balances y desafíos

Democratizar es la tarea

La buena noticia política del año ocurre al final de 2012: el debate respecto de la democratización del Poder Judicial.

 

El año que está llegando a su fin empezó más sombrío que como termina. La operación en la glándula tiroides de la presidenta puso en alerta a millones de argentinos. Se sabe: los hondos procesos sociales de transformación no pueden depender de una sola persona, pero son tan complejos a veces, y sus enemigos tan poderosos, que cualquier circunstancia adversa los pone a prueba. Dramáticamente. Como en Venezuela, sin embargo, todo lo que no los mata, los fortalece.

La operación en el Hospital Austral de Pilar fue el 4 de enero. Antes de que Cristina Fernández de Kirchner entrara al quirófano, los que ya sabemos festejaban por adelantado las eventuales consecuencias de un cáncer que, finalmente, no fue. Ahora que termina 2012, aquellos mismos se ilusionan con los saqueos a supermercados. No hay caso: la derecha en sus múltiples presentaciones no aprende más.

Hugo Moyano sobreactúa su enojo con quien lo vincula a los episodios de robo en banda en los comercios, pero que los hay los hay. Ahora que la justicia parece un lugar seguro, los líderes de la CGT-Clarín le prometen una demanda a cualquiera que discuta sus mensajes más controvertidos. Desde Berni hasta Aníbal Fernández. No obstante su apelación casi mística al viejo general, no parecen esos peronistas de mil batallas, que cuando se peleaban estaban en verdad reproduciéndose. Estos de ahora no le niegan una querella a nadie.

Si Pablo Micheli augura una guerra nuclear contra el gobierno, y el mismo día que el juez Alfonso falla contra Clarín en la cuestión de fondo, Moyano y Omar Plaini firman un temerario comunicado de prensa, en el que advierten la proximidad de "posibles disturbios", en cuyo primer párrafo afirma que "nos preocupa demasiado el horizonte de conflictividad que se vislumbra y la alteración de la paz social en el país"; y juntos eligen para marchar a la Plaza de Mayo el 19 de diciembre, a exactos once años del estallido popular que echó a De la Rúa. ¿Qué le están queriendo decir a la sociedad argentina? ¿No resulta natural relacionarlos políticamente con las escenas de jueves y viernes antes de la Navidad?

Paradójicamente, la buena noticia política del año ocurre al final de 2012: el debate (que más temprano que nunca será política de Estado) respecto de la democratización del Poder Judicial. Quitarle sus telarañas dictatoriales, neoliberales y corporativas no parece una tarea sencilla, pero sí ineludible. La solicitada por Una Justicia legítima, firmada por más de 200 jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial, con sus nombres y apellidos, contrasta con el mensaje pretendidamente homogéneo que quisieron darle días antes otros jueces, que emitieron una declaración de neto corte corporativo, suscripta por entidades profesionales, sin ningún nombre propio. Esa evidente discrepancia al interior de la Justicia es edificante y permite pensar a la juricatura argentina en términos más parecidos al que propuso el ministro de la Corte Raúl Zaffaroni, cuando mostró su desacuerdo con llamar "corporación" al Poder Judicial porque en la Justicia está "garantizada la pluralidad ideológica".
Sin dudas, quienes quieren que la justicia parezca un férreo bloque de poder, uniforme, inmune a los cambios que atraviesa la sociedad democrática, son quienes desearían mantener al Poder Judicial como lo que históricamente fue: un enclave oligárquico dentro del Estado. Una corporación dentro de la gran corporación que maneja sin que se vean los hilos del capitalismo.

Se trata, pues, de potenciar las voces y conductas de los jueces con compromisos mucho más democráticos que aquellos que todavía hoy se encuentran atados con pernos a los poderes económicos, eclesiásticos, mediáticos y hasta militares. El desafío pasa por ahondar las grietas para que nazca a la democracia que supimos alcanzar los argentinos, otra justicia, sí que autónoma e independiente, pero con un ojo atento a los intereses objetivos de las mayorías populares. ¿Afecta la división de poderes que los jueces se parezcan a su pueblo?
A propósito, ¿pueden ser inconstitucionales la soberanía popular, la voluntad de un pueblo, sus opciones electorales? Como dice Manu Chao, ¿puede haber un ser humano "clandestino"? Quizás pueda ser irregular su condición migratoria, pero ello no lo convierte en "ilegal". Con los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios, ibídem. Aún en el peor de los casos, y más que nunca en las democracias imperfectas del sur americano, que quieren pasar a la ofensiva, y dejar su mera "representatividad" de lado para convertirse realmente en populares y participativas, el fondo seguirá siendo más determinante que la forma, y el envase menos que el contenido.

