chevron, militares y política nacional

Manual de conducción política

Así como los militares deben ser conducidos políticamente porque si no se conducen solos, con los grupos económicos pasa exactamente lo mismo.

Los militares siempre fueron un punto de tensión en la política argentina. A veces conflictivo, otras menos, pero siempre tirante. Las Fuerzas Armadas tienen un peso específico considerable: presencia territorial, armas, organización y estructura de mando. La regla básica del ser militar es más bien simple, rudimentaria: recibir órdenes y obedecerlas. Cuando el poder político que ejerce la comandancia en jefe no los conduce, no les dice qué hacer, no les da tareas específicas y concretas, los uniformados se mandan ellos mismos. Se inventan oficios, por ejemplo: conspirar. 

Después de un siglo de intervencionismo militar en la vida institucional del país, y mediando un genocidio, resulta una chiquilinada aspirar a que las Fuerzas Armadas prescindan solas de la política y se dediquen únicamente a prepararse para la guerra. ¿Cómo blindar el debate sobre el rol de los militares en el actual contexto histórico argentino y latinoamericano? ¿Cómo volver "profesionales" y "ascéticas" a unas FF AA que nacieron sanmartinianas pero que fueron convertidas por las clases dominantes en fuerzas de ocupación, de estilo prusiano, cuyos aviones de combate tuvieron su bautismo de fuego en la Plaza de Mayo, contra su propio pueblo, y la única "guerra" de la que salieron victoriosos la libraron en una sala de torturas?

Desde el año 2003 la Argentina viene reconstruyendo firme y sostenidamente el poder del Estado. Existe un liderazgo político, social y estratégico claro, y rige un proyecto nacional. Si las FF AA no se sumaran a ese plan de desarrollo endógeno e integración continental crecientemente revalidado en las urnas; si no recibieran órdenes en función de ese proyecto, ¿dónde estarían? Si no fueran leales a esa "facción", como redujo el senador radical Gerardo Morales, ¿a qué otra "facción" le serían leales o cuanto menos funcionales, por acción u omisión?

Cuando Néstor Kirchner pasó a retiro a Ricardo Brinzoni, el entonces jefe del Ejército dio un discurso de despedida en el que alertó a sus camaradas sobre una "vuelta riesgosa de las intrigas políticas sobre los cuarteles". Algo parecido dijo hace unos días Adolfo Pérez Esquivel. Para el Nobel, no se puede "partidizar las Fuerzas Armadas; eso sería peligroso, porque si eso ocurre no se sabe cuál puede ser su posición ante cualquier tipo de conflicto". ¡Es justamente al revés! Todo el pueblo debe saber de qué lado se situarán los militares en caso de un conflicto: por ejemplo, de poderes, como los que perfilan ciertos fallos demasiado preocupantes de la Corte.

El debate alrededor de Milani empezó cuando el jefe del Ejército enfatizó el "compromiso" de su fuerza con "las políticas de transformación emprendidas que apuntan a la construcción de una nación en paz, autónoma y democrática, definitivamente vinculada a América Latina, socialmente integrada y con igualdad de oportunidades para todos". En los años posteriores al genocidio nunca un jefe del Ejército había llegado tan lejos. 

La Justicia dirá si Milani tiene manchadas de sangre sus manos. ¿No siente vergüenza el radical Ricardo Gil Lavedra al denunciar a Martín Fresneda, hijo de desaparecidos, militante de HIJOS y actual secretario de Derechos Humanos? ¿Habrá olvidado la política hacia el poder militar llevada adelante por el gobierno de la Alianza, del que él fue su ministro?

El ahora diputado era titular de la cartera de Justicia cuando el represor Jorge Olivera, fugado días atrás del Hospital Militar, fue detenido en Italia por orden de un juez francés, acusado de la desaparición de la ciudadana de ese país Marie Anne Erize Tisseau. Para Brinzoni, titular del Ejército nombrado por De la Rúa y mantenido en su cargo por Duhalde, la detención constituía "un atropello a la política (y) la justicia nacional".

