Elogio de la juventud

De las Madres a Kicillof

La épica del kirchnerismo es la juventud. Una solución nueva a un problema de la larga data, instrumentada por actores políticos que emplean recetas inesperadas. Imprevistas. Distinto en todo a lo anterior. Jóvenes funcionarios de alto rango, ubicados en puestos clave del Estado, que lo dinamizan y responden con una naturalidad, precisión y frescura que la política había extraviado entre las telarañas de la tecnicatura que dejó sembrada como peste la etapa neoliberal.

El Axel Kicillof que la sociedad democrática descubrió en su intervención ante los Senadores, resume en todo su esplendor esa diligencia y energía propias del kirchnerismo, esa corriente que abreva en la mejor tradición de las luchas populares argentinas y que se redefine a sí misma en forma permanente.

La “juventud” que protagoniza este segmento del proceso abierto en 2003 no refiere únicamente a un rasgo etario. No es sólo aquella marejada de mujeres y varones de 30, 40, 25 años que salieron a las calles en los días posteriores al triste 27 de octubre de 2010. Excede largamente a un rasgo generacional. Su aporte, su huella, ni siquiera se ciñen a la militancia territorial que crece como hongos en las ciudades más distantes, en los barrios más contiguos, lo cual ya sería mucho decir. Acá hay otra cosa. Trasvasamiento generacional en serio. Salto cualitativo, que se dice.

Un joven brillante y claro en sus explicaciones, formado en la escuela y la universidad públicas, que amalgama metódicamente conceptos e ironías. Aula y tablón. Un académico con potrero. 41 años que parecen 35. Ahí tienen a los “nenes bien de La Cámpora ”, a los “militantes rentados” y dilectos de la Presidenta , a los portadores sanos del “gen de la rebeldía”, “acomodados” en las más altas funciones estatales gracias a sus “contactos” entre los ex-setentistas. Cuando tienen que responder y justificar su gravitancia en el proyecto liberador y colectivo como no hubo otro en el país, cumplen con creces. 

Porfiada en su descrédito, un periodista opositora traza un perfil del flamante subinterventor de YPF en el que relativiza su militancia en La Cámpora. “No debe su inclusión en el Gobierno a su pertenencia a la agrupación”, afirma muy suelta, decidida a no arriar ninguno de sus prejuicios. No es que La Cámpora haya dado muestras de que no es una cueva de burócratas y/o ñoquis, como afirman los que ya sabemos, sino que –¡eureka!– Kicillof no habría militado allí lo suficiente. Si no la pueden ganar, prueban con empatarla. “Basta para mí, basta para todos”, dicen cuando las evidencias demuestran sus errores de cálculo y de los otros. Se comprende: siendo que el “nieto de rabino” resulta ser un excelente cuadro político –como deben reconocer rendidos ante su deslumbrante exhibición en el Parlamento–, ¿cómo justificar, pues, la constante demonización que sostuvieron sobre la agrupación durante los últimos años, en especial estos meses inmediatamente previos? 

El viceministro de economía no parece temerle a nada. No sólo a los senadores de la oposición –lo cual no sería sorprendente–, sino, esencialmente, a la circunstancia histórica: mientras defiende el proyecto de ley de recuperación de soberanía energética, seguramente el más osado de todos los que se pusieron en juego desde el año 2003, enfrentando así a espesos intereses, de gran poder de fuego material y simbólico, no se priva de criticar sagazmente los mitos cardinales de la escuela neoliberal, que despeinan al más calvo de los gurúes del mercado. 

La política como una más de las actividades sociales, seguramente la más noble. Y épica. Esa imagen devuelve el espejo cuando se proyecta sobre él la repetición de la clase magistral de Kicillof en la Cámara Alta. 