Existe en la Argentina una voluntad popular indiscutible: terminar con la década del noventa, que no duró diez años, sino que comprende tres decenios, con sus días y sus noches. Lo que nos pasó durante el menemato y la Alianza fue la consecuencia inevitable y obvia del terrorismo de Estado impuesto en 1976. De ahí que esa búsqueda popular comprenda desde el fin de la impunidad para los genocidas cívico-militares, hasta el regreso del Estado como actor económico clave y factor determinante de desarrollo inclusivo, articulador de intereses múltiples (a pesar del espeso marco que impone el capitalismo y su teoría del valor), y con especial énfasis en las necesidades del segmento social más desprotegido. Un Estado que ya no sea garante de gruesos negocios privados a costa de sí mismo, como el que le permitió a la Sociedad Rural usufructuar tierras de gran valor patrimonial a bajísimo costo.

Claro que ello generará resistencias y embates feroces. Esos ataques dieron identidad a esta imprecisa formación social y política que gobierna el país desde 2003, con creciente apoyo en las urnas. Los viene soportando el kirchnerismo desde sus inicios, con variada intensidad. ¿El último, posterior a los saqueos? El lockout de las patronales rurales, cuyas consecuencias, sin embargo, parecen ser tan pobres como sus argumentos.

Previsiblemente, las vacas van a vivir un día más. La indigente oposición tendrá su foto de fin de año, posando frente a las puertas del predio ferial de Palermo, convocada por la Sociedad Rural a cantar el Himno Nacional. A Buzzi, por su parte, le servirá para volver a su primer amor, luego de su aventura de una noche con los trabajadores. Moyano, despechado, duda. ¿El apoyo de la SRA al bloqueo del 20-N merecerá para él una declaración recíproca, acaso? Las cosas cada vez más claras.

La foto es el mensaje

La foto, impensada hace unos años, no fue un simple saludo protocolar: tuvo varias significaciones políticas, buscadas deliberadamente.

 

El jueves pasado Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), estrechó su mano derecha con la de Ricardo Recondo, Camarista en lo Civil y Comercial Federal y actual representante de los jueces ante el Consejo de la Magistratura. La foto, impensada hace unos años, no fue un simple saludo protocolar: tuvo varias significaciones políticas, buscadas deliberadamente. ¿O acaso alguien cree que estamos ante dos ingenuos?

El lugar del encuentro fue la cena anual de camaradería que el gremio de los jueces brinda a sus asociados, a la que asiste la crema del Poder Judicial. Por primera vez en años, esa cena expresó las disputas internas que se viven en los Tribunales. A la misma hora que el oficialismo de la lista Bordó descorchaba las primeras botellas de la noche, sus contrincantes de la lista Celeste hacían lo propio en un restorán de Puerto Madero.

A la cena "oficial" de la Asociación no fue invitado ningún representante del gobierno. Tampoco asistieron los jueces y fiscales que días antes habían firmado una solicitada por "Una Justicia legítima", que desmintió la presumida uniformidad de criterios corporativos que querían darle al Poder Judicial sus jueces más encumbrados. De ahí el mensaje cifrado de Piumato al acercarse hasta la comilona.

La noche del apretón de manos, la UEJN había comenzado un paro nacional de 36 horas de duración, en reclamo del cuarto aumento salarial de los últimos 12 meses (el quinto si se considera el anunciado el martes 18 para enero 2013), para el cual el máximo Tribunal necesitaba una expresa autorización de la Jefatura de Gabinete.

Esa política de la Corte Suprema siempre fue cuestionada por Piumato: para el dirigente, la Ley de Autarquía le permite a la Corte disponer con total soberanía sobre sus fondos y dictar soberanamente su política salarial, en tanto esté a la altura de lo que sucede en el resto del país. Después de todo, y aunque a veces no lo parezca, el Judicial es un poder del Estado de Derecho, que debe ir en sintonía con los otros dos.

Es por eso que entre 2003 y 2011, los reclamos de la UEJN siempre fueron formulados al máximo tribunal, pero desde que Moyano cruzó a la vereda del sol opositor, Piumato cambió la dirección de sus cañones y apunta sostenidamente a Cristina. El paro de 36 de horas, mientras el país vivía una fuerte tensión entre el poder político y la corporación judicial fue, sin dudas, contra la presidenta. ¿Manera sutil de tomar partido en el debate sobre la democratización del Poder Judicial?