El militar estuvo cuarenta días preso en Roma. Fue liberado de la noche a la mañana cuando sus abogados presentaron sorpresivamente ante la Cámara de Apelaciones de Roma un documento fraudulento que precisaba una supuesta fecha de defunción de la joven. Si estaba muerta, entonces no estaba desaparecida y no había razón judicial para mantener preso a Olivera. 

Durante su detención, y a pesar de las evidencias en su contra –de las que Olivera se mantenía a salvo en el país por la vigencia de la ley de Obediencia Debida–, el Estado argentino brindó al represor la misma ayuda que se le presta a cualquier connacional en similar situación. Quizás más: siempre quedará la duda de dónde sacaron los abogados del represor ese documento salvador que la familia de Erize había tramitado ante las oficinas de la burocracia estatal argentina. 

Así como los militares deben ser conducidos políticamente porque si no se conducen solos, con los grupos económicos pasa exactamente lo mismo. Es intrínseco al capitalismo: las corporaciones buscan el autogobierno. Quieren reducir el Estado a su mínima expresión, para volverlo un títere a su exclusivo servicio. La comparación viene a cuento del acuerdo estratégico firmado por YPF con Chevron. Ahora resulta que para algunos medios dominantes argentinos Rafael Correa es el nuevo Leonardo Fariña. Pero omiten una sensible diferencia: la contaminación de Texaco en la Amazonía ecuatoriana se produjo hace veinte años, cuando el neoliberalismo hacía estragos en ese país que supo contratar como asesor económico a Domingo Cavallo. Correa echó a Chevron del mismo modo que lo hizo con la constructora Odebrecht, en octubre 2008. Dos años después, con la Revolución Ciudadana mucho más consolidada, en expansión y fortalecida electoralmente, la mayor constructora brasileña volvió a Ecuador. Pero las condiciones eran otras. Tan otras como las que hoy imperan en la Argentina, y a las que Chevron no tendrá más remedio que ajustarse. Nuestro país ya no es el páramo de las privatizaciones menemistas. Pero el corsé capitalista sigue exigiéndoles a nuestros procesos emancipatorios esas inversiones, de las que nuestro desarrollo productivo adolece. No son "contradicciones del relato", como las presentan, sino la respuesta nueva, propia, latinoamericana, al viejo problema de la soberanía política y la independencia económica. Después de todo, tan mal no nos está yendo.

subejecución del presupuesto judicial

¿Para esto quería la Corte el dinero de la justicia?

El inmueble donde deberían trabajar los abogados que asesoran en forma gratuita a los ciudadanos que no tienen los recursos suficientes para costearse la asistencia legal está en ruinas.

El martes pasado este diario informó en una columna de su periodista Gabriel Morini que la Corte Suprema resolvió arancelar los servicios de medicina laboral que el Máximo Tribunal extendía a los miembros de las fiscalías y defensorías. Como se verá más adelante, el motivo del recorte no se debe a una urgencia financiera. Con fecha 27 de junio, la Corte emitió su informe mensual de Ejecución Presupuestaria hasta mayo del corriente año. El detalle de gestión suministrado por el Máximo Tribunal es público y su acceso a él es sencillo. Basta entrar al sitio web de la Corte y hacer doble clic en el campo "Presupuesto" del apartado "Secretaría General de Administración", cuya máxima autoridad es el contador Héctor Daniel Marchi, hombre de extrema confianza del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Honestidad brutal, al decir de Calamaro.

En el detalle del informe puede leerse claramente que de los 2151 millones de pesos y chirolas asignados por el Parlamento al Poder Judicial para su normal funcionamiento, la Corte lleva ejecutados hasta el mes de mayo inclusive, sólo 102 millones. De esos 102 millones, 75 corresponden a gastos de Personal. 

No hace falta ser contador público para advertir que hasta el mes de mayo la Corte desembolsó menos del 5% del dinero previsto para el total del año. ¿Ocurrirá el milagro de que tras la feria de julio la Corte ejecute el 95% restante? Difícil.