Como antes con Gabriel Mariotto defendiendo la Ley de Medios, y luego con Mariano Recalde replicando con racionalidad, pausada y criteriosamente a los gremios aeronáuticos que con argumentos sindicales querían boicotear la línea aérea de bandera, todos quisimos tener algo del desenfado exhibido por Axel Kicillof el martes 17, un día después del ingreso al Congreso del proyecto de expropiación. De a ratos, todos quisimos ser él. Hacernos acreedores de ese orgullo personal que habrá sentido el “marxista keynesiano” (toda una contradicción): servir a su pueblo, a su patria, desde un sitio tan protagónico. Concentrar en uno mismo todo el odio y los prejuicios de clase que los acopiadores de riqueza y poder, históricos ganadores del capitalismo argentino, depositaron sobre él. Un poco al menos.  

Un gran poquito, especialmente cuando enfrentaba con gestos y palabras como estiletes, a parlamentarios de la talla (y el rostro) de un Morales, una Morandini, un Sanz, un Artaza, el imitador, que no sabía si sonreír o mirarlo concentrado, seguramente para extraer de él alguna seña o gesto particular que pudiera ridiculizar luego, situación que de momento resolvía moviendo la cabeza hacia arriba y abajo, rítmicamente, dando a entender que estaba de acuerdo. Que tal vez no entendía bien de qué se trataba, pero por las dudas estaba de acuerdo. 

Así estamos en la oposición, excepto Mauricio Macri, que está peor todavía, si eso pudiera ser posible todavía.  

Tener esos enemigos (Pagni, Grondona, Morales Solá, Ventura), no por los importantes que pudieran ser, sino por lo mendaz de sus argumentos, otorga identidad y cuantía a su contrincante. Uno de Clarín se asombraba de la formación de Kicillof; otro en La Nación huía despavorido ante sus definiciones sobre la “seguridad jurídica”, en defensa del “clima de negocios”. El editor fotográfico de uno de esos diarios ilustraba con la imagen en que Julio De Vido le daba un golpecito en la cara a su lugarteniente en YPF. El silencio que sobreviene se llena con la exhortación del subinterventor dirigida a Antonio Brufau: “Que vaya a hacernos juicios al CIADI, al FMI, al FBI y a la CIA si quiere; nosotros no le vamos a pagar lo que él dice que vale la compañía”. 

¿Con qué argamasa que no contenga desparpajo, valentía, el altruismo de decir las verdades más justas incluso ante los auditorios más inoportunos, se puede vencer a los representantes de densos intereses que tutelan la vida social de los argentinos desde hace décadas? ¿Puede esta uva tan particular de la vid de la revolución latinoamericana prescindir de esa cualidad transgresora, provocativa, indeleble? Evidentemente, no.  

Si lo sabrán ellas, las más jóvenes de todas, a sus ochenta y tantos años de edad promedio: las Madres de Plaza de Mayo. 

La Justicia y los privilegios

 La calidad institucional de los Tribunales

 

 

De la tentación de judicializar la política –viejo vicio de las derechas más rústicas de la Argentina – se sale con más política. El subsuelo del chisme y el prejuicio como argumentos centrales del debate político se escala por arriba: más acción transformadora, mejor presencia del Estado, y maximización de los recursos y las potestades legales disponibles. “Sintonía fina” es eso también.

 

Un claro reproche sobresale por entre las palabras del vicepresidente en el Senado: la todavía baja calidad institucional que Boudou observa escaleras arriba del Palacio de Tribunales. Es una crítica punzante, que excede largamente al juez que lo investiga.

 

Para hacerla subir en la consideración pública, la Justicia debiera, sin dudas, quitarse de encima la poca estima que la sociedad siente por ella, descrédito al que usualmente aportan los propios Señorías. Desde luego, la actual composición de la Corte Suprema intenta revertir el estigma, pero sus esfuerzos resultan todavía insuficientes. La alta calidad institucional no será obra de un buen dictamen, ni siquiera del currículum de los jueces;  depende de un profundo cambio cultural que la sostenga. Si lo sabrá la Presidenta , que reclama a voz en cuello el esfuerzo colectivo de alumbrar otro país totalmente diferente al hasta aquí conocido, a pesar de lo cual le crecen resistencias en los sectores más imprevistos.

