Qué te pasa, Argentina!", en clara respuesta al célebre "¿qué te pasa, Clarín, estás nervioso?"

Aquel editorial de la revista Y considerando... correspondía a la edición inmediatamente posterior a las elecciones de medio término de junio de 2009, que el oficialismo perdió, aunque por muy poco margen, en el distrito bonaerense. A Recondo no le importó. Para él la exigua diferencia de votos era suficiente. Para el entonces sindicalista de los jueces, el Poder Legislativo ya había dejado de ser una "escribanía", como alertaban insistentemente los dirigentes de la oposición, y vuelven a advertir hoy, cuando la correlación de fuerzas les dibuja un paisaje desapacible en ambas Cámaras. En la arenga, Recondo sacaba cuentas del resultado del comicio y recomendaba acudir al Parlamento, porque ese "es el lugar donde deben confluir las ideas y los intereses". Paradojas de la profundización: para el mismo propósito, en la próxima elección quizás vote a Julio Piumato, que por entonces lo denunciaba por mal desempeño. Un sindicato para los trabajadores ahí, por favor. 

Dijo Carlos Bianchi, después de empatar con Vélez el pasado domingo: "El hincha de Boca no se puede olvidar en cinco meses todo lo que gané acá, el hincha no es un desagradecido. Los que hablan y escriben en la prensa no son hinchas de Boca." La naturaleza, que imita al arte, jamás pensó que la realidad haría lo propio con el fútbol.