La ecuación se agrava al observar el desagregado de la información. En la categoría Bienes de Uso, la Corte tiene un crédito vigente de casi 247 millones de pesos, pero ha ejecutado sólo 5 millones. El apartado corresponde al dinero que debiera emplearse en construir nuevos edificios que den respuesta al notable incremento de la actividad judicial, y a las mejoras en los locales ya disponibles, muchas de ellas urgentes.

¿Cuáles son esos edificios pendientes de ser puestos en condiciones? Uno de ellos es la flamante Biblioteca. El coqueto edificio que ocuparán los libros de la Corte se encuentra ubicado en la calle Rivadavia al 700. Ex sede de la imprenta Cogtal, la Corte Suprema lo compró en 2008 para instalar allí la Biblioteca Judicial más importante de América Latina, pensada como una oficina de investigación en Derecho comparado y jurisprudencia. Invirtió 7,7 millones de pesos para adquirir el inmueble, que desde entonces se encuentra abandonado a su suerte, sin las obras necesarias para su indispensable puesta a punto.

Entre la fecha de compra y el primer presupuesto asignado por la Corte para ponerla en funcionamiento pasaron dos años. Cuatro millones en 2010, otros tres en 2011 más un refuerzo de 9,2 millones de pesos en el mismo ejercicio. Y la Biblioteca siguió paralizada. En 2012, peor: se le asignaron 14 millones, que tampoco se gastaron. Para el año 2013, la Corte ni siquiera fatigó el lápiz: proyectó exactamente la misma cantidad de dinero que no gastó en 2012, unos 14.246.768 pesos. El colmo: como la Corte sabe que tampoco en este año utilizará esos fondos, ya proyectó un incremento de 5 millones para el ejercicio 2014.
No es el único caso. En el edificio de Lavalle al 1400 las licitaciones se cayeron debido a las demoras en su ejecución. El inmueble de Tucumán al 1500, donde deberían trabajar los abogados que asesoran en forma gratuita a los ciudadanos que no tienen los recursos suficientes para costearse la asistencia legal, está en ruinas, lo mismo que el emblemático edificio proyectado como futura sede de la Morgue Judicial, que se llamará Instituto Cecilia Grierson. Flaco homenaje de la Corte a la primera médica recibida en el país, cuyo rostro habita el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, en la Casa Rosada.

Esto en lo que hace estrictamente a los edificios que dependen de la Corte. Si Marchi es lento para gestionar lo que le compete a la infraestructura del Máximo Tribunal, resulta casi negligente en lo que hace a inmuebles que dependen del Consejo de la Magistratura. A saber: demoras en el Juzgado Federal número 2 de Resistencia, Chaco; grandes retrasos en la construcción del edificio para la Cámara Federal y el Tribunal Oral de la misma ciudad. 

Idéntica situación en las entrerrianas Paraná y Victoria. En esta última, el Poder Judicial dispuso hace cuatro años el alquiler de un edificio para un juzgado que nunca fue puesto en funcionamiento. Lo mismo en Rafaela. Allí el Poder Judicial alquiló al Correo un local hace tres años para un juzgado que nunca abrió sus puertas. Al menos nadie podrá decir de Marchi y Lorenzetti, oriundos de esa ciudad santafesina, que traficaron influencias para privilegiar su pago chico.

Situaciones análogas se dan en Posadas, Mendoza, Jujuy, y Capital Federal, no obstante lo cual, y mientras el Congreso discutía las leyes de Democratización de la Justicia, la Corte Suprema aumentaba en 310 millones de pesos el dinero que destina periódicamente a incrementar su fondo anticíclico.