Hace muchos años que la UEJN no realiza una medida dominguera de semejante cantidad de horas de duración, más impactante, sin embargo, por su enunciado que por su nivel de acatamiento. Ni siquiera en el breve período de Duhalde los judiciales pararon durante un día y medio, con una excepción: el ayuno en una carpa montada en Plaza Lavalle durante 11 días, en mayo de 2007, en reclamo del fin del trabajo esclavo en la Justicia, que los jueces llamaban "meritorios". Aquella lucha puso en jaque al elitismo judicial; las de ahora, son contra Cristina. Hay que remontarse a la época de De la Rúa para encontrar una medida política de igual intensidad contra el gobierno de turno. Otra definición, tan obvia como el apoyo dado por el partido de De la Rúa al acto de Moyano en Plaza de Mayo. Los vasos comunicantes del moyanismo llegan, vía Duhalde, hasta el PRO. Con la incorporación de la UCR, algunos hasta sueñan una Alianza de nuevo tipo, aunque de dudosa capacidad política. Como la vieja Alianza.

Entre mayo de 2003 y diciembre de 2011, la UEJN obró muy diferente. Acompañó al kirchnerismo en los peores escenarios, con tomas de posición ideológicas y políticas muy claras. Ante las más fuertes presiones de la derecha, que tiene su expresión en la juricatura argentina, Piumato supo oponer resistencia. Hasta denunció ante el Consejo de la Magistratura a Recondo y pidió su destitución por haber fallado a favor de Clarín en la causa Fibertel. Ahora, todo cambió. Qué importante sería que en las actuales circunstancias Piumato revitalizara aquella denuncia contra el camarista. Pero no. Los abrazos con Buzzi, la foto con Duhalde y las acciones conjuntas con Momo y Barrionuevo, ubicaron a Piumato a la derecha de la menguante reunión de gremios que marchan al despeñadero junto a Hugo Moyano. Sus años de prisión en la dictadura no alcanzan para justificar una imposible pirueta ideológica de 180 grados, que lo dejaron sentado de culo al lado de la Sociedad Rural. La UEJN está en el libro de los records: fue el primer gremio que paró contra el gobierno apenas Cristina asumió su segundo mandato. Fue el 20 de diciembre del año pasado, y con la misma excusa de superficie que ahora, aunque en el fondo había otra razón: dar testimonio de su apoyo incondicional a Moyano tras su desafío lanzado en Huracán cinco días antes, cuando dijo que el peronismo era una cáscara vacía.

Por lo demás, Piumato parece haber elegido el momento más inoportuno para sonreír delante de los fotógrafos mientras saludaba a Recondo. ¿O será todo lo contrario? El camarista de Clarín es un estorbo hasta para los propios integrantes de la lista Bordó. El ex subsecretario de Justicia de Alfonsín abraza como un oso. Quema lo que toca. Cuentan quienes concurrieron a la comida en el Crowne Plaza Panamericano, que era Recondo quien desfilaba por las mesas saludando a sus colegas, y no al revés. Con Piumato no hizo falta.

jueces y democracia

Un corte de manga

 La política está vedada para los señorías sólo cuando las utilidades de los grupos económicos no sufren riesgo. 

 

 En noviembre de 2008, mientras aún humeaba el voto no positivo de Julio Cobos en el Senado, la Corte Suprema emitía un fallo controvertido: la declaración de inconstitucionalidad del artículo 41 de la ley de asociaciones sindicales, que permitía ser delegados sólo a quienes pertenecieran a un sindicato con personería gremial. El fallo, dejó decir la Corte, apuntaba a defender el principio de pluralismo sindical, pero en la práctica ponía en jaque al viejo modelo cegetista de un único sindicato por actividad. A la justicia, meterse con el monopolio gremial le resulta más fácil que hacerlo con el mediático.

Hugo Moyano, por entonces aliado estratégico clave del gobierno, sostenía que el dictamen perseguía la atomización del sindicalismo y su creciente debilidad. Las patronales, Magnetto incluido, se relamían. Sabían que ante un escenario de grave crisis económica mundial y un oficialismo en aprietos, el gobierno sólo contaba con un único sostén de fuste, organizado y con capacidad real de movilización, aunque herido por el fallo de la Corte. Ahora que Moyano cruzó abiertamente al bando de la oposición, la justicia ya ni se preocupa por fragmentar la fuerza cegetista.

 

Aquel dictamen sobrevino en una demanda interpuesta por ATE, cuyos abogados patrocinantes no buscaban la declaración de inconstitucionalidad de la ley de asociaciones sindicales, sino apenas que se les otorgara reconocimiento a los delegados del personal civil del Estado Mayor del Ejército y de las Fuerzas Armadas, elegidos por sus compañeros aunque no encuadrados dentro de PECIFA, en la CGT. La Corte no esperó a que le preguntaran sobre la constitucionalidad o no de esa ley: cuando el expediente llegó a sus manos falló en consecuencia, porque entendió que cierto artículo vulneraba garantías establecidas en la ley Magna. ¿Por qué no obró de igual modo con la ley de medios?