 

Alcanzar “un país en serio” comprende necesariamente la obligatoriedad de deponer viejos privilegios. “Las avivadas”, en palabras de Cristina. Que nuestros jueces paguen el impuesto a las ganancias como lo hacen los demás asalariados es una condición indispensable del contrato democrático: todos somos iguales ante la ley. “Nadie es más que nadie”, como decía Artigas. Ese gravamen debe ser para todos, o no comprender a ningún trabajador. La democracia no tolera coronitas, mucho menos para los jueces. La Justicia se tiene que parecer de una vez a la palabra que la nombra.

 

Por cierto, esa demanda no es de última hora, como afirma, entusiasta, el lobbysta de la oligarquía judicial Adrián Ventura, enmarcando el deseo oficial en un eventual “cambio de contexto”, que no explica. Ya el menemismo quiso hacerles pagar ganancias a los jueces. Tanto, que sancionó una ley, la número 24.631. Pero la Corte de entonces –la de mayoría automática– la frustró mediante la firma de una simple acordada, suscripta por los propios cortesanos comprendidos por el fallo. Juez y parte al mismo tiempo. En los tiempos de la desmesura neoliberal, una resolución administrativa de un Tribunal podía más que una ley del Congreso.

 

Ese fue el gran gesto de independencia que se permitieron aquellos integrantes del máximo cuerpo judicial del país. Hubo otro similar, sin embargo: en julio de 2001, cuando Domingo Cavallo dispuso el descuento del 13 % a los haberes de estatales y jubilados, otra resolución cortesana decretó que los jueces fueran los únicos agentes públicos que resultaran exceptuados del recorte. Los funcionarios de la Justicia son públicos, pero tampoco es para tanto. Meses más tarde, la Corte Suprema declaró inconstitucional la poda a los demás salarios, aunque a prudente distancia de los hechos: para entonces, Fernando de la Rúa ya no era presidente.

 

Ni hablar de los altos montos que percibe un juez jubilado. Es que los magistrados tienen para sí una ley especial de retiro, la número 24.018. Esa normativa es discriminatoria, no sólo para con el resto de argentinos, sino, además, para con el propio personal de los juzgados. Distingue violentamente entre hijos y entenados. Bajo sus prescripciones pueden jubilarse todos los funcionarios y fiscales, defensores y jueces, y no así sus empleados. A los trabajadores que no alcanzan la zanahoria de la categoría más alta del escalafón administrativo (Prosecretario) les cabe el régimen ordinario de jubilación. Y para el personal Obrero y Maestranza, ni siquiera la vaga ilusión de ese cargo, que no rige para su acotada carrera como trabajadores.

 

Para los jueces, pagar ganancias y no retirarse con más del 82 % móvil respecto de una dieta mensual superior en varios miles de pesos a las de la Presidenta y los legisladores nacionales (sobre las que tanto se polemizó en el verano), implicaría una flagrante violación constitucional. Paradójicamente, la solidaridad (principio sobre el que se sustenta el sistema jubilatorio de los demás mortales argentinos) atentaría contra su intangibilidad, condición en la que sustentan la garantía del debido proceso. Nuestros jueces nos dicen ahora que su libertad de criterio e independencia en las investigaciones dependen de lo abultado (o no) que resulte su recibo de sueldo.

 

¿Cuál es el valor de cambio de la dignidad y el decoro, según la ecuación de los jueces de la democracia? ¿Será que la magistratura se ha vuelto un clan de teóricos marxistas, que entiende ahora que el salario no es ganancia sino plusvalía?

 

Desde luego, semejantes prerrogativas más propias de una casta que de un Poder del Estado democrático, redunda en la calidad del servicio de Justicia. En la discusión sobre los ingresos y las exenciones impositivas del Poder Judicial no puede olvidarse la batalla que la Corte Suprema libró no hace mucho tiempo sobre los profesionales de la Morgue y el Cuerpo Médico, donde halló severas irregularidades, entre ellas peritos médicos que atendían en clínicas privadas en el mismo horario en que debían resolver consultas forenses en los Tribunales. Todo ello sin contar a los jueces que recurren a los beneficios jubilatorios toda vez que se sienten acorralados ante un pedido de juicio político.