Ese fondo fue creado en el año 2008 mediante la Acordada 34. En verdad, son dos fondos. Uno Anticíclico, y el otro, de Infraestructura, instituido dos Acuerdos antes, bajo el número 32/08. El marco de ambas resoluciones era la notable crisis mundial, por entonces en ciernes, y cuya profundidad sigue hasta hoy conmoviendo los cimientos del capitalismo mundial. La finalidad del recurso creado por la Corte era "atenuar los impactos violentos que suelen generar los ciclos económicos y con ello asegurar un planeamiento con reducción de riesgos". Ambos Fondos permitían, además, disimular el déficit de gestión, encubrir los errores de administración y mantener cautivo del Poder Judicial todo ese caudal de dinero, que no regresa al Tesoro. Esa millonada de pesos está bien guardada en plazos fijos, convertibles en hasta un 50% en moneda extranjera.

En el inciso 3 de su artículo 114, que establece la naturaleza y las funciones del Consejo de la Magistratura, la Constitución le ordena "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia". El texto es claro; los límites, precisos. Las interpretaciones sobre ese párrafo no dejan mucho margen para la imaginación. Sin embargo, no se cumple. ¿Cómo justificar semejante excepción a la norma siendo tan decepcionantes los resultados de gestión demostrados por la Corte Suprema? Ni la excusa de la  "independencia judicial", siempre a mano, alcanza para tanto.

aguafuertes de campaña electoral

Moyano y los desclasados

Insólitamente, Elisa Carrió se muestra coincidente con el "sucesor de Yabrán", como conceptuó a Moyano dos años atrás.

El 29 de abril de 2011, ante medio millón de trabajadores reunidos en la avenida 9 de Julio, Hugo Moyano dijo: "Compañera Cristina Fernández de Kirchner: le pedimos (que busque la reelección), queremos pedírselo porque (usted) es la garantía de profundizar este modelo económico que permita seguir recuperando la dignidad de los trabajadores."

Fue entonces cuando Julio Piumato lanzó su célebre declaración en Twitter: "Nadie se suicida, y menos la jefa." El "suicidio" no era la declinación de Cristina a una nueva candidatura, sino su firme negativa a dejarse presionar por los dirigentes moyanistas que le reclamaban cargos expectantes en las listas electivas. Evidentemente, no la conocían todavía.

Dos años más tarde, y ante una plaza raleada, incluso más despoblada que en junio del año pasado, el camionero se arrepiente, regresa vacilante a la arena electoral y exhorta a los pocos trabajadores que se dispersan escuchándolo, a saber "bien a quién vamos a votar el 27 de octubre, no volvamos a equivocarnos, eso sería imperdonable".
El perfil liberal tardío que exhibió Moyano el lunes es la perfecta continuidad de aquel que decretó un paro nacional de camioneros en los estudios de TN, resuelto en vivo con las bases representadas por Marcelo Bonelli. De ahí a objetar superficial y prejuiciosamente la entrega de computadoras portátiles hay un solo paso.

El colombiano Francisco de Narváez debe haberse sentido muy satisfecho con el reclamo de su candidato número 35: que los trabajadores no paguen Ganancias. En una de esas, las patronales tampoco. Insólitamente, Elisa Carrió se muestra coincidente con el "sucesor de Yabrán", como conceptuó a Moyano dos años atrás. "Los empresarios quieren hacer un esfuerzo para pagar más pero el gobierno se lo lleva", sobreabunda el camionero, para quedar bien con su patrón en la lista de precandidatos a diputado nacional. No era necesario.

¿Cuántos de esos trabajadores votarán en octubre por los candidatos del Frente para la Victoria? ¿Cuántos de sus hijos habrán recibido del gobierno nacional su primera netbook? ¿Cuántos de esos centenares de camioneros que mitigan el frío de julio bebiendo sorbos de fernet con cola tendrán un familiar cercano, un amigo íntimo, cuyo único ingreso es el "plan descansar", como se burla Moyano, lejísimo de la clase obrera, ajeno a sus sueños y frustraciones más inmediatos? ¿Sabrá Moyano que ya no existe el Plan Trabajar, y que toda la ayuda del Estado tiende a concentrarse en un único recurso asistencial: la Asignación Universal por Hijo, que los argentinos que la perciben no tramitan ante el puntero barrial, sino ante las oficinas de la ANSES? ¿Tendrá algo para decir sobre esa medida revolucionaria, inclusiva, estratégica del gobierno nacional, que ni siquiera es criticada por los candidatos de la oposición más inteligentes que el oportunismo a destiempo de Moyano?