 

Desde el año 2010, cuando tuvo por primera vez la posibilidad de fallar sobre la demanda de Clarín, la Corte se desentendió sutilmente de la trama más sensible del expediente y dijo esta boca no es mía. Leyó todos los artículos, los estudió con detenimiento, y dijo que la ley era constitucional, no obstante lo cual aceptó que la medida cautelar dispuesta por tribunales inferiores respecto de la constitucionalidad de dos artículos exceptuara vergonzosamente al principal actor mediático.

 

Cuesta entender por qué si la Corte Suprema es, esencialmente, el mayor tribunal de constitucionalidad del país, tolera alegremente (excepto Zaffaroni) que un tribunal inferior declare en la práctica la inconstitucionalidad de una ley que, en su momento, la Corte no objetó. Y eso que ya resolvió cuatro veces en el expediente.

 

Desde 2010 la Corte viene sosteniendo repetidamente que la ley es legal. Si los artículos 45 y 161 no lo fueran, ya lo tendría que haber señalado en su oportunidad y no dejar correr la normativa durante todo este tiempo. Sin embargo, las chicanas interpuestas por la cohorte de abogados que trabajan a las órdenes de Magnetto, impiden su plena aplicación. ¿Será verdad que en el capitalismo sólo basta con contratar un buen estudio jurídico para ser honorable?

 

Tanto amor de los jueces por las formas contrasta con el destrato al cargo, la función y la ley fundamental evidenciado por los magistrados durante la dictadura cívico-militar. Alguna vez el camarista Evaristo Santa María, titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la justicia nacional entre abril de 1978 y diciembre de 1985, declaró para una edición especial de la revista de esa entidad, por entonces dirigida por el camarista Recondo: “Cuando llegó la revolución (sic) del 24 de marzo de 1976 cerraron tribunales como quince o veinte días (…) Eran tiempos muy especiales (…) recuerdo que había una cuestión fundamental en la justicia, una especie de ranking de a quiénes les llegaban más hábeas corpus. Pero a la Asociación jamás llegó un tema político.”

Qué pícaros los jueces: se divertían compitiendo por quién recibía más hábeas corpus. ¿Ganaba quien los rechazaba más rápido? Esos recursos judiciales desesperados, presentados por valientes abogados, no constituían para los jueces un “tema político”. Los millares de madres, esposas y hermanos buscando en Tribunales a sus familiares secuestrados en medio de la noche, no representaban para los magistrados, últimos garantes de la constitución y los derechos individuales, indicio alguno de que algo no estaba bien en el país.

 

Si los poderes políticos cuidan los intereses de las corporaciones económicas, ¿para qué habrían de embarrarse los jueces? La política está vedada para los señorías sólo cuando las utilidades de los más espesos grupos económicos no sufren riesgo alguno. Pero si esa tranquilidad se ve alterada, los magistrados se hacen cargo de la hora y alguno hasta se sueña presidente. 

 

El poder económico será "democrático" en tanto las instituciones aseguren la supervivencia y reproducción de su capital. Si los avances populares ponen en riesgo tal condición, recurren a la violencia institucional. Fuerzan sentencias en los tribunales, fatigan la democracia a través de estruendosos conflictos de poderes, construyen fierros mediáticos o judiciales, como dijo Cristina que antes había dicho Néstor. A veces, sin embargo, ni esa violencia legal, blanca, les basta, en cuyo caso emplean la violencia lisa y llana. ¿O qué fue sino el terrorismo de Estado, legalizado por el Poder Judicial de entonces, o el golpe contra Yrigoyen, amparado por una acordada de la Corte Suprema? La excusa siempre es la misma: "defender la república". Bellas palabras aunque huecas si la república continúa atada a las corporaciones económicas.

 

Como casi nada en las sociedades del conflicto, las instituciones estatales tampoco son neutrales. Una disputa subyace bajo sus formas: quiénes toman las decisiones, si el pueblo o el gran capital, y qué segmento social se beneficia con ellas. El comunicado de 200 jueces, funcionarios y académicos contradiciendo a la corporación judicial expresa una edificante tensión a su interior. Los sectores más retrógrados de la justicia se muestran fuertes todavía.

 Son lo viejo que no termina de morir. A pesar de sus pliegues y contradicciones, la justicia, como un todo, sólo podrá ser otra cosa cuando haya en el país un cambio aún más profundo al que estamos protagonizando en estos años. Ir por todo, que se dice. En eso estamos.