 

Peor: para seguir conservando la obra social a la que aportaron durante toda su etapa activa, los judiciales que se retiran sin el privilegio previsional se ven obligados a hacer un doble aporte mensual: al PAMI y a su obra social de siempre. La entidad es manejada por un Directorio nombrado expresamente por la Corte, en el que no tienen voz ni voto los representantes de los empleados, blindaje de clase, antisindical, que no le ha evitado fraudes y cohechos.

 

Sería un verdadero despropósito que el gremio de trabajadores judiciales cambiara su histórica posición y se sumara a las demandas de la Asociación de Magistrados. Los empleados son la verdadera riqueza del Poder Judicial. Los jueces pasan, el personal queda. Los trabajadores constituyen la reserva moral de la Justicia. Ellos son la verdadera garantía de imparcialidad para el ciudadano común, y no el sueldo del Juez. La vieja lucha de la UEJN no es por la defensa de ley 24.018, sino por la puesta en práctica de un único régimen previsional, que alcance por igual a cortesanos y a ordenanzas. Pero nada es lo que parece en el camino de la transformación verdadera de la sociedad: que el operador Ventura cite en sus columnas en La Nación los twitts dominicales de Piumato resulta ciertamente inquietante. 

 

         * Trabajador judicial – Delegado de base 

Todo reclamo es político

Al devolver la política al centro de la escena pública, Néstor Kirchner restituyó también la ideología, no los eslóganes vanos de un tiempo que ya no es más, cuya sobrevaloración transformaría al peronismo en una cáscara vacía, y no en lo que debe ser: una identidad siempre en movimiento, dinámica, que logre fundir en una nueva las diferentes tendencias del campo popular.

La frase de Hugo Moyano en el salón Felipe Vallese de la CGT, durante el acto en recuerdo del paro general con movilización del 30 de marzo de 1982: “Les pido a los trabajadores que se preparen, porque la Plaza de Mayo va a volver a ser la Plaza de los trabajadores.” De los trabajadores peronistas, claro.  

 La frase de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de Mayo, el 18 de junio de 2008, en plena disputa con las patronales sojeras, en el punto más alto del conflicto y cuando más destituyente era la salida sugerida por los medios de comunicación hegemónicos: “Esta Plaza de Mayo empezó siendo de los peronistas, pero después de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es de todos los argentinos.”

 Un mundo separa ambos enunciados. Desde luego, no son –ni en uno ni en otro caso– exabruptos propios de la oralidad y el margen de improvisación lógicos en quien diserta ante un auditorio numeroso, decenas de miles la presidenta, y unos centenares el jefe de la CGT. Son evidentes tensiones ideológicas las que afloran por entre las representaciones del discurso y se ponen en cuestión. El lenguaje no traiciona.

 Por cierto, la disputa cuenta ya con varios chisporroteos previos. Uno de los más alusivos fue aquella proclama en recuerdo del nacimiento de Rucci que ya no alcanza a verse en las paredes de las avenidas porteñas, firmado por el tándem Venegas-Moyano. Se recuerda: el afiche contenía una cita del metalúrgico dirigida al lucifuercista cordobés Agustín Tosco, en la que hacía mención a su condición de “peronista” y al “drama” que esa caracterización ideológica le provocaría al emblemático líder del Cordobazo. Naturalmente, el destinatario del mensaje del cartel no era un inexistente sector clasista o corriente de izquierda dentro de la CGT, sino Cristina.  

 No era, sin embargo, el primer chispazo. En la cancha de Huracán, en diciembre último, Hugo Moyano devolvió una versión retro de aquel “imberbes” de 1974. Contrapuso a los “niños bien” con los trabajadores. Como si los jóvenes militantes de La Cámpora, de Kolina, del Movimiento Evita, no fueran asalariados. Como si él representara a los trabajadores de menor nivel de ingreso, a quienes el legítimo reclamo de elevar el mínimo no imponible no les mueve un pelo. Como si no hubieran pasado casi 40 años, un genocidio físico y otro social en el medio, y no urgiera en las fuerzas populares la necesidad de alcanzar nuevas síntesis ideológicas que den cuenta de renovadas identidades políticas, nacidas al calor de los procesos socio-históricos.