El camionero indudablemente no leyó el editorial del diario Clarín del 17 de junio último. "La oposición debería mirarse en el espejo de Capriles en Venezuela. El hombre que perdió por 10 puntos con Chávez, apenas quedó un punto y medio debajo de Maduro unos meses después. ¿Qué pasó?", se preguntaba en la página 2 del matutino Osvaldo Pepe, ansioso. Y se respondía inmediatamente: "Capriles le quitó al chavismo banderas propias de aquello que se había hecho bien. Le bastó una frase ante más de 100 mil personas en un acto de campaña: 'No vamos a sacarle a ningún venezolano uno solo de los planes y beneficios sociales que dio Chávez.' (...) Asumir un compromiso público entre los líderes opositores más notorios de mantener y mejorar las políticas sociales del gobierno que hayan mostrado eficacia, como la Asignación Universal por Hijo, es correrle el arco al kirchnerismo. Sacarlo de su lógica confrontativa. Y avisarle al electorado cautivo de ese y otros beneficios que nadie le quitará nada."

Massa sí leyó el vademécum. Pero se le nota. Difícil que Mirta Tundis haga creer a sus votantes que apoya la estatización de los fondos jubilatorios: desde las pantallas de TN fue una de sus más fervientes detractoras, siempre en defensa de las AFJP.

Está visto: la campaña electoral inaugura un tiempo vertiginoso. Todo se enfatiza por demás, se sobreactúa, se exagera. Mentir se vuelve parte del juego. Pero todo tiene un límite, también. Moyano lo cruzó hace rato. No es el único.

La operación de Jorge Lanata contra Luis D'Elía supera todo lo conocido. ¿Se imagina alguien a Aramburu comprándole a Julio Troxler una versión totalmente diferente a la narrada por Rodolfo Walsh? ¿A algún sobreviviente de la Masacre de Trelew desmintiendo ante Lanusse la entrevista-libro de Paco Urondo? Lanata ya compró dos veces, y en ambas la mercancía vino en mal estado. Sus presentaciones televisivas totalmente guionadas, más propias de un teatro de revistas que de una investigación periodística, sorprenden, menos por su contenido que por lo estrepitosas que resultan sus desmentidas. Si la credibilidad del emisor que debiera ser el kilómetro cero de cualquier labor periodística o comunicacional siguiera siendo un valor en sí mismo, previo al mensaje, entonces Lanata tendría que abandonar sin más trámite el oficio. O asumir definitivamente el que probó en el Maipo, en 2008, cuando despuntó el vicio por la farándula. Pero no. Insiste. No le alcanzó con el culebrón Fariña, va por más.

En septiembre del año pasado, Lanata decía que el gobierno quería "partidizarlo" para desacreditarlo ante la opinión pública. Pero seis meses después reclamaba sin rodeos "terminar con este gobierno en las urnas". Textual del presentador: "Hay que lograr en las urnas que esta gente se vaya. Tenemos que sacar a esta gente votando a otra gente. Pero esta historia no da para más. Que pierdan de una vez el inconmensurable poder que tienen y que nos está haciendo mierda. Hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase." Se entiende: hacer "todo lo posible" comprende la grosera operación de prensa, el vulgar apriete, las mentiras más flagrantes. Todo.

Juan Gelman se preguntaba en un poema, hace 40 años: "¿Quién ha visto a la paloma casándose con el gavilán / al recelo con el cariño / al explotado con el explotador?" Difícil prever el maridaje de Moyano con De Narváez; de Piumato con Recondo; de Lanata con Magnetto; de Massa con la Embajada. "Falsas son esas bodas / incontables desastres nacen de esas bodas / desavenencias / tristezas", concluía.