 La historia no pasó en vano. Ni para vencedores, ni para vencidos. Al devolver la política al centro de la escena pública, Néstor Kirchner restituyó también la ideología, no los eslóganes vanos de un tiempo que ya no es más, cuya sobrevaloración transformaría al peronismo en una cáscara vacía, y no en lo que debe ser: una identidad siempre en movimiento, dinámica, que logre fundir en una nueva las diferentes tendencias del campo popular.

A propósito, cuando se produjo el voto no positivo de Julio Cobos y la Resolución 125 se vio frustrada, con toda la carga política que eso implicaba, los debates posteriores al interior de los sectores más ortodoxos de la alianza oficialista rondaron, aunque por lo bajo, un concepto que parecía meramente práctico, de procedimiento: el gobierno se había equivocado en poner a un radical en la fórmula presidencial, y también en no negociar con el pejotismo bonaerense sintetizado en Felipe Solá.

 Pues bien: ahora vemos que aquella observación no era práctica, estrictamente táctica, sino profundamente ideológica. De contenido, no de forma. Al gobierno se le reprochaba haber profundizado la disputa, no haber arriado a tiempo sus banderas, no alcanzar algún tipo de acuerdo con el sector más dogmático del pejotismo, y llegar así a una situación de excesiva debilidad política. “En el peronismo nadie mea agua bendita”, pretendían explicarle a Cristina, recordándole la bolilla número 1 del histórico movimiento policlasista, recriminándola por no haber acordado con dirigentes que al año siguiente integrarían el armado electoral de Francisco De Narváez. 

 Casualmente, esos mismos objetores de ayer son quienes hoy ven en el gobierno un “cambio de rumbo”, un “soviet”, un “ajuste neoliberal”, un “regreso a los años noventa”, al tiempo que objetan a la presidenta por haberle puesto a Mariotto a “comerle los talones al pobre Scioli”. Insólito. “¿Qué trabajo territorial tienen Kicillof o Larroque que justifique su gravitancia política y sus puestos en áreas sensibles del Estado que sin dudas debieran ocupar viejos caciques, de lealtad a prueba de balas: un Curto, un Othacehé, un Romero?”, rumian en silencio. Y el trasvasamiento generacional, ¿para cuándo?
 Asistimos, pues, a lo de siempre: argumentaciones de izquierda para reclamar, al dorso, más derecha. No es nuevo. Lo que sí es novedoso son las dificultades que se les presentan: ¿cómo interpretar según esa lectura que no sabe con qué ojo mirar –si el diestro o el de al lado–, el avance estatal sobre YPF? ¿Cómo situarse ante el enojo de los países centrales en la OMC? ¿Cómo entender el grueso error de poner por delante de la puesta en práctica de una política industrialista en la Argentina, como hacía décadas no experimentaba el país, “la inflación del carrito de supermercado”? ¿Será que ya no es suya la batalla por la plena vigencia de la Ley de Medios ahora que se pavonean ante las cámaras y micrófonos del Grupo Clarín y denuncian “censura” en las pantallas de la TV Pública? Fracasados todos los ensayos con los políticos de la oposición, ¿habrá en ciernes un experimento que amalgame a algún gobernador con cierta rama sindical? 

 Nada es lo que parece en el camino largo y sinuoso de la liberación verdadera de una sociedad, de la alteración positiva de sus estructuras de dominación, de la relativa emancipación del hombre bajo las espesas condiciones en que se desarrolla el capitalismo por estos lares del Sur. Los que parecían estar, podrían ya no estar más. Y viceversa. Tanto más en momentos de grandes definiciones, de las que depende la suerte inmediata de proyectos populares de transformación. Lo que parece no ser, acaba siendo.

 Cuando las tensiones asumen las formas de puja ideológica, estamos a las puertas de un cambio ciertamente edificante. La profundización es eso también. Como el gobierno de Cristina, la ideología tampoco es neutral.